CDE se querella contra el municipio de Valparaíso por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos

Fue el lunes cuando el Poder Judicial informó a través de su sitio web que la querella presentada el pasado 5 de abril por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de quienes resulten responsables por los delitos de fraude al Fisco reiterados y malversación de caudales públicos en la Municipalidad de Valparaíso durante la administración de Jorge Castro.

Esto luego de que conocieran los antecedentes de la auditoría que realizó la Contraloría Regional de Valparaíso, el que cifró un perjuicio patrimonial estimado en $289.350.646.

El abogado procurador fiscal (S) de Valparaíso, del CDE, Rodrigo Herrera Cienfuegos, establece que “vengo en interponer querella criminal en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de fraude al fisco previsto en el artículo 239 del Código Penal y/o malversación de caudales públicos previsto en el artículo 233 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de otros delitos que se determinen en el curso de la investigación”.

En la querella, el organismo puntualiza los contratos con Total Transport y Penta. Sobre el primero, expone que se comprobó que entre 2015 y 2016 “la Municipalidad de Valparaíso pagó por el arriendo de vehículos que no estuvieron operativos por más de 10 días e incluso en algunos casos se superó los 2 meses seguidos en esa condición… se adeudaría a esa empresa la suma de $124.279.586 por servicios no efectuados”. Sobre el mismo contrato, en la querella describen que “el municipio ha pagado en exceso la suma de $40.498.735 por mantención de bateas inexistentes”, entre otros gastos.

Respecto al vínculo legal con Penta, el texto consigna que el inmueble siniestrado el 21 de mayo de 2016, donde funcionaba la Secretaría Municipal, “se pudo comprobar que el contenido asegurado en dicha dependencia fue de 85.085 UF, basado en el avalúo fiscal del bien raíz donde funcionaba esa Secretaría pero además se sumó el avalúo fiscal de otros inmuebles ajenos a dicha dependencia municipal; de hecho se consideró el avalúo de todas las edificaciones ubicadas en Av. Pedro Montt”.

Sobre el mismo contrato con la empresa aseguradora, el CDE precisa que “se encuentra acreditado en la investigación, que entre los vehículos cubiertos por el seguro contratado por el municipio en virtud del contrato referido, se encuentran 14 camiones que no son de propiedad de la Municipalidad, sino que pertenecen a las empresas Maquinarias Fullmaq Ltda., Total Transport S.A. y Gestión Integral de Residuos S.A., lo que motivó un pago improcedente por cantidad de $29.715.644”.

Adicionalmente, se detallan irregularidades en la Corporación Municipal de Valparaíso. Todo ello conjuga, a juicio del Consejo de Defensa del Estado, que “los hechos descritos son constitutivos del delito reiterado de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal”, y agrega en el texto que se ha ocasionado “un perjuicio a su patrimonio a la fecha estimado en $289.350.646, sin descartar la configuración del delito de malversación de caudales públicos previsto y sancionado en el artículo 233 del mismo cuerpo legal”.

En la querella, el CDE solicitó al Ministerio Público que se citara a declarar al funcionario municipal, Eduardo Vilches López; a Alejandro Boehm Rivera, empleado o vinculado a la empresa Total Transport S.A; al funcionario encargado de contratación de seguros con la empresa Penta Security S.A y al ex alcalde Jorge Castro.

Este último, no se mostró sorprendido ya que “está en curso desde el año pasado y una querella más o menos no cambia nada. Por mi parte, no existe conocimiento de la comisión de delitos y se debe dejar actuar al Ministerio Público sin presiones mediáticas”.

“Siempre ofrezco mi colaboración en cualquier investigación, lamentablemente lo único que se sabe de la actual administración es que abandona las querellas penales que presenta”, agregó.

Al respecto, el alcalde Jorge Sharp declaró que esto “demuestra la gravedad de lo que detectó la Contraloría, en el año 2017 , así es que esperamos que se pueda aclarar y definir responsables de las irregularidades. Nuestra disposición es llegar hasta las últimas consecuencias, porque eso permite demostrar que fue un grupo puntual de actores vinculados a administraciones anteriores los que permitieron estas prácticas y no la mayoría de los trabajadores municipales, que son personas honestas que trabajan día a día por la ciudad”.