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22 de Julio de 2016

Las acusaciones a la administración de Rodolfo Carter en La Florida que amenazan su reelección

El ex UDI repostula al sillón edilicio, pero diversas denuncias presentadas por integrantes del concejo municipal acusan una gestión al menos compleja, con problemas de déficit de dineros en el departamento de Salud y dos causas en la mira del Ministerio Público.

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Este jueves, tras un tira y afloja de algunos días, se hizo pública una inesperada determinación del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien renunció a la UDI el 2015 tras 16 años de militancia: será candidato de Chile Vamos. El motivo de su cambio de parecer, en sus palabras, era evitar darle opciones a la Nueva Mayoría. “Me pareció lo más generoso y lo más razonable, no con mi carrera, sino con la posibilidad de mantener la municipalidad, con esta gestión, e impedir que el Partido Comunista gane en La Florida, como ganó en Recoleta hace cuatro años, y dentro del pacto” indicó.

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En un primer momento, el jefe comunal criticó al conglomerado por no contemplarlo con un cupo. Sin embargo, esta situación ya se resolvió. Carter especificó que “esto no ha significado en ningún caso entrar a un partido, por el contrario, me he hecho acompañar de 5 mil firmas de personas independientes que nos apoyaban”. Y aquí hay un punto: la forma como el alcalde obtuvo esas rúbricas enfrenta cuestionamientos, cuando el 10 de mayo Radio Nuevo Mundo publicó un registro donde se escucha cómo se habría urdido la estrategia para que la autoridad obtuviera las firmas para postular como independiente.

“Lo que pasa es que hoy tuvimos una conversa con el alcalde respecto al famoso tema de las firmas, entonces queríamos (…) necesitamos transmitirle algunas informaciones que son importantes de hecho”, se puede escuchar al inicio de la grabación, antes de que se detalle todo un mecanismo para que una serie de funcionarios municipales se tomaran vacaciones con el fin de realizar trabajo territorial y reunir las firmas necesarias para inscribir la candidatura de Carter.

El Dínamo conversó bajo reserva con una de las personas que asegura haber asistido al encuentro del 21 de marzo, a las 12 horas, en la sala de reuniones de la alcaldía. El registro y una transcripción de este individualiza a siete personas que habrían participado: el jefe de gabinete del alcalde, Rafael Izquierdo; la directora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Jeannette Fernández, la asesora Carolina Bravo; la jefa de organizaciones comunitarias, Alejandra Parra; los coordinadores territoriales, Margarita Morales y Leonardo Salinas; y Claudia Pérez, de la Corporación del deporte.

“Los que son a honorarios podamos pedir vacaciones durante un par de semanas, ahora (…) desde ahora ya, si bien son ustedes a honorarios, pero hay que dejar estipulado, en un correo electrónico, que ustedes solicitan estas vacaciones, después, en lo personal ahí nadie se va a ver perjudicado”, indica la misma voz que da inicio a la grabación. Ese registro se lo atribuyen a Izquierdo. En pocas palabras, los funcionarios convocados tendrían que pedir estos días de vacaciones para poder dedicarse exclusivamente a obtener las firmas.

El gran problema que reviste la denuncia que se hace desde el concejo municipal es que, al momento de la reunión, algunos de los presentes –como los individualizados– ya se habían tomado sus vacaciones en el verano, lo que revestiría –según la denuncia hecha ante el Ministerio Público– las características de uso de recursos públicos para fines particulares.

Las instrucciones continúan, según consta en el registro: “porque estamos todavía muy bajo la meta. Tenemos calculado un poquito más de 2 mil firmas hasta el momento, pero la verdad es que el alcalde quiere pasar con tranquilidad más de 5 mil, y si seguimos con lo que tenemos, entonces no vamos a llegar”. Luego se precisa un frenético ritmo al que cada uno de los funcionarios iba a tener que estar sometidos en esos días, donde debían contactar –ojalá– 10 o 15 personas cada uno, para alcanzar entre las 150 o las 200 rúbricas diarias, para que las personas consultadas firmen ante notarios.

