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18 de Octubre de 2018

Caso Milicogate: son 1.500 viajes de oficiales los sospechosos de fraude

Según antecedentes que se entregaron a la investigación, la compra de pasajes a cargo de la institución y su posterior cambio para vacaciones o reembolso, era "una práctica habitual".

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En la investigación por irregularidades al interior del Ejército, liderada por la ministra en visita Rommy Rutherford, se estima que más de 1.500 viajes realizados por integrantes de la institución pueden haber tenido características irregulares.

Según publicó esta mañana el diario La Tercera, luego del procesamiento de los dos primeros oficiales involucrados en este caso: los coroneles (r) Sergio Vásquez y Rodolfo Hidalgo, la defensa de uno de los involucrados entregó antecedentes en los que se explicaba que la compra de pasajes a cargo de la institución y su posterior cambio para vacaciones o reembolso, era “una práctica habitual”.

El abogado de Vásquez, Luis Valentín Ferrada, comentó que “entre 2009 y 2015 (período que indaga la ministra Rutherford) salieron fuera del país 1.503 soldados: 348 generales, 892 coroneles y más de 300 suboficiales y clases. Este número es exacto, porque está extraído de los decretos supremos que en cada caso los revisé, firma el ministro de Defensa por orden del Presidente, disponiendo las comisiones de servicio en el exterior”.

Todas estas personas han ocupado exactamente el mismo sistema que hoy se reprocha, porque era la única forma de operar. Todos (contaban) con el mismo pasaje en Economy One Way, que era un cupo para los efectos de la tarifa y que cada una de estas personas negociaba después con la agencia de turismo, que eran licitadas por el Ejército, para precisamente mover todo este sistema”, precisó.

Ferrada destacó que “cuando uno ve los nombres, eran coroneles en 2015 que se sabe dónde están ahora, en el alto mando (…) Ahora, hay que ver a las 1.500 personas que actuaron del mismo modo“.

Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la abogada María Inés Horvitz criticó la argumentación del abogado, planteando que aunque se trate de una práctica “habitual”, sigue siendo delictiva y es necesario perseguirla.

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