Luis A. Aninat: “El Colegio de Abogados ha estado ausente de discusiones importantes que le atañen”

Es regular ver al Colegio Médico pronunciándose cuando surge una controversia en una materia vinculada al mundo de la salud. O al gremio de los arquitectos cuando se criticó a los “guetos verticales”. Pero cuando se discutían materias legislativas, como algunas de las reformas, o surgían otro tipo de debates, las menciones públicas al Colegio de Abogados eran comparativamente menores.

Eso es parte del diagnóstico que comparte con El Dínamo el abogado Luis Alberto Aninat, socio del estudio Aninat, Schwenke & Cía., quien va de candidato al Consejo del Colegio de Abogados, entidad que sostendrá elecciones este 23, 24 y 25 de mayo.

Este profesional, especialista en derecho corporativo, entre otras materias, se la juega “por una mayor presencia del Colegio en temas legales que afectan a abogados y a la sociedad en general. A mí, en particular, me interesan algunos temas de mucha incidencia no solo para abogados, sino que también para a la gente que se ve vinculada a temas legales o judiciales. Por ejemplo, el atraso de la Reforma Procesal Civil. En Chile ha habido reformas procesales de orden judicial, en materia laboral, en materia de familia y menores, en materia penal, muy fundamentalmente, y en materia Procesal Civil no hay realmente un avance que yo creo que el colegio debiera impulsar”.

Sin embargo, ni esa ni ninguna de las materias en las que se podría avanzar, según manifiesta Aninat, podrá presentar algún tipo de progreso si, como plantea, el Colegio de Abogados no se hace más presente en las discusiones que se dan en Chile, y no sólo específicamente las vinculadas a temas de leyes y Derecho, sino que también otras que pueden tocar la vida de las personas desde otras ópticas.

– ¿Y acaso hoy no hay voluntad o consenso en el Colegio para entrar en esas discusiones?

– Realmente no lo sé. A mí lo que me motiva a participar es justamente conocer cómo se enfrentan estos temas al interior del Consejo. A mí lo que me gustaría proponer es que, si es que hay este consenso, que se elijan los temas. Algunos van a ser más prioritarios que otros, algunos son más abordables que otros, algunos son más fáciles de solucionar que otros… Bueno, se crearán grupos de trabajo, se consultarán expertos, se propondrá un informe, se establecerá una relación con la rama del gobierno o ministerio que lo tenga a cargo, etcétera.

– Entre otros asuntos que entiendo que busca revisar, en el contexto de su candidatura, está la actuación del Ministerio Público en diversas materias. Sabemos que hay un tema de volumen de causas que reciben…

– Mira, si bien yo no ejerzo en materia penal, en este asunto soy un observador interesado. Pero lo que veo es que las cuestiones de menor significancia, económica, de menor visibilidad, muy pocas veces llegan a resultado y es allí donde realmente el Ministerio Público está llamado a proveer una solución. Que se haga una investigación y que se llegue a una formalización, y que en definitiva exista un juicio respecto del fraude que pueda existir al interior de La Polar, o del caso Cascadas, bueno, es lo mínimo que se espera. Pero es preferible a mi juicio que la señora Juanita, que le roban el almacén de la esquina, por una cuantía de 300 mil pesos, tenga realmente acceso a la Justicia. Que pueda acceder a un mecanismo que le repare, por la vía de la Justicia, el daño que ha sufrido. Y yo veo que la mayoría de esos casos no terminan en una solución satisfactoria, y no tengo claridad respecto de las causas,  pero sí pienso que el colegio, como colegio debiese indagar sobre ellas.

– ¿Y qué le parece, justamente viendo ese tipo de casos más “visibles”, respecto de la actuación de algunos fiscales?

– Éste es un hecho público y notorio. Nosotros vemos que hay 4 o 5 fiscales a nivel nacional, que llevan sus causas no como funcionarios auxiliares de la administración de Justicia, que más encima están velando por el interés general, sino que como una cuestión personal, donde buscan obtener ciertos méritos, ciertos logros, tienen actuaciones personales vistosas, que muchas veces son denigrantes para las personas que persiguen. Hacen declaraciones… el Fiscal Carlos Gajardo hizo una declaración respecto de la política pública que debiese seguir el país para perseguir cierto tipo de delitos una vez que obtuvo una sentencia desfavorable en un tribunal. A mí me parece que son cuestiones que exceden completamente sus funciones, y que por otro lado desnaturalizan la labor pesquisidora, indagatoria, del Ministerio Público.

– Si fuese electo y estuviese en el Consejo del Colegio, ¿Cómo abordaría ese tema? 

– Al menos debiésemos tener una opinión, respecto de si eso procede, no procede, es correcto, es incorrecto, es conveniente e inconveniente.

– En ese tenor de cosas, ¿Qué postura tiene respecto de la titularidad del Servicio de Impuestos Internos a la hora de presentar acciones penales, y que no la tenga el Ministerio Público?

– Son cuestiones que en el contexto en el que se ha producido, después de haber sabido de fraudes tributarios que se cometieron en el contexto del financiamiento irregular de la política, aparecen como… goza de una cierta impopularidad frente la gente. La verdad es que el rol del Servicio de Impuestos Internos no es ser un ente persecutor, sino que un ente recaudador de impuestos. Y siempre ha existido entre las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos, porque tiene este y tiene otras facultades que puede ejercer o no, la de iniciar acciones penales. Yo no veo por qué debiese estar obligado a ejercer acciones penales en todos los casos, si por otras vías, que pueden ser incluso menos costosas para el estado, puede obtener resultados que le satisfaga.