Una mujer en el audio más adelante agrega que “la Alejandra Parra, como jefa de este equipo, habla con Nicolás (no se individualiza) y le da la instrucción de qué mail tienen que mandar, cómo hacer ese tema de las vacaciones, entre comillas… la idea es para que ustedes puedan salir, resguardándose su ingreso, pero que se puedan dedicar 100% al tema firmas”. La conclusión es que “nosotros tenemos una meta que cumplir. De aquí al 9 de abril tenemos que llevar 3 mil personas a la notaría”. Para distender el ambiente, a los 8 minutos con 27 segundos, la voz de una mujer hace presente que, pese a que deben pedir nuevamente días libre “no se tomen a pecho las vacaciones”, en medio de risas.

En el ojo de Contraloría

Carter oficialmente va como candidato a la reelección en La Florida y desde hace más o menos tres semanas funcionarios de Contraloría están radicados en el mismo municipio esclareciendo si se utilizaron recursos municipales en la recolección de estas firmas. “Dentro de la misma municipalidad se han juntado con algunas personas que estuvieron participando de esa reunión, y con otros que fueron echados porque no cumplían con las metas de recaudación”, denuncia el concejal independiente, Claudio Arredondo.

“El alcalde nos acusó de espionaje, y nosotros no lo hicimos. Si lo hizo alguien, fue de su círculo mismo. No hay ningún montaje, ni intervención telefónica ni nada de eso. Es una grabación, de las firmas con elementos municipales, como viajes de adulto mayor, como puerta a puerta, gente de territorio, que trabajan en la municipalidad o son pagados por la municipalidad. Estaba Claudia Pérez que se supone que estaba contratada por deporte y no prestó ayuda ahí sino que se dedicaba a coordinar esa recolección”, agrega el concejal.

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El candidato de la Nueva Mayoría a la alcaldía, el concejal del Partido Comunista, David Peralta (en la foto), si bien indica que en su condición de postulante al sillón edilicio prefiere no referirse al “otro candidato”, sí hace presente que le consultó a Carter sobre el audio, a lo que contestó que había sido fuera del municipio. “Esto no es real, porque se ha comprobado que nuevamente faltó a la verdad (…) Está absolutamente claro que la actual administración está muy lejos del proyecto que nosotros levantamos, transparente, honrado, donde la ética sea fundamental en la práctica y la política y que en definitiva van a ser los valores que nos distanciarán de la actual administración”, dice.

Problemas de Salud

“Hay una diferencia muy grande en cuanto a la forma de trabajar. Una forma que yo diría que se refleja en el terror, el temor, el miedo que tienen los funcionarios municipales, los trabajadores, los funcionarios de la Comudef (Corporación Municipal de La Florida), tanto en Salud como Educación, quienes están atemorizados por las amenazas y por la concreción de muchas de estas por parte de esta administración se inhiben los trabajadores. Esto llega a tal grado que me he tenido que reunir a solicitud de ellos en lugares que no pudiesen ser observados reuniéndose conmigo. A ese nivel las amenazas. Eso refleja la forma de administrar la municipalidad este individuo”, indica Peralta, quien recuerda que el 29 de abril de este año (20 días después de haber terminado de reunir las firmas, de acuerdo al audio), el alcalde Carter reconoció las deudas previsionales de los trabajadores de la salud municipal.

El concejal del PC recuerda que el argumento que dio el jefe comunal en la cuenta pública del Centro de Salud Familiar de Los Quillayes, fue que la deuda se causó por la necesidad de “traspasar recursos desde Salud a Educación”.

Esta información la complementa Leonardo Parraguez, presidente de la Asociación del Cesfam de la comuna, que cuenta con 120 asociados. La situación comenzaron a percibirla los trabajadores al menos desde octubre del 2015. “Les estaban rechazando los bonos a raíz de sus problemas de salud, por las cotizaciones. Después en diciembre se hizo más evidente. El consejo lo presentó en diciembre en Asamblea y se admitió la deuda”. Pero el asunto no se resolvió. Las bases estaban inquietas. Ya el 26 de mayo de este año se realizó una pequeña movilización en el sector de San Vicente de Paul.

