Diputados RD ex Feuc apuntan a la UC por cambios en decreto de aborto en 3 causales
"Hacemos un llamado a la sociedad civil a ponerse en estado máximo de alerta ante este nuevo intento por pasar por encima de los derechos de las mujeres", afirma la misiva.
Por Redacción EL DÍNAMO
Los diputados de Revolución Democrática, Miguel Crispi, Giorgio Jackson y Pablo Vidal, todos ex dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hicieron una dura crítica a la casa de estudios tras la modificación del protocolo en el aborto en tres causales.
Tras lo publicado el viernes en el Diario Oficial, todas las instituciones privadas de salud podrán invocar a la objeción de conciencia independiente de si tienen o no convenios con el Estado o si reciben recursos de este. Además, aquellas instituciones que invoquen a objeción seguirán recibiendo financiamiento estatal.
En una carta a El Mercurio, los parlamentarios expresaron “nuestra discrepancia con la Universidad Católica por promover la objeción de conciencia ‘institucional’ como una trampa legal que hará más difícil para muchas mujeres ejercer su derecho a realizarse un aborto en las tres causales que señala la ley.”
Los diputados acusaron “presiones de la UC con recursos de protección en los tribunales de justicia“, los que “han decantado en que el gobierno de Sebastián Piñera se salte el acuerdo nacional alcanzado en el Congreso, y mediante el reglamento publicado el viernes por el diario oficial flexibilice los requisitos de la objeción de conciencia”.
Según expresan, esta nueva normativa “pone en peligro el espíritu de una ley esperada y defendida por la sociedad civil, y permite este subterfugio en instituciones privadas con convenios con el Estado para prestaciones gineco-obstétricas”.
“No es aceptable que el Ejecutivo privilegie la protección de instituciones privadas por sobre la efectiva garantía de las prestaciones de salud que deben recibir mujeres y niñas que requieren interrumpir su embarazo. Tampoco es admisible en un Estado de Derecho que, vía administrativa, se obstaculice la implementación de esta o de cualquier otra ley, vulnerando de este modo los derechos de la ciudadanía”, agregaron.
“Hacemos un llamado a la sociedad civil a ponerse en estado máximo de alerta ante este nuevo intento por pasar por encima de los derechos de las mujeres”, concluye la misiva.
