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El hito que abrió los procesos judiciales contra la dictadura en Chile

Es cerca de la medianoche del 16 de octubre de 1998, y un inspector de Scotland Yard notifica a Augusto Pinochet respecto de la orden de detención emitida por el juez Baltazar Garzón, por su responsabilidad en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura cívico militar.

Por Noemí Arcos , 16 de Octubre de 2018

Octubre 16, 1998. Tribunal Penal de Bow Street a los miembros de la Policía Metropolitana. Habiendo evidencia de que Augusto Pinochet Ugarte, de ahora en adelante el imputado, es acusado de haber cometido delito. Que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1983 asesinó a ciudadanos españoles en Chile”.

Es cerca de la medianoche y un inspector de Scotland Yard lee estas palabras a un somnoliento Augusto Pinochet, quien es despertado ante la presencia de la policía en su habitación en la London Clinic en la capital inglesa, lugar en el que se recupera de una operación por una hernia discal.

Así -hace exactos 20 años- se hizo efectiva la orden de detención internacional emitida por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, por la responsabilidad del ex comandante en jefe del Ejército en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura cívico militar.

A más de 11 mil kilómetros de distancia de donde ocurrieron los delitos, esta sería la primera vez que Pinochet iniciaba una causa judicial por las violaciones a los derechos humanos cometidos tras el golpe de Estado y abriría la senda de procesamientos en nuestro país.

A partir de ese momento, y durante el año y medio que Pinochet permanecería en Londres, comenzaron las gestiones políticas desde el gobierno de Chile para evitar su detención y luego gestionar su liberación.

Pero este camino comenzó en Europa y en nuestro país mucho antes.

Pasaporte diplomático y jurisprudencia universal

En octubre de 1998, el dictador Augusto Pinochet ostentaba el cargo de senador vitalicio de la República de Chile. En esa condición viajó a Europa, hecho que fue advertido por organizaciones de derechos humanos luego que se le negara la visa para entrar a Francia, país en el que pretendía visitar la tumba de Napoleón.

En ese periodo, afectado por fuertes dolencias a la espalda, Pinochet decide trasladarse a Londres para operarse y es allí donde Amnistía Internacional informa sobre su presencia en el país.

En ese momento, el abogado español y ex colaborador del presidente Salvador Allende Joan Garcés solicita a la justicia española la extradición de Pinochet para interrogarlo e iniciar un juicio en su contra.

Dicha orden de captura fue emitida por el juez Garzón un día antes de la fecha que Pinochet había fijado para dejar la clínica, según contaría a TVN hace algunos años.

La justicia inglesa da curso a la orden enviada desde España y Scotland Yard llega al centro hospitalario para hacerla efectiva.

A través de una intérprete, Pinochet alega que había viajado con pasaporte diplomático en su calidad de senador, argumento que sería refrendado por el gobierno chileno a través del embajador Mario Artaza, sumado a que dicha detención para su procesamiento en España constituía una violación a la soberanía jurisdiccional de Chile y a la inmunidad diplomática de Pinochet.

“Las cosas que ocurrían en Chile debían ser juzgadas en Chile” fue el argumento que más se repitió por parte de las autoridades políticas de la época, encabezadas por el entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y el Ministro de Relaciones Exteriores José Miguel Insulza, actual senador por el Partido Socialista.

La abogada de derechos humanos y diputada PC Carmen Hertz explica al respecto que “viajar con pasaporte diplomático no significa que tengas inmunidad diplomática ni mucho menos”.

Al momento de la detención de Pinochet en Londres, Hertz se encontraba en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York por su cargo como directora jurídica de la Cancillería. Recuerda que se enteró de la noticia por un llamado telefónico de su hijo que estaba en Barcelona. “Me comuniqué con el ministro (de Relaciones Exteriores) inmediatamente y cuando volví a Chile a los pocos días después pude constatar cuál era la decisión del gobierno. Renuncié al cargo y ahí me dediqué al juicio a Pinochet. Viajé a Madrid, porque además yo era parte de la querella”.

De hecho, dos años antes de la detención, el fiscal del Tribunal Supremo español Carlos Castresana había iniciado la persecución judicial de Pinochet. Esto, al presentar una denuncia amparándose en la jurisdicción universal establecida en los principios de Núremberg.

Según Hertz, esta detención se produjo precisamente por el esfuerzo conjunto de los querellantes chilenos -entre los que se encontraba ella-, el abogado Joan Garcés, los jueces españoles e ingleses, e incluso por las autoridades políticas inglesas que dejaron seguir el curso del proceso judicial. “Así se unen los esfuerzos de las personas que están comprometidas con este tema, es una cadena de esfuerzos que funciona. Ese juicio en España es posible gracias a los antecedentes que el movimiento de derechos humanos de Chile hizo durante todos los años de dictadura, fue posible gracias a eso. Por eso para nosotros la detención de Pinochet en Londres significó un triunfo propio, fue un logro colectivo”, comenta la diputada.

Una figura clave en este proceso judicial fue el recientemente fallecido ex director del diario El Clarín, Víctor Pey, quien actuó como nexo entre los abogados de derechos humanos con Joan Garcés y Baltazar Garzón. Hertz recuerda que en el departamento de Pey se realizaban reuniones para coordinar la búsqueda de testigos para que declararan en los juicios y se le entregaban documentos para que él viajara con ellos a Madrid.

“Ingleses, piratas”

Los viajes de los fieles partidarios de Pinochet para prestarle apoyo -Andrés Chadwick, Patricia Maldonado y Pablo Longueira, entre otros- y las manifestaciones de detractores o exiliados en Europa comenzaron apenas se supo que la justicia buscaba detenerlo.