El 31 de mayo fueron pagadas las deudas previsionales, pero también pasó otra cosa: “A 42 personas se les notificó de su desvinculación por la causal de salud incompatible, por 180 días de licencia”, indica Parraguez, quien especifica que es una prerrogativa que si bien existe hace 20 años, nunca se había usado masivamente. “Ahora, la gente que tiene licencias de más de 180 días es la gente más dañada, es un trabajo muy pesado, y después de esa movilización, que se haya tomado esto, lo encontramos como una represalia a nuestra actividad sindical, de nuestra libertad de expresión”. Fue un mes de apelaciones, del que asegura que sólo pudieron ser reintegradas 11 personas.

El dirigente no descarta que en algunos casos hayan podido cometerse abusos, pero enfatiza en que “no todos ellos se merecían ese trato vejatorio. Tendría que haber hecho una auditoría y luego ver medidas. No aplicarlas y luego apelación. Hubo movilización y a los 4 días hubo notificación de las desvinculaciones”. Y la relación con el alcalde ha sido siempre, al menos, tensa: “Es una descalificación constante, a los dirigentes, a los funcionarios, ha sido bien complicado”.

El uso del dinero de Salud en Educación, como lo manifestó el alcalde, es una práctica que según el dirigente se remonta –al menos– a la gestión de Pablo Zalaquett (2000-2008). “Es una constante que les permite declarar las imposiciones y permite no pagarla a los tres meses. Le llamamos ‘bicicleteo’, porque los fondos lo usan para otras cosas, y los vuelven a reinyectar y se ponen al día. Hay un desorden administrativo en la corporación”, indica Parraguez.

El concejal Arredondo concuerda con los problemas de administración, lo que dejaría de manifiesto que “esta gestión del alcalde es una cosa cosmética, mucha palmera, pero estamos muy mal en Educación, en Salud, una deuda con la Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento) bastante grande, y hay un gran énfasis en imagen”. Peralta recuerda que en la misma oportunidad en la inauguración del Cesfam, Carter se habría referido a una deuda en medicamentos por 2 mil millones de pesos. La presentación en la Contraloría por este tema, indica Peralta, se hizo el 3 de mayo.

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“Las constantes denuncias que han realizado funcionarios y concejales, dejan de manifiesto el estilo autoritario del Alcalde Carter, quien actúa como dueño de fundo en el municipio, decidiendo (él) solo el uso de los recursos y buscando cualquier excusa para amedrentar o despedir a quienes le resultan incómodos. La administración de Rodolfo Carter, tiene el sello del clientelismo, se disfraza de independiente, pero repite los mismos patrones de conducta de todas las administraciones UDI”, indica la diputada Camila Vallejo (PC), la que también asegura que “hace tiempo que se conocen denuncias por parte de funcionarios del municipio y de la corporación, pero el miedo predomina en los trabajadores de La Florida”.

Asuntos pendientes

Entre las presentaciones más complejas que se han hecho en la administración Carter –aparte de la denuncia por el audio respecto de las firmas– se suma una querella por la cuantiosa indemnización que recibió María Angélica Céspedes, que ofició durante 18 meses como secretaria general de la Comudef. Ella renunció a su cargo y recibió una indemnización cercana a los 27 millones de pesos (equivalente a 11 años de servicio). Esto habría estado contemplado en una cláusula en el contrato. Se presentó una querella en el Ministerio Público y personal al tanto de la indagatoria indica que restaría un mes para que la Policía de Investigaciones concluya un peritaje contable para determinar las circunstancias y el origen del pago. Ante eso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) continúa a la espera de posibles formalizaciones, para posiblemente hacerse parte. Pese a todo, personal al tanto de la indagatoria apunta a que se puede perfectamente imputar cargos por este tema, como también se puede sobreseer si es que no hay mérito.

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Pese a esto, la situación tanto para Peralta como para Arredondo (en la foto) configurarían una “triangulación de recursos municipales”. “Lo que pasa es que hay un fondo que es específicamente para pagar gastos de, por decirlo de una forma, administración. Ese fondo fue visto y se está analizando de dónde vinieron esas platas. Algunas vendrían de Salud y otras de Educación. Si eso se llegara a demostrar, podría sumarse con más fuerza el CDE, porque sería ilegal. Depende de la investigación, para ver de dónde se sacó el dinero. Nunca se ha sabido muy bien de dónde se gastan las platas de Salud y Educación, por tanto, evidentemente muchas de esas deudas de gastos previsionales, por ejemplo, son deudas de hace muchos años. En esta oportunidad se han visto acrecentadas”, indica Arredondo, en tanto que Peralta plantea que lo ocurrido con Céspedes representaría un “pago de favores”.

