Cómo funciona el monitoreo a redes sociales de ciudadanos del gobierno de Michelle Bachelet

#GobiernoSapo. Ese fue el hashtag que se usó para criticar a la administración Piñera en el 2011, después de que se revelara que comenzarían a revisar activamente las redes sociales de los chilenos.

Específicamente ese 20 de mayo, se dio la primera gran marcha nocturna en contra del proyecto HidroAysén, y en los meses siguientes fue tomando fuerza el hoy conocido como Movimiento Estudiantil. Las convocatorias a las manifestaciones, que fueron una verdadera piedra en el zapato para el gobierno de la actual oposición, se realizaban precisamente a través de Twitter y Facebook.

Quien en ese momento ostentaba el cargo de asesor digital del gobierno, Pablo Matamoros, rechazó en esa oportunidad que la licitación fuese calificada de “fascistoide”. “Solamente la información que es compartida públicamente con respecto a un determinado tema, se indexa en una base de datos y tiene más que ver con volúmenes y tendencia. Pero no existe ninguna falta a la privacidad”, manifestó en ese momento a Tecnociencia, según rescató Radio Cooperativa.

Pero estas explicaciones no fueron suficientes. El descontento de la gente –o al menos, de quienes poseían y utilizaban redes sociales en ese momento, una cantidad pequeña en relación al resto del país– no menguó, y se dio una controversia a nivel político, protagonizada por quienes estuvieron por primera vez en la oposición desde el retorno a la democracia. Voces como Carolina Tohá, presidenta del PPD en esos años, y el por entonces diputado socialista Marcelo Díaz, presionaron por claridad respecto de las distintas acciones y facultades que tendría el Ejecutivo al ejercer este chequeo de los comentarios y cuentas de Twitter y Facebook de los chilenos. “Para saber si el gobierno está actuando legalmente, debe demostrar que sus atribuciones le permiten monitorear, recolectar y almacenar información de datos personales”, manifestó el por ese entonces legislador PS, como consta en su sitio web.

Fue una discusión que zanjó la Contraloría General de la República, entidad que en el 2012 finalmente dio el “visto bueno” a esta práctica.

Con el fin de esta controversia no se volvió a hablar del tema, pero ello no significó que no se volviera a explorar la posibilidad de revisar las redes para, por ejemplo, tomar el pulso de estos usuarios ante distintas situaciones que experimenta la nación en distintos ámbitos. En ese orden de cosas, al menos desde el 2016, cuando precisamente Marcelo Díaz era Ministro Secretario General de Gobierno, la administración de Michelle Bachelet cursó y adjudicó al menos dos licitaciones para monitorear las redes sociales.

El primer contrato aprobado es del 17 de mayo del 2016, firmado por el entonces subsecretario general de gobierno Osvaldo Soto. Este corresponde a la licitación que ganó Analitic, por un total de 53 millones 550 mil pesos. La vigencia de este plan era hasta el 31 de diciembre del año pasado. El segundo acuerdo fue firmado el 29 de diciembre del 2016 por el subsecretario general de gobierno subrogante Miguel Candia, en tanto figura como titular el ex gobernador de Valparaíso Omar Jara. La aprobación de este contrato figura el 26 de enero del 2017. En esta oportunidad, la firma se hizo con Bandmetric, por un total de 56 millones 406 mil pesos hasta fines de este 2017.

En esencia, los requerimientos que el gobierno hizo para ambas licitaciones apuntan a lo mismo: “monitorear, recolectar y clasificar gran volumen de datos de redes sociales (Twitter, Facebook y medios online), en tiempo real o en un período de tiempo”. Se buscaba un despliegue amigable, que contabilizara y reportara diversos índices numéricos, desde los seguidores de un usuario, las menciones en múltiples plataformas respecto de uno o varios temas, una lista de “influenciadores”, junto con la posibilidad de ver una red de usuarios para encontrar las cuentas de mayor interacción.

