Envían exhorto al Vaticano para acceder a indagación por encubrimiento de abuso contra Obispo Barros

El máximo tribunal en Chile aprobó el envío de un exhorto al Vaticano para acceder a una investigación contra el obispo de Osorno, Juan Barros, por supuesto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima.

La Primera Sala de la Corte Suprema aprobó este viernes la petición del magistrado Juan Manuel Muñoz para enviar el exhorto, diligencia enmarcada en una solicitud de tres víctimas de Karadima, que han demandado en materia civil al arzobispado de Santiago, por no haber atendido sus acusaciones en contra del ex párroco del Bosque, por abuso sexual.

El juez Muñoz pidió una copia “íntegra y fidedigna” de los antecedentes del Vaticano acerca del papel de Barros en el asunto.

La polémica se inició a principios de octubre, cuando la cadena de televisión chilena Mega divulgó un vídeo en el que se podía ver al papa Francisco defendiendo a Barros y afirmando que las acusaciones en contra del prelado fueron “armadas” por los “zurdos”.

En el mismo vídeo, el pontífice aseguraba que la “única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por la corte judicial” y añadió que “la Iglesia perdió la libertad dejándose llenar la cabeza por políticos, juzgando a un obispo sin ninguna prueba después de 20 años de ser obispo“.

El pontífice tildó la ciudad de Osorno, en el sur de Chile, de “tonta” por no abrir “su corazón a lo que Dios dice” y dejarse llevar por las “macanas que dice toda esa gente”.

Barros responde

El pasado 21 de marzo, el obispo de la diócesis chilena de Osorno, Juan Barros, asumió su cargo entre protestas y una gran polémica por las acusaciones en su contra como cercano colaborador del sacerdote Fernando Karadima, hallado culpable por el Vaticano de abusos y condenado a una vida de oración y penitencia.

Consultado respecto del exhorto, el sacerdote aseguró que él siempre ha adscrito al fallo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el que declaró culpable a Karadima de estos abusos sexuales. En la investigación, se sindicó a Barros como presunto encubridor de los delitos cometidos por el sacerdote. Hoy Barros contestó que “he dicho que jamás he participado en las cosas que allí sucedieron y que fueron motivo de la condena de la Santa Sede”.

Además, Barros precisó un aspecto de la declaración que presentó Karadima, donde aseguró que Barros le consiguió un viaje a Francia: “Con el motivo de sus 50 años de sacerdocio hizo un viaje a España, pero él quería celebrar la misa en la Gruta de Lourdes, en Francia. Yo tenía conocimiento de un sacerdote español que estaba allá, y ayudé a que lo inscribiera para realizar esa misa. No tengo nada que ver con el viaje”.

Karadima, titular desde 1984 de la parroquia santiaguina de El Bosque, situado en uno de los barrios más acomodados de la capital chilena, forjó durante años sólidos nexos con sectores de la elite política y económica del país suramericano.

El prelado octogenario, que formó a cinco obispos chilenos y a casi medio centenar de sacerdotes, fue considerado en febrero de 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y se le condenó a una vida de oración y penitencia.

Además, en noviembre de ese mismo año, la Justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito.

Las tres víctimas de Karadima mantienen una demanda civil contra el arzobispado de Santiago por presunto encubrimiento de los abusos cometidos por el expárroco.

El exhorto será enviado a la Cancillería, para que ellos lo deriven al Vaticano.

Hace unos días, el máximo tribunal autorizó el envío de otro exhorto, solicitado por el propio Arzobispado, para acceder también al expediente del juicio canónico contra Karadima, con el objeto de demostrar, en el marco de la misma demanda, que no hubo encubrimiento de los abusos del cura.

Los demandantes piden al arzobispado de Santiago una indemnización de 450 millones de pesos y disculpas públicas.