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3 de Diciembre de 2015

Gratuidad 2016: Gobierno admite que si Tribunal Constitucional acoge recurso “se nos pueden quedar instituciones fuera”

El Ejecutivo, a través de diversas intervenciones de ministros, aseguró que es una posibilidad real iniciar la entrega de este beneficio a los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores. La oposición, que presentó la impugnación a la forma de financiar la educación de estos estudiantes, planteó que la postura del gobierno responde a un "chantaje".

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En esta jornada el pleno del Tribunal Constitucional (TC) se pronunciará respecto de la impugnación al financiamiento de la educación superior de cerca de 200 mil estudiantes. A través del presupuesto del próximo año se busca entregar recursos a múltiples establecimientos de educación superior, los que deben reunir una serie de condiciones -no tener fines de lucro, garantizar participación de estudiantes o trabajadores, y estar acreditados- y así el gobierno cumpliría con parte de su promesa de campaña, la que responde a entregar educación superior gratuita.

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Sin embargo, 31 parlamentarios de oposición presentaron un recurso para objetar esta forma de financiamiento. El principal argumento tiene que ver con que esta forma de entregar recursos discriminaría a unos estudiantes de otros.

Un joven que estudia en uno de los planteles que podrá acogerse al beneficio podría ser idéntico a uno que está en otro lugar, y que por solo ese hecho no se le financiará su educación.

Si bien el gobierno inicialmente se manifestó confiado respecto de la solidez de los argumentos con los que la gratuidad y su glosa -o apartado del presupuesto que detalla los dineros que se utilizarán para el beneficio- los ministros de Michelle Bachelet comenzaron una ofensiva para plantear que efectivamente algunos estudiantes podrían quedar fuera de la gratuidad si es que el TC acoge el recurso que presentó la oposición.

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En entrevista con T13 Radio, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció que “lamentablemente sí tengo que decir que si se restringe la glosa, si se cae la glosa, se nos pueden quedar instituciones afuera. Igual con los mecanismos que tenemos puede que no podamos hacerlo para todos”.

La Tercera indicó la existencia de un “plan B”, que apunta a entregar estos aportes sólo a universidades del Consejo de Rectores. Consultado por esto, Valdés afirmó que “es un camino, es un posibilidad”.

En esa misma línea, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, planteó que si se falla en contra de la glosa que norma la gratuidad del próximo año “la consecuencia que tendría sería efectivamente una reducción de los beneficiarios (…) efectivamente podrían quedar instituciones fuera”.

Desde la oposición plantean que el gobierno está intentando responsabilizarlos en caso de que existan problemas con este beneficio. Uno de los parlamentarios que lideró esta iniciativa ante el Tribunal Constitucional, Jaime Bellolio (UDI), dijo que “el gobierno está intentando presionar al TV y hacer una venganza política contra nosotros, perjudicando a miles de estudiantes y amenazando con dejarlos fuera de la gratuidad (…) si se quedan más alumnos sin el beneficio, el único responsable será el gobierno”.

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En ese mismo sentido Bellolio recalcó que si se reducen los estudiantes que puedan recibir este beneficio, sería “caer moralmente en lo más bajo que yo he visto en política”.

Una de las instituciones que podría resultar afectada inmediatamente si se rechaza la gratuidad a través de esta glosa es el Duoc. Su rector, Ricardo Paredes, lamentó la incertidumbre, y planteó que ya hay más de 30 mil postulantes en esa institución, que tiene Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica -los que quedarían fuera si se impugna la glosa ante el TC.

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Me preocupan los efectos que la acción genera. En primer lugar, se cuestiona una política pública y se usa al TC como una virtual tercera instancia legislativa. En segundo lugar, sugiere que la decisión del TC no será técnica, sino política. Y, lo más grave, expone a un grupo de alumnos de alta vulnerabilidad a ser usados para culparse entre grupos políticos”, planteó Ricardo Paredes.

Si el Tribunal Constitucional acoge el recurso, antes de final de año deberá determinar si es que efectivamente la gratuidad, como se plantea al menos para el próximo año, es o no inconstitucional.

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