Tribunal ordena inédito embargo y permite retener subvención escolar de Maipú por no pago de indemnización
La acción fue solicitada como una “medida de presión” por la defensa de una ex funcionaria despedida por la administración de Cathy Barriga, cuyo finiquito debía pagarse en marzo.
Por Daniel Martínez G.
Este lunes se cumplió el plazo para que la Municipalidad de Maipú pagara una indemnización de más de 50 millones de pesos a una ex funcionaria a honorarios despedida luego de la llegada de la alcaldesa Cathy Barriga a la administración de la comuna, lo que derivó en una inédita acción del Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago a solicitud de la defensa.
En diciembre de 2016, días después del cambio de mando municipal, la periodista Bárbara Díaz Ibáñez fue desvinculada luego de cuatro años trabajando en el municipio sin recibir una indemnización ni pago de vacaciones y otras obligaciones legales, por lo que decidió demandar al organismo. La profesional ganó el juicio en primera instancia, así como ante la Corte de Apelaciones, obligando Maipú a pagar lo solicitado.
Sin embargo, hasta la fecha, la gestión de Barriga no ha cumplido la sentencia, por lo que el abogado defensor de Díaz, Alejandro Pareto, decidió solicitar el embargo de $54.568.370 por concepto de las subvenciones escolares que debe recibir la municipalidad por parte del Gobierno, lo que fue aprobado por el tribunal. Esto constituye una primera medida de este tipo en las más de 300 demandas por despidos que tiene el municipio.
En junio, El Dínamo publicó un reportaje sobre los millonarios juicios que ha vivido la administración de Barriga en 18 meses de gestión, lo que podría implicar pagos de hasta 20 mil millones de pesos por despidos injustificados de trabajadores a honorarios, quien según la Corte Suprema deben ser considerados como trabajadores con un contrato formal y que sus despidos deben estar sujetos a las normas del Código del Trabajo.
En esa línea, el tribunal decretó que los fondos queden en manos de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, a la espera de la ejecución del embargo por parte de la defensa de la ex funcionaria, luego de que este martes se solicitara la certificación del plazo vencido.
“Medida de presión”
Desde que la Justicia falló a favor de Bárbara Díaz, los abogados han realizado diferentes acciones buscando que se pague lo adeudado, pero por diferentes motivos la Municipalidad no ha firmado el decreto que permita que esto se concrete.
Esto motivó a la defensa a buscar una “medida de presión” que lograra que la administración de Cathy Barriga pague lo determinado por los tribunales, en consideración de que las cuentas municipales son inembargables por ley, pero no así los fondos provenientes desde el Ejecutivo para otros fines, como las subvenciones.
Pese a ello, según explica el abogado Alejandro Pareto, la idea es esperar a que la Municipalidad entregue una respuesta formal o decida finalmente pagar. “Nosotros hemos insistido por diversas vías, incluso con orden de arresto para la alcaldesa, cosa que los tribunales son reacios a decretar. Por eso, tuvimos que lamentablemente recurrir a las subvenciones escolares como una medida de presión en contra del municipio para que se pague lo debido”, explica.
Hasta el momento, la defensa no ha solicitado el embargo a la espera de que la municipalidad se pronuncie. “Nosotros vamos a esperar por ahora para que los fondos escolares no sean tocados, pero si el municipio no responde, tendremos que embargar para cumplir la sentencia”, agrega.
Fondos disponibles
En esa línea, Ariel Ramos (PC), concejal y presidente de la comisión de Educación de Maipú, afirma que solicitarán un análisis de la Corporación de Educación para analizar cómo podría afectar la pérdida de los más de 50 millones de recursos que llegan a los colegios de la comuna.
“Cada vez que el municipio tiene que pagar indemnizaciones a los ex funcionarios que demandaron, algo ocurre y no se hace, con consecuencias como estas. Estos recursos que vienen desde el Ministerio de Educación y lo más perjudicados van a ser los niños”, afirma.
Hace dos meses, la alcaldesa Barriga solicitó una modificación presupuestaria que permitiera hacer crecer el fondo para pago de indemnizaciones, el que terminó aprobando con un decreto municipal tras el rechazo de la mayoría del Concejo, quienes buscan ser excluidos de las responsabilidades legales por daños al patrimonio municipal en estos casos.
“La edil modificó el presupuesto y quedó con $1500 millones a disposición para esos pagos, pero hasta la fecha no hemos sido informados si esos fondos se acabaron ya o qué está pasando”, concluye.
