Más de 10 mil causas en lista de espera detecta Contraloría en Corporación de Asistencia Judicial
Informe de Contraloría evidencia que el organismo carece de la capacidad suficiente para asegurar a los usuarios y patrocinados el acceso oportuno a la justicia.
Por Redacción EL DÍNAMO
Demoras en los plazos para la tramitación de los reclamos y respuestas entregadas a los solicitantes sin argumentos de respaldo ni antecedentes que otorguen certeza respecto a lo que se informa es una de las conclusiones del informe final de auditoría realizado por la Contraloría respecto al funcionamiento de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).
El informe 761-17 de noviembre de 2017 revisó el cumplimiento de las funciones institucionales de la CAJ de la Región Metropolitana, relacionadas con la prestación de asistencia judicial gratuita entre el 1 de enero de 2015 y el 20 de abril de 2017.
Para esto, se revisaron las solicitudes ingresadas en los centros de víctimas de delitos violentos, centros jurídicos y en la Oficina de Defensoría Laboral (ODL) metropolitana, además de los reclamos ingresados durante 2017, en los que se consideraron los que presentaban sobre 700 días de tramitación.
De esta manera, se determinó que 10.782 causas se encuentran en lista de espera en los centros jurídicos de la CAJ al 14 de septiembre de 2017.
Las oficinas que agrupan mayor cantidad de causas corresponden a Puente Alto (1.416), La Florida (1.041), Maipú (900), Quilicura (681) y la ODL de Santiago, con 599 causas en lista de espera.
Del total de causas en espera, 2.355 usuarios no han sido agendados con una entrevista por primera vez con un profesional de Orientación e Información, considerando que el protocolo de atención establece que cada vez que se reciba una solictud en los centros de atención se debe agendar dicha entrevista en un plazo máximo de 10 días, desde la fecha de recepción del requerimiento.
Se detectaron además 17 casos en que dicho agendamiento está fijado con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 (11 para 2018, 5 para 2019 y 1 para 2021), pese a haber sido solicitadas antes del 7 de septiembre de 2017, según adelantó La Tercera.
Los casos más extremos corresponden a 3 usuarios, 2 de San Bernardo y 1 de Huechuraba, cuyas solicitudes ingresaron en noviembre de 2016 y sus entrevistas fueron agendadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017.
Además, se verificó la existencia de 123 causas catalogadas en “abandono judicial”, es decir, sobre las cuales no aparecen registros de actuaciones efectuadas, ya sea por el abogado patrocinador o los alumnos en práctica.
“Situaciones como las descritas, evidencian que la CAJ Metropolitana carece de la capacidad suficiente para asegurar a los usuarios y patrocinados el acceso oportuno a la justicia”, asegura el informe de Contraloría, lo que no se condice con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control de dicho servicio.
En su respuesta al ente contralor, la CAJ aseguró que en forma mensual realiza gestiones orientadas a monitorear y gestionar el número de usuarios que se encuentra a la espera de atención. Además, indicó que “la corporación tiene un déficit de personal que se encuentra asociado a la falta de presupuesto, lo que afecta la capacidad de servicio y cobertura institucional”.
Ante esta situación, la Contraloría instruyó al servicio a actualizar el registro de atenciones y los protocolos de los centros de atención jurídico social, que permitan identificar y corregir sus incumplimientos, además de contar con el personal suficiente que permita superar el déficit, informando al respecto en un plazo de 60 días hábiles.
