La urgente necesidad de legislar contra la violencia en el pololeo

Así se presenta la Fundación Antonia en su página oficial, junto al hashtag #JusticiaParaAntonia. Se refiere a la muerte Antonia Garros, quien cayó desde el piso 13 de un edificio. Esto ocurrió cuando se encontraba en el departamento de su pololo. Ella ya lo había denunciado por violencia en 2016. Por ello es que la familia de Antonia lo acusó de femicidio por inducción al suicidio.

La investigación se extendió hasta muy recientemente, sobreseyendo al acusado el 12 de enero de 2018. Solo se le formalizó por delitos de lesiones menos graves reiteradas contra la joven, presentados en 2016. Esto se debe a que la Ley de Violencia Intrafamiliar no contemplaba pololeos ni relaciones informales.

Por otra parte, el Código Penal, acredita el femicidio y el femicidio frustrado solo cuando es perpetrado por cónyuges, ex cónyuges, convivientes o ex con vivientes.

No se contemplan casos como el de Antonia, o como el de Valentina Henríquez. Ella denunció a su ex pareja, Camilo Castaldi, hasta entonces vocalista de Los Tetas, de violencia a través de Facebook el 03 de julio de 2017, incluyendo fotografías. También lo denunció antes la Justicia, dando origen a una investigación que fue cerrada el 10 de enero de 2018, y el proceso aún sigue en curso. La legislación limita lo que se puede hacer en ambos casos.

En respuesta a situación, Consuelo Hermosilla, madre de Antonia, se abocó a constituir la fundación que lleva el nombre de su hija. El objetivo de la organización es impulsar el proyecto de ley que tipifica y criminaliza a la violencia en el pololeo. El 04 de septiembre de 2017, durante una velatón para conmemorar la memoria de su Antonia, Consuelo dio a conocer que es lo que se busca en la llamada Ley Antonia.

“Esperamos que pongan en lista para discusión los proyectos de Ley Antonia, que busca decretar el 7 de febrero como Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo, tipifica el homicidio por inducción al suicidio e incorpora la figura legal del pololo.” Fueron las palabras de Consuelo.

Para ella, el problema traspasa la esfera de la privacidad y particularidad del caso de su hija y es una realidad nacional que es necesario enfrentar como sociedad. Consuelo declaró que no se puede permitir que mujeres mueran en manos de hombres a los que aman. “Por eso mismo nosotros nos manifestamos y pedimos detener estas situaciones, pero finalmente son nuestras autoridades las que deben movilizarnos y protegernos”.

Desde entonces, Consuelo ha recorrido el país compartiendo su testimonio en universidades y colegios y también a través de los medios de comunicación. Su testimonio para que jóvenes y padres tomen conciencia del efecto que tiene la violencia dentro de una relación de pareja y ayudar a detectar y denunciar a tiempo las situaciones de violencia.

En estas charlas Consuelo relata cómo su hija cambió y dejó de ser “la Antonia de siempre”, distanciándose de su familia más cercana y amigos para quedar completamente sola frente a la situación que estaba viviendo.

Consuelo recalca que el problema no era exclusivo de ella. “Esto es un tema país, no solo de nuestra Fundación o de Prodemu, o del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Estamos también trabajando con la ONG Parejas sin Violencia, sin embargo, no es suficiente, porque este es un trabajo que debemos hacer en bloque, como sociedad, y a través de estas charlas cambiar una realidad que afecta a nuestro país y a nuestros jóvenes.”

El 2017 cerró con 42 femicidios consumados y femicidios 112 frustrados, según el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Hasta el 11 de enero, se registran 1 femicidio consumado y 4 frustrados en 2018. Sin embargo, las cifras oficiales del Sernameg no consideran las agresiones en relaciones de pareja no convivientes, o sea, el pololeo.

Esta realidad ocurre porque la Ley Antonia aún es un proyecto, y el sistema legal aún no entrega una respuesta. A pesar de las acciones y manifestaciones que se han tomado, la situación parece naturalizarse. Las y los jóvenes no reconocen que la violencia en el pololeo se extiende más allá de la agresión física-verbal, que actos como los celos, o el control de las relaciones fuera de la pareja son una forma de violencia también. Estas situaciones son señales que conllevan a actos mayores, pasando desde la actitud celosa al maltrato físico, culminando en la muerte.

A principios del año pasado, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) presentó la investigación “Violencia en el Pololeo”, aplicado en jóvenes de entre 15 y 29 años. El sondeo que reunió 1.012 casos de jóvenes de todas las regiones del país y de distintos niveles socioeconómicos. Dentro de lo que es percepción, el resultado es que más de la mitad de los jóvenes (51%) dice conocer a alguna víctima de violencia en el pololeo dentro de su entorno de conocidos, amigos y familia.

De ese porcentaje, el 88% de ellos dijo saber de alguna situación de violencia verbal a través de insultos, gritos o humillaciones. Mientras, el 54% de ellos atestiguó agresión física indirecta, como empujones o arrojar objetos. Finalmente, un 45% declara saber de violencia física directa a través de golpes en relaciones de pareja.

A pesar de la conciencia mayoritaria sobre el fenómeno de la violencia, solo el 49% de los encuestados opina que “la principal causa de violencia dentro del pololeo, entre la gente de su misma edad, son los celos y en menor medida el machismo existente en la sociedad chilena”. Esto último implica un problema a la hora de intervenir y prevenir: a pesar de reconocerse el fenómeno, no existe una clara conciencia del origen este.

