Ex subcontralora formaliza recurso de protección contra Bermúdez: pide ser restituida en el cargo
Los abogados defensores afirman que se trató de un "acto ilegal y arbitrario", y que esto se "decidió de manera ilegal y arbitraria remover a nuestra representada".
Por Daniel Martínez G.
A través de un escrito de 48 páginas, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz presentaron la tarde de este lunes un recurso de protección ante la Justicia, en representación de la ex subcontralora general de la República Dorothy Pérez, quien fue removida la semana pasada de sus funciones, generando controversia respecto de las atribuciones del contralor Jorge Bermúdez.
El contralor determinó su remoción luego que Pérez fuese citada a declarar en calidad de testigo por el fraude de Carabineros. El abogado explicó escuetamente que “no es bueno que autoridades aparezcan involucradas en casos judiciales”.
En el documento, los defensores tildaron como un “acto ilegal y arbitrario” la resolución que declaró vacante el cargo de Subcontralor General de la República, y que se “decidió de manera ilegal y arbitraria remover a nuestra representada“.
A su juicio, esto se hizo “sin las correspondientes y debidas garantías e infringiendo la normativa nacional de carácter constitucional y legal, así como la internacional de protección de los derechos humanos”.
“Carece de una debida motivación y justificación y se adoptó actuando a través de una comisión especial y sin cumplir el debido procedimiento que establece la ley, lo que, como se verá, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las que nuestra representada es legítima titular”, afirman en el documento.
En esa línea, Pérez pide dejar sin efecto resolución y todo acto administrativo posterior, además de solicitar que se tomen las medidas que se “estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección”.
Detalle de la acción
Colombara y Díaz afirman que el contralor “no tiene la competencia para declarar vacante el cargo de Subcontralor General de la República y de Juez de Cuentas sin haber previamente un acto de remoción legal y debidamente tramitado contra nuestra representada” y que “no tiene ningún fundamento razonable ni objetivo que justifique la remoción de nuestra representada, al declarar vacante su cargo como Subcontralora General de la República”.
Luego, relatan algunos episodios de la relación entre ambos. “(Bermúdez) comenzó a manifestar actitudes de irritación y molestia contra nuestra representada, que en ocasiones se concretaron en respuestas verbales que denotaron algún grado de hostilidad frente a ella”, detallan.
Esto, afirman, “en respuesta ante los respetuosos consejos o recomendaciones de prudencia que nuestra representada en su calidad de Subcontralora General de la República le efectuaba al Sr. Bermúdez Soto frente al lenguaje, el contenido y/o apresuramiento de las publicaciones que la CGR ha estado realizando en redes sociales, los que podrían producir efectos delicados para la imagen republicana de la institución, como también, para los funcionarios y funcionarias de mayor antigüedad en la misma”.
Lo anterior en referencia a la campaña comunicacional que lleva en Twitter el organismo, “parodiando imágenes de terceros con comentarios o publicaciones con un lenguaje inadecuado, o utilizando imágenes sujetas a la protección de la normativa sobre propiedad intelectual sin contar con las autorizaciones requeridas, haciéndolos propios o asociándolos a la imagen institucional”.
Pérez afirma que los comentarios “iban en el sentido de continuar usando la herramienta de las redes sociales y el valioso personaje institucional creado recientemente (Contralorito), pero hacerlo con otro foco, uno ameno y de lenguaje adecuado”.
Más adelante, el recurso detalla varias acciones que generaron problemas entre ambas autoridades del organismo, lo que habría generado una “serie de actos de hostigamiento, conversaciones y reuniones con abierta hostilidad hacia nuestra representada, algunas incluso realizadas frente a otros funcionarios de la institución”.
“A todas luces, el comportamiento mediático del contralor solo ha acrecentado sus equivocaciones y, principalmente, ha masificado sus actuaciones ilegales y arbitrarias informándolas por los medios incluso antes de dictarlas formalmente a través de actos administrativos, dañando a la institución y la honra de la Sra. Pérez Gutiérrez”, agregan.
