FOTOS | Esto es lo que ven los drones de Joaquín Lavín
Tras dos meses de uso y 200 horas de vuelo de los aparatos de vigilancia, se logró la detención de dos personas vinculadas al microtráfico.
Por Redacción EL DÍNAMO
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dio a conocer las primeras imágenes obtenidas por el uso de drones de vigilancia en dicha comuna, las que permitieron la detención de dos personas vinculadas al microtráfico de drogas.
El jefe comunal explicó que este delito se detectó el pasado 18 de abril, momento desde el cual se realizó seguimiento con la aeronave, obteniendo las pruebas necesarias para que la PDI concretara la diligencia.
Según informa Radio Bío Bío, el pasado viernes seis casas fueron allanadas por la PDI al interior de la población Colón Oriente, una vez que las imágenes de estos aparatos captaran la venta de droga.
En estos primeros meses de implementación, se han vigilado 15 plazas y áreas verdes que se extienden entre Padre Hurtado Sur, Nueva Bilbao, Vital Apoquindo, Paul Harris y Río Guadiana.
Javiera Benítez, directora de seguridad de Las Condes, destacó las ventajas del uso de estos aparatos en comparación con los cuestionados globos de vigilancia. Por su parte, Lavín avaló el uso de estos aparatos en materia de seguridad y llamó especialmente a los jueces a reconocer el valor de las imágenes al momento de dictar sentencias.
Debido a los frutos que ha rendido la medida, aseguró Lavín, en el Concejo Municipal se votará la implementación de un tercer dron de vigilancia, que podría ser operado directamente por la PDI.
En marzo pasado, Lavín aseguró a Emol que la utilización de esta medida de vigilancia se regirá “estrictamente” a las recomendaciones entregadas por el Consejo para la Transparencia. Dicho organismo envió un oficio a todas las municipalidades del país entregándole una serie de recomendaciones sobre la utilización de tecnologías de vigilancia, poniendo especial énfasis a que no se vulneren los derechos de las personas. Entre las medidas que entregó el organismo se enfatizó que las imágenes sólo deben ser captadas en lugares públicos y con fines de seguridad, salvo que “excepcionalmente” se trate de lugares privados abiertos cuando la captación obedezca a la persecución de un delito flagrante. Plantea además que el municipio es responsable legal del material grabado y que debe implementar medidas de seguridad para protegerlo e impedir que terceros accedan a su contenido. Adicionalmente, estas imágenes deben ser destruidas dentro de los 30 días siguientes a su grabación.