Otro problema queda patente al tomar el tema de las denuncias. Solo el 41% de las y los encuestados buscaría ayuda con gente de confianza en caso de ser víctima de algún tipo de violencia. Una causa probable de esto es que la gran mayoría (86%) de las y los jóvenes no cree que Carabineros entregue la protección adecuada a los denunciantes. Con esto se demuestra un nivel de desconfianza en el sistema, que se traduce en un impedimento para poder pedir ayuda.

Otro estudio que también ayuda a vislumbrar el actual estado de la violencia en el pololeo es la Encuesta Nacional de Juventud, realizada por el Injuv. La octava edición del sondeo, correspondiente al año 2015, plantea que un 19% de las y los jóvenes revela que su pareja le ha revisado el celular, correo electrónico o Facebook sin su consentimiento, mientras que un 16% reconoce haber ejercido este tipo de control.

Dentro de este ámbito, la sub directora nacional del Injuv, Natalie Vidal, ofrece una perspectiva. Para ella, cabe notar que los actos de control, como revisar el celular o las RRSS son consentimiento, así como prohibir acciones en el uso de medios de comunicación, se considera menos violento. Por ende, más aceptable y, finalmente, más extendido.

“Los gritos y las agresiones físicas son un indicio que algo pasa al interior de una relación, pero la alerta se ha expandido en los últimos años con ciertos dispositivos e incluso redes sociales, las cuales han acentuado el control y el no respeto a la privacidad, y lo grave está en que esta última tipificación se ha normalizado entre los jóvenes”.

Vidal concuerda con Consuelo Hermosilla en que “llegar a los golpes e incluso con resultado de muerte son las consecuencias finales de la violencia en el pololeo que no fueron atajadas a tiempo o simplemente, no fueron visibilizadas por el entorno más cercano de los afectados”.

Una de las evidencias más recientes de la violencia de género en Chile es la Tercera Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer, publicada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Subsecretaría de Prevención del Delito el pasado 8 de enero. El estudio fue aplicado a 6.824 mujeres y comparó las cifras con las oficiales de 2012 y a la fecha.

En este se evidenció que, si bien la violencia física disminuyó de 5,8 a 4,3% en los últimos 5 años, la violencia psicológica y sexual aumentaron en ese mismo periodo –de 16,8 a 20,2% y de 1,8 a 2,1%, respectivamente. En total, la violencia general aumentó a un 21% en de 201 a 2017.

Sin embargo, en los casos de violencia, las denuncias no sobrepasan el 40%. El 23% dice haber denunciado la violencia psicológica, el 37% la violencia física y el 23% la violencia sexual. La principal razón, al momento de no denunciar fue que “porque no lo consideran algo serio o necesario”.

Esta última respuesta hace el problema cultural que acarrea la violencia de género, y es que tal violencia no sea tomada en serio, o vista como un problema en primer lugar. También hay algo que decir en cuanto a la confianza en el sistema y en la sociedad, ya que muchas mujeres han reportado que no creen que sirva denunciar o ya denunciaron previamente y no hubo resultados.

Con todo lo anterior, se entiende que hay una necesidad por tipificar la violencia en el pololeo como un crimen. Además de la Ley Antonia, que propone además tipificar la inducción al siucidio como un delito, la presidenta Bachelet envió el proyecto de ley “Por una vida libre de violencia” (noviembre de 2016), que también penaliza la violencia en el pololeo. Ambos proyectos siguen esperando su tramitación en el Congreso y hasta ahora solo se ha logrado establecer que el 7 de febrero sea el Día Nacional Contra la Violencia en el Pololeo, siendo hoy su primera conmemoración oficial.

Entre las entidades que apoyan a esta ley, junto a la Fundación Antoniac y al movimiento #NiUnaMenos, se encuentra la ONG Parejas Sin Violencia. Su presidenta, Mariana Madariaga ha expresado la importancia de este tipo de legislación. “Más allá del tema punitivo, queremos que la red estatal que funciona hacia las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, opere para las chicas que están en el contexto del pololeo,” dice. “Hay mujeres como Valentina (Henríquez) que están logrando acreditar la violencia, pero hay otras que no lo pueden hacer. Entonces, quedan fuera de toda la red de protección y de ayuda psicológica. Y eso es lo que nos tiene más preocupados”.
Para Ximena Riffo, vocera del movimiento Ni Una Menos, “es una vergüenza que en Chile no exista esa protección hacia las mujeres y tenemos que cuestionarnos el tema de la presunción de inocencia, eso de que hasta que no se pruebe qué pasa con el tema cuando ha ocurrido un abuso, una violación, una violencia hace semanas, meses y que no tengas pruebas, no tienes como probarlo”.

En este contexto, no reconocer la problemática del pololeo afecta directamente el diseño, ejecución y monitoreo de las potenciales políticas públicas que se puedan tomar. Un ejemplo es la cifra oficial de femicidios, registrada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg). Debido a que esta se rige por la definición legal, no considera como femicidio los ocurridos dentro del pololeo.

Es por eso que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lleva un registro paralelo que considera estos casos, junto a otros como amantes, amigos e incluso clientes en el caso de trabajadoras sexuales. Naturalmente, esto provoca una diferencia sustancial con las cifras oficiales. Por ejemplo, al cerrar el año 2017, el Sernameg registró 42 femicidios consumados y 112 femicidios frustrados. Sin embargo, la Red contra la Violencia archiva 65 casos de femicidios consumados, junto a un femicidio suicida: Antonia Garros Hermosilla.