El concejal comunista agrega que “todo está en Fiscalía. Está avanzando hace un mes, que tuvimos una entrevista con el fiscal, donde se han acumulado estas situaciones: una querella criminal por malversación con el pago de la indemnización a Céspedes por pago de Carter, y la información que conocimos donde funcionarios municipales son inducidos a pedir vacaciones por parte del señor Rafael Izquierdo, jefe de Gabinete y Jeannette Fernández, directora de Secpla, donde reúnen a funcionarios y dicen que deben juntar firmas para que el alcalde sea candidato y se legitime su candidatura como independiente”.

Carter responde: “Es parte de la estrategia del PC”

El alcalde de La Florida, poco después de hacer pública su decisión de postular con Chile Vamos al sillón edilicio, respondió las consultas de El Dínamo sobre las acusaciones en su contra. Respecto del audio donde se coordina una estrategia para obtener las firmas para la postulación –en ese entonces como independiente, sin Chile Vamos– del edil, junta que habría ocurrido en la sala de reuniones de la alcaldía, precisa que “la información de la cual yo dispongo es que esa reunión no ocurrió ahí, sino que en el departamento de una persona, que trabaja conmigo, que se organizaron. Además todas las personas que están citadas en este audio hicieron una declaración ante notario donde dan fe de que fue en la noche, fuera de horario laboral. Tengo esa declaración jurada, en el contexto de una denuncia que yo hice, para que se investiguen los hechos. Yo, menos que nadie, necesito utilizar medios municipales para hacer campaña. Que la reunión se hizo fuera de horario es lo que yo supe. Si la situación es distinta, es algo que se tiene que conocer en tribunales y se debe aplicar la ley. No corresponde que se utilicen dependencias municipales para hacer campaña”.

Ante la información sobre la “instrucción” para que algunos funcionarios tomaran nuevamente vacaciones, Carter insiste en que “todas las personas que aparecen citadas indican que se tomaron sus vacaciones, sus días administrativos, como corresponde. De todas formas, todas las personas tienen que hacerse cargo de sus dichos. Si esto es parte de una campaña orquestada en contra mía, tendrán que hacerse cargo. Las personas están citadas ante tribunales por una denuncia mía”.

La presencia de Contraloría en el municipio desde hace más o menos tres semanas al alcalde le parece “absolutamente legítima”. “Es lo que corresponde. Frente a todas las denuncias que se han hecho, tiene que pasar por Contraloría. Ahora, es un intento de ensuciar al alcalde en ejercicio. No nos vamos a prestar para este tipo de situaciones. Las responsabilidades son siempre personales. No participé en la mencionada reunión. No tengo nada más que agregar. De todas formas, están estas declaraciones ante notario y las vacaciones son uso de feriado legal. Si hay algo distinto, como me plantea, tendrá que incluirse en esta investigación”.

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Al consultársele al jefe comunal respecto de la situación de los trabajadores de Salud en su comuna, el problema con las cotizaciones y el “amedrentamiento” que acusan, indica que no es efectivo, sino que más bien responde a “la estrategia del PC para engañar a la opinión pública. Como municipalidad, el servicio de Salud está desfinanciado porque el Ministerio de Salud no entrega a los servicios los materiales con los que se compromete. Por los programas hay una deuda de más de 3 mil millones de pesos. Nos dejan de pagar y nosotros tenemos déficit. Nos hemos atrasado con las cotizaciones dentro de los períodos de la legalidad. Jamás se ha traspasado”. A esto, agrega que “lo que dije en la cuenta pública del Cesfam es que no corresponde que los trabajadores paguen los daños de un desorden del estado de Chile. Y nos pusimos al día para pagar las cotizaciones”.

Ante el déficit y los problemas de dinero que habrían contribuido a que se generara esta deuda, y consultado sobre cómo resolvieron esta situación, Carter responde que “con recursos extraordinarios de la municipalidad y reasignando recursos para cumplir con ello, porque este desorden no tienen que pagarlo los trabajadores, no pueden pagar los platos rotos. Pregúntale lo mismo al alcalde de Recoleta o a la alcaldesa Tohá. Producto del desorden del fisco, se atrasan todas las municipalidades”.

