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20 de Agosto de 2018

Esta es la histórica “declaración de los 13” firmada por Andrés Aylwin tras el Golpe de 1973

El hermano del ex presidente Patricio Aylwin desde el primer minuto se declaró como opositor al régimen de Augusto Pinochet.

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Este lunes se dio a conocer el fallecimiento de Andrés Aylwin, abogado y militante de la DC de 93 años reconocido por su defensa a los derechos humanos durante la dictadura militar.

El hermano del ex presidente Patricio Aylwin y tío de la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, desde el primer minuto se declaró opositor al régimen de Augusto Pinochet firmando una declaración pública, conocida como la “declaración de los 13”.

La misiva fue impulsada por el entonces diputado junto a Bernardo Leighton Guzmán (diputado, ex-ministro, ex-vicepresidente de la República), José Ignacio Palma (ex-diputado, ex-ministro, ex-presidente del Senado), Renán Fuentealba Moena (senador, ex-diputado, ex-delegado de Chile a las Naciones Unidas), Fernando Sanhueza H. (diputado, ex-presidente de la Cámara), Sergio Saavedra (diputado, ex-intendente de Santiago), Claudio Huepe G. (diputado, ex-intendente de Arauco), Mariano Ruiz-Esquide (diputado), Jorge Cash M. (profesor, periodista), Jorge Donoso (abogado, publicista), Belisario Velasco (economista, ex-gerente de la Empresa de Comercio Agrícola), Ignacio Balbontín (sociólogo, profesor universitario) y Florencio Ceballos (abogado, asesor sindical).

 

Hoy, 13 de septiembre de 1973, los abajo firmantes, dejando constancia de que ésta es la primera ocasión en que podemos reunirnos para concordar nuestros criterios y explicitar nuestra posición política, después de consumado el golpe militar de anteayer, venimos en declarar lo siguiente:

1) Condenamos categóricamente el derrocamiento del Presidente Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo Gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la Autoridad Constitucional.

2) Señalamos que nuestra oposición a su gobierno fue siempre planteada para preservar la continuidad del proceso de cambios que tuvo el honor de iniciar en nuestro país el gobierno de la Democracia Cristiana y al mismo tiempo para impedir su desviación antidemocrática. Mantenemos en todas sus partes las críticas que en dicho contexto formulamos al gobierno de la Unidad Popular y al Presidente Allende. Reiteramos, por eso mismo, que, en conformidad a nuestras convicciones personales y a las repetidas determinaciones de la Democracia Cristiana, jamás tuvimos otra actitud parlamentaria o particular que no fuera la oposición dentro del cauce democrático destinada a obtener la rectificación de los errores cometidos por el gobierno del Presidente Allende e impugnados por nosotros.

3) La falta de rectificación, que en definitiva nos llevó a la tragedia, es responsabilidad de todos, Gobierno y Oposición, porque el deber de mantener una democracia no puede ser eludido por nadie. Pero a nuestro juicio hubo quienes tuvieron mayor responsabilidad.

En primer lugar, el dogmatismo sectario de la Unidad Popular, que no fue capaz de construir un camino auténticamente democrático para el socialismo adecuado a nuestra idiosincrasia. Especial condenación merece la irresponsabilidad de la ultraizquierda.

En segundo lugar, la derecha económica que, con fría determinación, aprovechó los errores de la UP para crear un clima de tensión, de ceguera y de pasión política que, unido a lo anterior, hizo imposible un consenso mínimo al descalificar a quienes lo buscábamos con objetividad y con cordura.

4) Estos sectores extremos alienaron psicológicamente a la opinión pública e incluso a numerosos dirigentes políticos y jefes militares, creando la sensación falsa de que no había otra salida para la crisis chilena que el enfrentamiento armado o el golpe militar. Reiteramos hoy, igual que siempre, nuestra convicción profunda de que, dentro de los cauces democráticos, habríamos podido evitar en Chile la implantación de un régimen totalitario, sin necesidad de pagar el costo de vidas y los excesos inevitables en las soluciones de fuerza.

5) La Junta Militar ha manifestado su intención de restituir el poder a la voluntad del pueblo y respetar las libertades públicas. Esa intención la recogemos como positiva para la restauración democrática y la paz social y esperamos que se cumpla sin demora al tenor de las declaraciones formuladas.

6) En cuanto a nosotros, consideramos que nuestra suprema responsabilidad en esta hora, la que asumimos por encima de toda otra consideración, reside en proseguir la lucha por los principios de la Democracia Cristiana y por la restauración de la democracia chilena, fuera de la cual aquellos carecen de vigencia. Los hechos que hoy lamentamos señalan que sólo en libertad, sustentada por la mayoría del pueblo y no por minorías excluyentes, se puede aspirar a la transformación humanista y democrática de Chile que constituye nuestra meta y fortalece nuestra voluntad”.

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