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19 de Noviembre de 2015

Organización de consumidores demanda a empresas del “cartel del papel confort”

El perjuicio de los usuarios, de acuerdo a antecedentes que recabaron los abogados de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, se alzaría por sobre 510 millones de dólares.

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Continúan multiplicándose los flancos que enfrentan las empresas SCA (ex PISA) y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), después de que éstas enfrentaran un requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el que las acusa de haberse coludido a lo largo de 10 años para fijar los precios del papel higiénico, servilletas y pañuelos, entre otros.

Aparte de la investigación penal que tramita la Fiscalía Sur, en esta jornada los abogados de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentaron una acción civil en contra de las dos empresas involucradas.

“Si las empresas hubiesen estado compitiendo, el precio sería menos (…) Tenemos dos estimaciones, de dos economistas, Andrea Alvarado y Gonzalo Escobar, que se desempeñaron en la FNE y hemos sido lo más rigurosos posible”, manifestó el abogado de la Conadecus, Mario Bravo.

Caso Colusión industria del papel

Los estudios citados cifrarían en cerca de 510 millones de dólares el perjuicio que sufrieron los usuarios chilenos, a lo largo del período en el que habría operado el “cartel del papel confort”.

Uno de los factores que, a juicio de esta abogado, jugaría a favor de esta acción, que se enfoca en el quebrantamiento de las ley del consumidor, tiene que ver con que ambas empresas han reconocido los hechos, e incluso han manifestado de forma pública su intención de indemnizar a los consumidores.

Por una parte, en el proceso que actualmente lleva el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), el que contempla multas de hasta un máximo de 23 millones de dólares, se está discutiendo si es que corresponde o no que estas empresas se acojan al beneficio de la delación compensada, que tiene que ver con que reconozcan la comisión de los delitos, y así evitan una parte de la multa, o como ocurrió con la CMPC, que hasta ahora no se considera multa en su contra por haber sido la primera de las dos entidades involucradas en colaborar con el proceso.

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