Asimismo, pedía configurar alertas automáticas sobre temas específicos y se solicitaba la posibilidad de realizar una calificación semántica del comentario a analizar (si un comentario es positivo, neutro o negativo). Luego esto se plasmó en sendos contratos que establecían estos requerimientos, así como también, entre otras cosas, se podían geolocalizar quién tuitea qué cosa, esto es, saber desde dónde se estaba escribiendo.

En esencia, el contrato para ambos establece más o menos lo mismo.

Esta es una vista general del servicio de Analitic, de monitoreo de redes sociales.

Se tienen reportes de comentarios de diversos usuarios. Estos son evaluados como positivo, neutro o negativo.

También se pueden ver los “influenciadores”, considerando su “arrastre” con otros usuarios.

Existe un reporte del volumen de los comentarios en distintos lados.

Se puede revisar el volumen de “lectoría” de un determinado tema.

O del volumen de los “retuits”.

Aquí hay un gráfico de comparación de menciones de un tema y otro. Aquí, Ripley v/s Falabella Colombia.

Nube de las palabras más repetidas asociadas al concepto a revisar.

También el monitoreo puede tener acceso a la ubicación de los usuarios.

Así se ve el servicio y las múltiples opciones que Analitic ofreció al gobierno. El Dínamo pudo acceder a una muestra, donde se analizan antecedentes vinculados a la palabra “Ripley”, según proporcionó la misma empresa a través de la licitación, para que se pudiera ver parte de los servicios que se ofertaron.

Al menos a diciembre del año pasado, esta información –a la que sólo tenían acceso algunos altos mandos de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM)– era compilada, para entregar un reporte vía mail que posteriormente se usaba para ver qué se conversaba respecto de distintos temas.

A continuación están los correos que se enviaron en el contexto del viaje que solicitó realizar Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, formalizada en el caso Caval.

Así parte el reporte de redes sociales que se reparte a las distintas autoridades.

Reportan los tuits más relevantes, y aquí no se individualiza a los usuarios particulares.

Se evalúa el “volumen” de los comentarios. Sólo se individualiza, por ejemplo, a legisladores y en este análisis también está el escritor Óscar Contardo.

Hay una selección de trending topics del día analizado.

El correo concluye firmado por la Unidad de Comunicación Digital SECOM, y se citan las herramientas usadas.

¿Qué ha cambiado desde la primera discusión por el monitoreo?

Desde el entorno del equipo de redes sociales del gobierno de Piñera afirman que se demonizó este tema, cuando en realidad es algo que se hace regularmente en todos lados, y que en nuestro país no es algo extremo. Un extremo, afirman, sería como Venezuela, donde aseguran que se almacena a quienes se manifiestan públicamente en redes en contra del chavismo.

Consultado Marcelo Díaz, hoy ex ministro de la Secretaría General de Gobierno, sobre si no existe contradicción entre la postura del hoy oficialismo por la controversia que surgió a raíz del monitoreo bajo la administración Piñera y que se esté usando, incluso cuando era secretario de Estado, destaca el valor y resultado de la discusión de ese momento: “ Finalmente, se apuntaba a que la labor del gobierno en materia de monitoreo de redes sociales esté regulada. Que no sea arbitraria, que no sea algo sin control y sin un marco normativo que lo regule. Y como consecuencia de nuestro planteamiento en esa época, se estableció este marco normativo de parte de la Contraloría que es el que hoy día te permite poder fiscalizar si es que el trabajo que ha hecho el gobierno en esta materia se cumplió o no se cumplió”.

El Dínamo consultó a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno y la actual administración de la Segegob sobre detalles técnicos del monitoreo a ciudadanos, pero no entregaron respuesta.