Tras la presentación de una orden ampliatoria, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra (High Court of Justice) reconoció la inmunidad alegada por la defensa de Pinochet, logrando anular la orden de arresto tras la presentación de un recurso de amparo por la supuesta mala redacción de los documentos.

Desde la London Clinic, Pinochet fue trasladado al Grovelands Priory Hospital mientras la Audiencia Nacional española se declara competente para abrir una causa judicial en contra de Pinochet.

La decisión a favor de Pinochet de la alta corte británica luego fue desestimada el 25 de noviembre de 1998 -día en que cumplió 83 años- en la Cámara de los Lores por 3 votos contra 2, argumentando que no tenía inmunidad universal para ser procesado.

Tras esta decisión, Pinochet fue trasladado a una casa en Virginia Waters, en la localidad de Surrey, emblemática locación en la que el ex dictador recibió ilustres visitas como Margaret Thatcher, y delegaciones de empresarios y simpatizantes.

El proceso judicial en Inglaterra tuvo otro de sus hitos en la posterior presentación ante la Corte de Belmarsh de Pinochet: fue la primera y única vez que el dictador y en ese momento senador vitalicio comparecía ante un tribunal por causas de derechos humanos.

Allí, Pinochet rechazó la jurisdicción de los tribunales extranjeros para juzgarlo y calificó las acusaciones como “embustes de estos señores españoles”, como relataría en su momento la enviada especial de TVN Mónica Pérez. En nuestro país, años después, sólo declararía en su domicilio en La Dehesa.

El 8 de octubre de 1999 se comienza a juzgar en el Tribunal de Bow Street si Pinochet es extraditable a España, luego de establecer que no tenía inmunidad, en donde se aprobó el veredicto de extradición, argumentando la jurisdicción universal de los crímenes de tortura.

Tras este fallo comienzan a argumentarse desde el gobierno las razones humanitarias y de salud que finalmente permitirían su regreso a Chile.

Así, en marzo del 2000, el entonces ministro del interior británico Jack Straw decide que Pinochet no sea extraditado a España basando su decisión en informes médicos que indicaban que Pinochet padecía demencia senil y no estaba capacitado para enfrentar un juicio.

Pinochet llegaría a Chile a las 10 de la mañana del 3 de marzo de 2000, inmortalizando la imagen de su sorpresiva recuperación al ponerse de pie de la silla de ruedas con la que descendió del avión de la Fuerza Aérea que lo trajo a Chile.

Juicios en Chile

La abogada Carmen Hertz era una de las querellantes en las causas por las que se detuvo a Pinochet y recuerda que, en ese momento, eran escasos los avances en la justicia chilena.

“Durante toda la década de los ’90, los jueces, salvo algunos como Carlos Cerda, aplicaban el decreto de ley de amnistía de Pinochet o la prescripción. No tomaban en consideración las normas de derecho internacional en materia de derechos humanos. Esa fue la conducta permanente de los tribunales de justicia. Por eso nosotros, un grupo de abogados de derechos humanos, optamos por la acción de la justicia internacional y la apoyamos absolutamente. Enviamos los antecedentes, yo declaré en el juicio ante Baltazar Garzón”, recuerda.

Del hito jurídico que significó la detención de Pinochet, Hertz destaca el reconocimiento de la jurisdicción universal de los crímenes de lesa humanidad que hicieron los tribunales ingleses en oposición a la postura defendida por el gobierno chileno. “Desde el punto de vista del orden internacional ese argumento es insostenible porque la jurisdicción universal es uno de los baluartes de lo que la comunidad internacional ha logrado, después del descubrimiento del holocausto nazi, porque se entiende que los Estados en los que se han perpetrado estos crímenes en general no juzgan o más bien encubren”, detalla Hertz.

A esto se suma, a su juicio, que significó un punto de inflexión en la conducta de los tribunales de justicia y aceleró el proceso de la transición chilena.

Cuando Pinochet regresó a Chile debió enfrentar su desafuero por los crímenes de la Caravana de la Muerte, investigación que llevaba el juez Juan Guzmán. A pesar de que fue desaforado, el proceso fue sobreseído dos años más tarde por razones de demencia senil. Tras ser sobreseído en 2004, el procesamiento quedó sin efecto finalmente en 2005. Ese mismo año fue nuevamente procesado, esta vez por la Operación Colombo.

“Una vez que Pinochet llega y nosotros logramos este desafuero histórico hecho por la Corte de Apelaciones y después confirmado por la Corte Suprema, y en el que el ministro Juan Guzmán que llevaba la causa, después de estar desaforado, lo procesa por los crímenes de la caravana, ahí tenemos la segunda elusión de la justicia por parte de Pinochet que inventa nuevamente la demencia senil. El SML certifica esta demencia senil, completamente falsa por supuesto, y elude la acción de la justicia en lo que a la caravana se refiere, porque es declarado inimputable”, comenta Hertz.

“El caso Pinochet es un caso decisivo, no solo para la jurisprudencia de los tribunales, sino que decisivo para la transición en Chile. Ahí quedaron en evidencia los pactos tácitos de impunidad sobre los cuales se construyó la transición, quedaron en evidencia con la detención de Pinochet en Londres, por las presiones y el lobby feroz que hizo el gobierno para obtener la liberación de este sujeto. Quedaron en evidencia, estallaron los pactos de impunidad”, concluye Hertz.

Al momento de su muerte, Pinochet se encontraba sometido a proceso por los crímenes de la Caravana de la Muerte y por la causa de las cuentas ocultas que mantenía en el Banco Riggs.