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10 de Diciembre de 2018

Operación Colombo: Miguel Krassnoff suma nueva condena y podría dejar la cárcel en el año 2673

Con la ratificación de la sentencia, se confirma que acumula 655 años de presidio por todos los delitos de violación a los derechos humanos que cometió.

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La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al exbrigadier del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado en contra de Enrique Segundo Toro Romero, Eduardo Enrique Lara Petrovich y José Caupolicán Villagra Astudillo, hechos ocurridos durante la denominada Operación Colombo.

En fallo unánime, la Séptima Sala del tribunal de alzada, ratificó la sentencia dictada en mayo en 2015 que condena al exmilitar a cumplir una pena de 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor del delito.

La investigación estableció que Enrique Toro fue secuestrado el 10 de julio de 1974, mientras que Eduardo Lara y José Villagra fueron secuestrados el 15 de julio del mismo año. Los tres eran miembros de una comunidad cristiana de Villa Francia, población en la cual vivían y desde donde fueron secuestrados.

Tras la itervención de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), los tres secuestrados fueron visto con vida por última vez, según establece la investigación, en agosto de 1974. Posterior a eso, sus nombres aparecieron en la “lista de los 119”, listado de todos los ejecutados por la Operación Colombo, la cual montó un falso enfrentamiento interno para justificar las muertes.

Además de Krassnoff, el fallo sentencia a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann como autores del delito a 15 años y un día de presidio. Mientras que otros 32 exagentes de la DINA fueron condenados a 10 años y un día de cárcel.

Con la ratificación de la sentencia, se confirma que Krassnoff acumula 655 años de presidio por todos los delitos de violación a los derechos humanos que cometió.

Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Santiago también ratificó que fue acogida la demanda civil presentada por los familiares de las personas secuestradas y ordenó que el fisco pagara una indemnización de 540 millones de pesos.

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