Estado de Chile deberá indemnizar a hijo de pareja argentino-mexicana asesinada por militares 1973
Ambos, simpatizantes del gobierno del presidente Salvador Allende, derrocado unos meses antes por Augusto Pinochet, intentaban huir a pie hacia Argentina.
Por EFE
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Estado de Chile a indemnizar con 150 millones de pesos al hijo de un matrimonio integrado por un argentino y una mexicana, asesinados por militares a fines de 1973 en el norte del país.
El argentino Bernardo Mario Lejderman Konujoswska y la mexicana María del Rosario Ávalos Castañeda fueron detenidos y ejecutados en diciembre de 1973 por una patrulla militar cuando estaban escondidos con su hijo de dos años y medio en unas cuevas en la localidad de Vicuña, en la región de Coquimbo.
Ambos, simpatizantes del gobierno del presidente Salvador Allende, derrocado unos meses antes por Augusto Pinochet, intentaban huir a pie hacia Argentina a través de la cordillera de Los Andes cuando fueron detenidos y asesinados por los militares.
Los uniformados, posteriormente, entregaron al niño, Ernesto Lejderman en un convento de monjas de la ciudad de La Serena, donde fue localizado posteriormente por sus abuelos y que ahora, como demandante en el caso, recibirá la indemnización resuelta por el tribunal de alzada.
El Estado se negaba a pagar la indemnización alegando la prescripción de la causa penal que investigó el crimen, pero la Corte lo desestimó, porque “tratándose de un delito de lesa humanidad, lo que ha sido declarado en la sentencia, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna”.
Sobre esa base, rechazó una apelación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra un fallo que en primera instancia había ordenado la indemnización.
En la parte criminal del caso, la Corte Suprema condenó en 2009 a a la pena de cinco años y un día al brigadier Fernando Polanco Gallardo y a los exsuboficiales Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola, como autores del crimen.
Ese fallo redujo a la mitad la pena impuesta antes por la Corte de Apelaciones, que a su vez revocó un fallo dictado en primera instancia por el juez especial Joaquín Billard, quien consideró “cosa juzgada” el caso, debido a que había sido visto y fallado en los años 70 por un tribunal militar.
También el fallo de la corte suprema mantuvo la absolución del coronel Ariosto Lapostol, al no haberse acreditado su participación en los hechos.
En el caso también estuvo involucrado el general Juan Emilio Cheyre, excomandante en jefe del Ejército, que al ocurrir los hechos era teniente en el regimiento de La Serena y fue quien entregó a las monjas al niño Ernesto Lejderman, pero no ha sido procesado en el caso.
