CFT e IP aseguran que el gobierno estaría intentando “expropiar” sus bienes

Una de las condiciones para que pudiera avanzar el proyecto de ley corta en la educación, para implementar la gratuidad en este 2016, era que paulatinamente los Centros de Formación Técnicas e Institutos Profesionales –que actualmente cuentan con un aumento de becas- sean incluidos en las instituciones que sean parte del beneficio de forma gradual.

Sin embargo, este lunes la agrupación que reúne a los CFT y los IP, “Vertebral”, plantearon ante la Comisión de Educación del Senado y a la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga sus cuestionamientos al proyecto de gratuidad en la educación superior, debido a que la normativa los dejó fuera del beneficio.

De acuerdo a la ley, los CFT e IP pueden tener fines de lucro, pero cuando se empezó a elaborar la gratuidad, el gobierno exigió a estas instituciones que no tuvieran retiro de utilidades.

Por tanto, como la normativa actual no les permitía que modificaran su constitución legal porque perdían la acreditación y reconocimiento oficial que les permite funcionar. A causa de esto, los rectores de estas casas de estudio pidieron enviar un proyecto que les permitiera hacer la transformación hacia fundaciones o corporaciones. Esto, finalmente, dejó fuera a todos los CFT e IP, independiente de su personalidad jurídica.

De acuerdo a La Tercera, el presidente de “Vertebral”, Gonzalo Vargas, también rector de Inacap, indicó que con lo anterior “se obliga a los dueños de las instituciones a donar su patrimonio a la nueva corporación o fundación sostenedora”. “Las actuales reglas permiten el retiro de utilidades, por lo tanto para muchos inversionistas el traspasar sus activos significa hacer una donación y perder sus bienes. Que te obliguen a hacerlo es un acto expropiatorio”, indicó.

Si bien el argumento del gobierno es que este proceso es voluntario, los sostenedores creen que si se transforman en entidades sin fines de lucro pierden sus bienes, y si se restan de la medida “quedarían sin gratuidad y también sin poder recibir becas ni créditos del Estado, lo que los llevaría a la quiebra, ya que ninguna institución podría financiar los estudios de los miles de jóvenes vulnerables que están matriculados en estos CFT e IP”, de acuerdo a Vargas.

Para estos rectores, una alternativa que debiera considerarse es la opción de que la fundación o corporación sostenedora pueda comprar los bienes a los inversionistas, pero esto no está considerado en el proyecto.