Van Rysselberghe compara objeción de conciencia por aborto con la educación sexual en los colegios
La senadora UDI hizo una reflexión de lo que podría pasar con los planteles que reciben recursos públicos, a propósito de la discusión sobre aborto en instituciones con fondos estatales.
Por Redacción EL DÍNAMO
Esta mañana, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se sumó al debate por la objeción de conciencia en el marco de la ley que despenaliza el aborto en tres causales en las instituciones de salud, afirmando que esto mismo podría ocurrir en la educación al tener la obligación de tener educación sexual en las aulas de colegios que reciben fondos públicos.
Esto porque para este jueves está previsto que la sala de la Cámara de Diputados inicie el debate sobre el proyecto de ley interpretativa sobre la objeción de conciencia, correspondiente a una moción impulsada por diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, que ninguna institución que reciba fondos del Estado pueda acogerse a la objeción de conciencia.
“Privar a la gente de clase media de atender un embarazo de alto riesgo porque la institución no hace abortos, me parece que es una injusticia social”, cuestionó la senadora UDI -en conversación con Tele13 Radio- por esa posibilidad de que no haya fondos públicos para estos organismos.
A su juicio, “la Contraloría se equivocó, excedió sus funciones y no puede condicionar un derecho que es constitucional a la firma de un convenio, no corresponde y desde el punto de vista de los principios para nosotros es super peligroso porque dejamos una puerta abierta para que después la objeción de conciencia se relativice en otros temas”,
“Nosotros creemos que el fallo de la Contraloría fue un fallo absolutamente político, ideológico, mucho más que una interpretación jurídica de lo que corresponde”, aseveró y agregó que “las organizaciones tienen dueño y los dueños tienen conciencia. El punto es que son privadas y hay personas detrás, con un fin determinado que no están dispuestas a hacer otras cosas”.
En esa línea, Van Rysselberghe afirmó que esta misma situación puede ocurrir en educación, respecto de los planteles que reciben fondos públicos y que pudieran estar obligados a tener educación sexual en sus programas. “Por ejemplo, hay fundaciones que reciben subvención estatal y de repente al Estado se le ocurre que tienen que pasar la ideología de género. Van a tener que cerrar si es que no se cuadran“, dijo.