Sobre las movilizaciones del 31 de mayo, Carter asegura haber hablado con los trabajadores. Descarta que 120 personas integren la Asociación de Cesfam de la comuna y precisa que de ese Cesfam fueron desvinculadas 2 personas, no 42, y las acusaciones de un supuesto antisindicalismo las califica como chacota. “Los que son 42 son del total de salud de toda la comuna. Esto tiene que ver con el cumplimiento de la ley y de todos los municipios de Chile, que cuando hay más de 6 meses de licencias, debe ponerse fin al contrato, que es lo mismo que hizo la ministra de Justicia en Gendarmería respecto de licencias falsas, reiterativas, que lo único que consiguen es sobrecargar a las personas que sí van a trabajar. Cuando vimos que había temas de tratamientos contra el cáncer y gente que estaba operada, ahí no se desvinculó. Ahora, no es razonable que se presenten 600 días de licencia. Al final se sobrecarga al resto de los trabajadores. Estas 42 personas que me dicen es de un universo, a nivel de municipalidad, de mil 500 en este minuto”.

Tras insistir nuevamente que esta situación, junto con la del audio, son parte de la estrategia electoral del PC “tratando de alterar la realidad”, Carter agrega que lo que se hizo, como en Gendarmería, es hacer cumplir la ley. “Lo que nosotros hemos hecho es hablar con la verdad. Tenemos un sistema quebrado íntegramente. Educación está quebrada y Salud tiene situaciones graves, que crean problemas y no los pagan. Esto afecta medicamentos, luz, agua, cotizaciones. Pese a toda esta situación tienen que levantarse recursos adicionales para sostener la incompetencia del Ministerio de Salud. Hoy hay 18 mil 500 personas en listas de espera de especialistas. En La Florida no hay hora al médico porque el servicio no les cumple. El desastre de la gestión de Salud está haciendo quebrar al servicio. Lo que intentamos es sostener la salud como podemos, porque quienes deberían cumplir, no lo hacen”.

Respecto de la indemnización de María Angélica Céspedes, de cerca de 27 millones tras 11 meses de trabajo, el asunto es calificado por Carter como “otra canallada más, que pretende engañar a la opinión pública”. Asegura que la secretaria de la Comudef, que tiene calidad de gerente general, cuenta con un presupuesto de 50 mil millones. “No es una persona cualquiera. Es una de las profesionales más destacadas y al minuto de ingresar a la municipalidad puso como condición una cláusula de contrato a todo evento. Renuncia, hace poco más de un año y hace efectivo eso”.

Tomando las acusaciones de una eventual “triangulación”, el alcalde asegura que en ese entonces él tendría que haberla despedido y habría cobrado más, “porque era mucho más dinero (en ese escenario)”. “Como una persona de la Nueva Mayoría, en la época del entonces alcalde Jorge Gajardo, se fue con 11 millones tras una semana de trabajo. No alcanzó a estar un mes. Los profesionales de estas áreas negocian sus causales de salida y en ese minuto los alcaldes de turno determinaron ello”.

El jefe comunal insiste en lo destacada que es Céspedes como profesional, que incluso fue administradora en la época de su antecesor, pero también da cuenta de que esto está en manos del Ministerio Público. “Hemos tomado todos los datos y no es casualidad que esto sea una operación política de la Nueva Mayoría, que no cuenta que ella fue administradora, directora jurídica, funcionaria de la confianza de Gajardo, del Partido Socialista. No llegó a La Florida de la mano de Carter: llegó por su competencia y decencia. Y no dicen que durante estas administraciones, este modelo de pagar una indemnización a todo evento ya existía. Podría estar o no de acuerdo… personalmente creo que fue un error. Si hubiera que tomar una decisión, yo ahora tomaría otra, pero no es justo que traten de ensuciar al alcalde y a una profesional como Angélica Céspedes, que profesionalmente no tiene reproche o crítica en los últimos años”.

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El alcalde concluye indicando que “cultivo un perfil donde no tengo nada que ocultar. Tengo claro que tengo una militancia política y les contestaré lo que me consulten, pero estas cosas pasan ahora porque estamos en campaña. Son las reglas del juego”.

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