No obstante, el dictamen de Contraloría en el 2012, cerca del fin del texto, afirma que el sistema que se discutió en ese momento “no procesa ni entrega información que tienda a identificar determinadas personas o direcciones de internet, sino que entrega datos inherentes a las tendencias que existen respecto de asuntos de interés”. Luego, en ese entendido, esto no terminaría infringiendo materias de la vida privada, ya que estas opiniones “emitidas públicamente, y que luego de su procesamiento no son asociables con las personas específicas cuyas opiniones se consideraron”.

Respecto de lo que se pudo apreciar en el funcionamiento de Analitic, sí se ven usuarios determinados y su comportamiento. En los correos difundidos posteriormente se individualiza más bien a los “líderes de opinión” y cómo se refieren estos a determinados temas.

Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la organización Derechos Digitales, afirma que, más allá de que sea legal y esté normado el uso de este tipo de programas –como finalmente dictaminó Contraloría–, afirma que “pueden emerger una serie de problemas en el fondo, y eventuales abusos, cuando se trata de la recolección y tratamiento de datos incluso cuando son de carácter público, debido a que se presta para una serie de conductas o una serie de actividades que puede hacer el gobierno que pueden resultar abusivas o discriminatorias. Por ejemplo, se pueden categorizar a las personas, se puede predecir su comportamiento y la verdad es que ante estos eventuales abusos, el gobierno debiera limitarse a hacer un uso meramente estadístico y no nominativo, de los datos que recopile a través de estas herramientas”.

Pablo Viollier hace presente que lo que puede llegar a ser o una complicación o eventual riesgo es el posible perfilamiento de personas. “Es decir, asociar ciertos perfiles de redes sociales, con personas en específico, vulnerando el derecho que tienen las personas al anonimato, y que permita hacer un perfilamiento en particular de personas ciertas, con ciertos perfiles que permita hacer listas de sospechosos, o que permita, a través de la geolocalización, conocer los hábitos de tránsito de esa persona, y que por tanto puedan predecir un comportamiento futuro, y eventualmente dar pie a actividades discriminatorias, por ejemplo”.

Es una discusión que en tiempos donde es vital tener información para que organismos de inteligencia, como sucede en países del primer mundo, puedan adelantarse y eventualmente desbaratar intentos de atentados terroristas. Es un extremo, claro, pero una controversia apunta a cuánta seguridad se busca, y cuánta libertad se puede tranzar para esta seguridad. Lo que sí se ve, es que esta herramienta, al menos vía contrato y licitación, es utilizada por entes del gobierno y no necesariamente entidades policiales por ejemplo.

Ante este tema, Viollier plantea que con el terrorismo, suele ser un tema de comunicaciones privadas, para lo que existen herramientas y autorizaciones judiciales para revisar esta información. “Lo importante es diferencias comunicaciones públicas y privadas. De acuerdo a la legislación chilena, que es muy deficiente en este respecto, la verdad es que cuando una información se puede obtener a través de una fuente accesible al público, la verdad es que la legislación deja de dar protección a ese dato y puede tratarse libremente. En ese sentido, no resulta derechamente ilícito hacer tratamiento de los posteos de redes sociales, en la medida en que la configuración de este material haya sido completamente público. Distinto es cuando está el candado de Twitter, o uno envía un mensaje a un grupo determinado de amigos”.

La gente, al estar al tanto de que sus redes están siendo revisadas, según Viollier puede sufrir un “efecto inhibitorio”: “Las personas se restringen al momento de expresarse públicamente, en plataformas, por miedo a una repercusión futura, y ese solo hecho ya constituye una infracción a la libertad de expresión, y un poco vulnera los derechos de las personas en el sentido de que no permita que ellos se desenvuelvan plenamente en el ejercicio de sus derechos“.

Por tanto, lo importante sería que “si el gobierno va a incurrir en este tipo de actividades, tenga protocolos claros, transparentes, estrictos, acotados, que permitan en el fondo garantizar que el análisis de estos datos no se va a prestar para conductas reñidas con la ética y con las buenas prácticas“, afirma Viollier.