Contralor denunció a la Fiscalía a cinco jefes de finanzas de altos servicios públicos por anomalías
Jorge Bermúdez anunció que tras una auditoría a 320 servicios públicos, se detectaron problemas en 114 de ellos, por lo que en caso de que la investigación confirme que hubo perjuicio fiscal "vamos a querellarnos".
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“A propósito del escándalo de Carabineros, instruí que con prioridad nacional íbamos a realizar una auditoría en servicios que tuvieran grandes cantidades de presupuesto y a los movimientos que habían hecho los jefes de administración y finanzas. Hicimos un primer barrido sobre 320 servicios y detectamos inmediatamente que había 114 casos con problemas. Esto es una información nueva”.
Esas fueron las palabras del contralor Jorge Bermúdez para dar a conocer tras una auditoría en 320 servicios públicos, detectaron problemas en 114 de ellos por lo que cinco jefes de finanzas o de administración fueron denunciados a la fiscalía.
El conversación con La Tercera, detalló que “descubrimos situaciones tan anómalas como cónyuges de esos funcionarios con grandes patrimonios. Patrimonios que estamos hablando son de miles de millones de pesos. Encontramos anomalías en personas que, no obstante tener una remuneración bastante buena dentro de la administración pública, no tienen nada a su nombre. Eso ya parece una cosa un poco rara. Y nosotros hoy día le remitimos estos antecedentes al Ministerio Público, para que los investigue en el ámbito penal“.
De esta manera, en 114 servicios públicos detectaron anomalías y por lo menos en cinco casos, se podría haber cometido un delito. “Esos son los que estamos informando a la fiscalía, los otros los vamos a seguir investigando”, afirmó Bermúdez.
“Encontrar, por ejemplo, que una persona que tiene un patrimonio de miles de millones de pesos evidentemente que es una situación que amerita, por lo menos, poner una alerta en esa situación. Estamos hablando del cónyuge de un funcionario público. Entonces, tenemos que investigarlo”, agregó.
Aún así, según sus propias palabras, “lo peor” que detectó fue que “sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que estos trabajan. Esa es una situación que por lo menos merece investigación. Esa una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas ellos puedan investigar”.
“Nosotros vamos a ejercer todas nuestras facultades. Y la Contraloría tiene la facultad también de ejercer acciones judiciales. Entonces, en este caso, cuando avance la investigación y si detectamos que hubo perjuicio fiscal, vamos a querellarnos. Y va a ser, probablemente, la primera vez que la Contraloría en 90 años ejercerá esa facultad”, sentenció.