– Hay otra discusión allí, porque si bien es tema del legislador, está la percepción del ciudadano. Si bien el SII no está obligado a ejercer acciones penales, pero constitucionalmente es el único que puede hacerlo. Entonces… si alguien no conoce bien el detalle, la situación no se explica o no se entiende.

– Es lo que te decía. El Servicio de Impuesto Internos tiene una doctrina respecto a los casos en que… Yo no lo quiero defender. Tal vez hay que revisarlo. Lo único que digo es que sí tiene una explicación institucional y orgánica. El hecho de que el Servicio de Impuestos Internos esté mandatado para recaudar impuestos, no supone necesariamente que por lo tanto tiene que querellarse contra las personas que no los paguen. Porque pueden existir otros mecanismos administrativos que le permitan satisfacer el mismo propósito.

– Otro punto de su candidatura tiene que ver con cómo se llevan algunos procesos con entes vinculados al Ejecutivo, como Superintendencias.

– Contraloría, superintendencias, servicios de salud, impuestos internos, dirección general de aguas, ministerio de bienes nacionales, etcétera, donde pueden ventilarse cuestiones jurisdiccionales de orden administrativo sancionatorio. En esa materia, la actividad de que se trate, es por una parte quien sostiene el proceso, que lo lleva adelante, pero por otra parte, es normalmente la parte contra… la parte contra la cual uno como abogado debe enfrentarse como contraparte.

– Como se diría popularmente: juez y parte.

Exactamente. De allí que sea extremadamente importante que el procedimiento administrativo por el cual se ventilen estas materias, a través del cual se conozcan estas materias, y se resuelvan estas materias, dé garantías de una cierta bilateralidad, de una cierta equivalencia, en las posiciones jurídicas de las partes.

– ¿Eventualmente una nueva sede? ¿O nunca tanto?

– Yo no creo que sea necesario tanto. Yo creo que lo que vale la pena mirar es el procedimiento administrativo que rige. Hay una ley de bases generales de la administración del estado y hay otra ley de procedimiento administrativo, que tienen un cierto procedimiento, con ciertos principios, son leyes ordenadas, qué se yo, pero que son de una generalidad tan grande, que durante el proceso permiten a la autoridad muchas veces, conducir la investigación hacia el resultado que quieren llegar. Te doy un ejemplo, tramitando algunas materias frente a la Superintendencia de Valores y Seguros, llegado el punto de recibir el asunto a prueba, de rendir prueba, es la Superintendencia la que te obliga a ti a proponer tú los puntos de prueba, y luego es la superintendencia la que decide cuáles de esos puntos de prueba va a acoger o no y tú no puedes incluir puntos en los que a su vez la Superintendencia deba rendir prueba. De manera tal que se produce allí una especie de incordio extraño, difícil de resolver, y que siempre es en perjuicio del administrado.

– En otros aspectos vinculados a la profesión ¿Cómo ve el Derecho en Chile y las escuelas?

– He sido profesor muchos años en la Universidad de Chile como profesor invitado y he hecho clases también en otras facultades de Derecho y pienso que existe actualmente un desafío por una parte de modernización, y por otra parte en la enseñanza del derecho y por otra parte, en la formación de los abogados. Hay una especie de anhelo de inmediatez que uno ve en los alumnos que atenta un poco en contra del estudio un poco más reflexivo, pausado y profundo, de las distintas materias. Ya no hay ramos anuales y la semestralización produce una especie de compresión que tiene muchas otras ventajas. Yo de hecho soy partidario de la semestralización pero produce una especie de compresión de las materias que lleva a los alumnos a buscar ‘calugas’ de conocimiento, digamos. Y eso tiene un riesgo, en el sentido de que los abogados se transforman en administradores de “recetas de soluciones” en vez de tener un conocimiento…

– Más de carácter global o más completo para aconsejar mejor…

– Exactamente. Yo creo que ahí hay un desafío grande. Por otro lado, se produce una disparidad muy grande también entre la calidad de los abogados que egresan de las distintas facultades de Derecho. Ahí yo no sé si es que el colegio podría jugar un rol. El caso más famoso es el de Estados Unidos donde es el colegio de abogados el que administra un test único para poder ejercer la profesión. Yo no sé si hay hoy día lugar a una discusión de esa naturaleza, tan grande como esa, tan compleja como esa en el colegio de abogados, pero, pienso que es una preocupación que debiera tener el colegio atender a esta gran disparidad que uno ve entre egresados de distintas facultades.

– ¿Colegiatura obligatoria? ¿Lo ve factible? ¿Qué ventajas o desventajas trae?

– La Colegiatura obligatoria es hoy día un tema que es complejo, que tiene un tinte político. A mí en lo personal me gustaría que la colegiatura fuera obligatoria.

– ¿Cómo tinte político?

– La colegiatura puede ser obligatoria en la constitución del 80, y dejó de ser obligatoria como una expresión, digamos, de la voluntariedad de la colegiatura, viene del gremialismo neoliberal de la constitución del 80

– ¿Serán reminiscencia de esa época o algo en ese tenor?

– Yo creo que puede ser. Yo pienso que el colegio debiese avanzar en una mayor supervisión en la uniformidad de los abogados, en una mayor supervisión en la uniformidad de los egresados de derechos. En una mayor supervisión en la uniformidad de los distintos entes auxiliares de la administración de Justicia. Y si eso se logra con la colegiatura obligatoria, bueno, estaría abierto a analizarlo.