Gobierno ha gastado un millón de dólares en deportaciones en lo que va de 2018
"El Departamento de Extranjería y Migración ha gestionado con cargo a presupuesto vigente para tales efectos el pago de 618 millones de pesos por concepto de pasajes de expulsados y escoltas", indicaron.
Por Redacción EL DÍNAMO
Un millón de dólares aproximadamente desembolsa el Gobierno hasta el momento en la deportación de extranjeros durante este año 2018, según consta en un oficio enviado por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a la Cámara de Diputados.
En el documento, que reveló el diario La Tercera, se detalla que entre el 1 de enero y el 23 de octubre “el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en el periodo 2018 ha gestionado con cargo a presupuesto vigente para tales efectos el pago de 618 millones de pesos por concepto de pasajes de expulsados y escoltas“.
Esta cifra solo considera la salida por vía aérea de 347 foráneos, además de 355 escoltas, con un costo promedio de pasajes de los deportados de 466 mil pesos y de cerca de un 1,3 millones para los escoltas, esto porque en el caso de los primeros solo son pasajes de ida, mientras que en el caso de los segundos también se cuenta el boleto de vuelta.
A los 618 millones gastados durante 2018 se suman otros 47 millones que, calcula el DEM, se desembolsaron para trasladar a 51 migrantes colombianos a través de un avión de la FACh, el 16 de agosto pasado.
En total, contando las salidas por vía aérea y vía terrestre, hasta la mencionada fecha fueron deportados 1.583 extranjeros, de los cuales 1.078 son de nacionalidad boliviana, 249 peruanos, 195 colombianos, 18 dominicanos y 43 de otras nacionalidades, mientras que los expulsados en 2017 alcanzaron a las 1.398 personas.
Cabe consignar que el resto de los expulsados, más de 1.100, se realizó a través de buses de la PDI cruzando la frontera, lo cual no es un gasto del DEM.
Según el jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), Álvaro Bellolio, “entre el 90 y el 95 por ciento de las expulsiones tienden a ser judiciales, es decir, personas que son condenadas en Chile y ya cumplieron parte de la pena, o que terminaron toda la pena y el juzgado determinó que debe ser expulsado. La mayoría es por narcotráfico”.
Sobre las decisiones administrativas, Bellolio explicó que se expulsa a “personas que tenían antecedentes penales graves en su país de origen y que entraron de forma ilícita, sin exponer estos antecedentes y que en la práctica no deberían haber ingresado. Por ejemplo, encontramos a un sicario y alguien que estaba en alerta Interpol”.
