Radiografía a los condenados por violaciones a los DDHH: 29 reos podrán acceder a beneficios en 2019
En total, son 174 los condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplen pena a lo largo del país, entre ellos, una sola mujer. La gran mayoría tiene "muy buena conducta" y 18 han muerto mientras se encontraban encarcelados.
Por Noemí Arcos
La acusación constitucional interpuesta por parlamentarios de oposición en contra de los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama encendió el debate respecto del acceso a beneficios carcelarios por parte de civiles y ex integrantes de las Fuerzas Armadas condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En concreto, las críticas hacia los magistrados surgió luego que el Máximo Tribunal revocara sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago acogiendo recursos de amparo que derivaron en la libertad condicional de 7 reos de Punta Peuco y Colina 1.
Sin embargo, estos no son lo únicos que podrían acceder a beneficios. De hecho, según datos oficiales informados por la Subsecretaría de Justicia, durante el próximo año son 29 los condenados por violaciones a los DD.HH. que podrían eventualmente acceder a modificaciones en sus regímenes penitenciarios.
Esto último, según un informe elaborado por el Ejecutivo actualizado a agosto de este año -con cifras de Gendarmería- a raíz de un oficio de fiscalización ingresado por el diputado UDI, Igancio Urrutia, quien solicitó información respecto de condenados por crímenes de lesa humanidad que estuvieran cumpliendo penas en todo el país.
Condenados con opción a beneficios
En ese informe se detalla la nómina íntegra de condenados por causas de derechos humanos señalando los años de cárcel que le corresponden, el establecimiento penal donde se encuentran, fecha de ingreso y el periodo en la que cumplirán el tiempo requerido para acceder a beneficios penitenciarios, entre otros antecedentes.
Según el texto, entre 2015 y 2017, hubo 475 solicitudes de beneficios penitenciarios por parte de internos de Punta Peuco, a los que pueden postular más de una vez, y que pueden traducirse en salida dominical, salida de fin de semana o salida controlada al medio libre.
De todas ellas, se concedieron 6 beneficios a 4 condenados: José Márquez Areyuna (salida dominical en agosto de 2016 y salida controlada al medio libre en octubre de 2016), Bruno Medina Blanco (salida dominical en octubre de 2016 y salida controlada al medio libre en diciembre de 2016), Godfrey Gamboa Tapia (salida dominical en diciembre de 2016) y Juvenal Pérez Blanco (salida dominical en diciembre de 2016).
En el resto, se rechazaron las solicitudes por un informe desfavorable del área técnica, por la gravedad de la pena, el carácter del delito, no acreditar que ha aportado antecedentes o por la existencia de procesos pendientes.
En otros casos, la evaluación no se realizó por haber accedido a otros beneficios (como libertad condicional), por no haber cumplido requisitos (haber purgado la mitad de la pena) o porque sumó años de condena por nuevas condenas entre la fecha de postulación y la sesión del consejo técnico.
El mayor en retiro del Ejército y ex integrante de la CNI Carlos Herrera Jiménez, condenado a cadena perpetua por el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y el carpintero Juan Alegría, ingresó Punta Peuco en marzo de 2004, siendo uno de los primeros ex oficiales de las Fuerzas Armadas encarcelado las instalaciones del penal ubicado en Til Til. Cuatro años después ya podía optar a beneficios carcelarios. Sin embargo, a pesar de sus múltiples postulaciones y apelaciones, desde esa fecha no se le han otorgado.
El primer condenado en ingresar a Punta Peuco fue Miguel Estay Reyno, alias “El Fanta”, quien cumple cadena perpetua desde el año 2000 por el Caso Degollados, además de las penas de 10 años, 5 años y un día y dos condenas por 541 días. El ex militante del Partido Comunista quien se convirtió en integrante del Comando Conjunto pudo acceder desde el año 2012 a beneficios penitenciarios, siéndole rechazados desde ese momento tanto la libertad condicional como el arresto domiciliario.
Con todo, el informe señala que sumados a los 29 que podrán acceder a beneficios durante el próximo año, 19 lo podrán hacer durante 2020; 14 en 2021 y 30 durante 2022 (ver gráfico).
Catastro a nivel nacional
En total, existen 174 personas cumpliendo condenas por derechos humanos. De ellos -a agosto de 2018-, 119 se encuentran en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco; 43 en Colina I; 1 en el C.P de Arica; 2 en el CDP de Santiago Sur; 2 en el CCP de Temuco; 1 en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago; 1 en el CCP de Osorno; 2 en el CCP de Nueva Imperial; 2 en el CCP de Cauquenes y 1 en el CCP de Puerto Montt.
Por su parte, todos los condenados por crímenes contra los derechos humanos que ingresaron a Colina I llegaron a dicho penal en 2017.
Los primeros fueron Jorge Ahumada Molina, Raúl Durán Martínez, José Fuentes Pastene, Sergio Mateluna Pino, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Manuel Ramírez Montoya, José Salas Fuentes y Heraldo Velozo Gallegos, quienes fueron condenados el año pasado a 10 años y un día (excepto Ramírez Montoya condenado a 5 años y 1 día) por las muertes y desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyos cuerpos fueron lanzados al mar en septiembre de 1987. Esto, en una acción conjunta entre la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército.
Por este mismo caso fue procesada además Ema Verónica Ceballos Núñez, alias “Flaca Cecilia”, la única mujer condenada por causas de derechos humanos en Chile, quien cumple una condena de 10 años y un día desde abril de 2017 en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago.
Ceballos, ex agente civil de la Armada que integró la DINA y la CNI, además habría participado en el homicidio del militante del MIR, Juan José Boncompte, en Valdivia. Además, declaró en el Caso Prat, señalando que sus funciones como integrante del “Cuartel Belgrado” consistían en contactar a los funcionarios de Policía Internacional para agilizar los trámites para viajar a Argentina.
La fecha de ingreso más reciente que registra el documento corresponde a Pedro Pablo Hormazabal Fuentes quien se encuentra cumpliendo condena desde marzo de 2018. Sin embargo, el ex cabo 2° de Carabineros, condenado por la muerte e inhumación en el Patio 29 del Cementerio General de Raúl Antonio Muñoz Muñoz, cumplía condena desde 2016 en Punta Peuco y luego fue trasladado al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.
“Muy buena” conducta
Otros de lo detalles que da cuenta el informe de la Subsecretaría de Justicia son los informes de comportamiento de los condenados por crímenes de lesa humanidad.
En el último registro de conducta que corresponde a enero-febrero de 2018, todos los reos recibieron una calificación “Muy Buena”, con excepción de Donato López Almarza, recluido en Cauquenes, quien fue calificado como “Regular” y Guillermo Vargas Avendaño, calificado como solo como “Buena”.
Fallecidos en la cárcel
En paralelo, el documento entrega la nómina actualizada de ex reos que hayan fallecido en los centros penitenciarios donde cumplían sus condenas (ver infografía).
