Cathy Barriga irá al TC por despidos de honorarios: pedirá pronunciamiento por fallos de la Justicia
La alcaldesa de Maipú pedirá un pronunciamiento respecto a la correcta aplicación de la normativa legal vigente en las casi mil desvinculaciones que ha hecho en los últimos 18 meses.
Por Daniel Martínez G.
Esta tarde, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, informó que recurrirá al Tribunal Constitucional para pedir un pronunciamiento respecto a la correcta aplicación de la normativa legal vigente sobre las casi mil desvinculaciones de trabajadores a honorarios que hizo al asumir la actual administración, de los cuales más de 300 han demandado por despido injustificado.
Esto luego de que El Dínamo publicara un reportaje que reveló que son 317 las personas que han demandado al municipio de Maipú desde que ésta asumió en diciembre de 2016, con resultado de millonarias indemnizaciones y pagos previsionales adeudados, ya que los tribunales de justicia han determinado que no corresponde ser tratados como funcionarios a honorarios. Esto podría costarle casi 20 mil millones de pesos.
El requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la edil busca que el polémico organismo determine si existe una correcta aplicación de la normativa laboral en este tipo de casos, “en torno a desconocer la facultad de los organismos públicos de contratar prestadores de servicios afecta no sólo a los Municipios, sino a la función pública y estatal en su totalidad”.
En otras palabras, a lo que la alcaldesa apunta es a que los tribunales de justicia no han interpretado de manera correcta la normativa laboral en las demandas por despidos injustificados, al tratarlos como trabajadores sometidos al Estatuto Administrativo -artículo cuarto de la la Ley 18.883- y no bajo la base de honorarios.
Cabe destacar, en todo caso, que varios organismos estatales han ingresado al Tribunal Constitucional este tipo de acciones por los centenares de despidos a honorarios que existen en el país, pero “todos los intentos han sido rechazados”, afirma el abogado Giorgio Marino, uno de los abogados demandantes.
“El TC ha dicho consistentemente que no se trata de una cuestión de constitucionalidad sino de un asunto de legalidad y de hecho, de interpretación de la ley cuya competencia corresponde a los jueces del fondo y especialmente a la Corte Suprema”, dice y agrega que “si el TC acogiera el requerimiento, esto provocaría necesariamente un ‘choque de trenes’ entre el TC y la Corte Suprema”.
En la declaración pública, la alcaldesa dice que las deudas por indemnizaciones “no corresponden a la realidad y han sido distorsionadas, pues los métodos utilizados para el cálculo de pagos previsionales no reflejan las cifras reales”, y que durante su gestión la edil busca “el cuidado celoso de los fondos municipales, para traducir el ahorro en mayor bienestar para los vecinos y vecinas de Maipú”.
Para esto ejemplifica con un acuerdo extrajudicial con Aguas Andinas por la demanda de la deuda del tratamiento de aguas servidas que acumularon las administraciones anteriores, lo que -según afirma- significará un ahorro de 14 mil millones de pesos.
Sin embargo, y pese a las preguntas enviadas por correo por este medio, desde el municipio no entregaron cifras respecto a los casos judicializados ni de los montos que han pagado hasta el momento.
“El Municipio se encuentra dando cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas, conforme a la disponibilidad presupuestaria y trámites administrativos necesarios, propios de una entidad edilicia de acuerdo al ordenamiento jurídico que les es aplicable a dichas instituciones”, agrega el documento.
Además, Barriga afirma que muchas de las demandas interpuestas “se encuentran actualmente con recursos de nulidad y de unificación de jurisprudencia pendientes de conocimiento por los Tribunales Superiores de Justicia, y en ese sentido, aún no han sido resueltas”.
