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Delitos electorales prescribirán en dos años con la nueva ley de Transparencia

La iniciativa ya despachada por el Congreso y que se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional, fija en dos años el plazo para investigar delitos electorales. El Ejecutivo quería fijarlo en cinco. EE

Por , 31 de Marzo de 2016

Desde el momento en que empiece a regir la nueva Ley de Transparencia de la Democracia, aún en revisión en el Tribunal Constitucional, los fiscales tendrán una carrera contra el tiempo: los delitos electorales tendrán una prescripción de dos años. Un plazo inferior a los cinco años que quería el gobierno cuando se ingresó la iniciativa y que es lo que aplica para los delitos tributarios.

Así lo expresó el fiscal Carlos Gajardo en su tuiter: “La regla es que los delitos prescriben en 5 años desde su comisión. Nueva ley de delitos electorales establecería la prescripción en 2 años”.

Esta es la primera vez que empezará a perseguirse penalmente los delitos electorales. Estos quieren decir que acciones como, por ejemplo, recibir más dinero en una campaña que lo permitido por el Servel, que antes era sancionado con una multa del Servicio Electoral, podría ser castigado con cárcel y con la pérdida del escaño del infractor.


O que por ejemplo, pedir financiamiento de manera irregular no solo sea perseguido como un delito tributario, sino que también como un delito electoral. La polémica estuvo en la prescripción de este tipo de delitos. El Ejecutivo originalmente quería que fueran cinco años. En el Parlamento pidieron que la prescripción fuera de solo un año. Finalmente, se acordaron dos. Y se empezará a contar desde que el acusado cometió el delito.

“No parece suficiente el tiempo que se da. Yo te diría además que lo que ocurre es que el plazo de prescripción empieza a contar desde la comisión de los hechos. Nosotros sugeríamos que empezara a correr desde la rendición de cuentas de campaña. Porque ese es el momento en que el Servel empieza a tener todos los antecedentes suficientes para saber si se cometió algún tipo de infracción“, dice Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente.

Esta semana el ex senador Carlos Ominami fue sobreseído justamente porque sus faltas prescribieron. Por eso, la medida aprobada por el Congreso ha vuelto a ser cuestionada en redes sociales.  “La argumentación que se dio para reducir el plazo de la inscripción tiene que ver con la estabilidad y la certeza jurídica que necesitaban los parlamentarios y las autoridades electas en sus cargos. Pero desde nuestro punto de vista no hay nada más inestable para el sistema democrático que personas que hayan cometido delitos se puedan mantener en sus cargos solo porque pasaron dos años desde que cometieron la infracción”, agregan desde la fundación.

De todas formas, la medida ya está incluida en el proyecto ya aprobado. Por lo que ya no puede ser modificada con trabajo legislativo.