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27 de Diciembre de 2018

Histórico fallo de la CIDH reconoce imprescriptibilidad civil en crímenes de Estado y ordena indemnización a víctimas

El Estado fue condenado a pagar cerca de ciento ochenta mil dólares (cerca de 120 millones de pesos chilenos) a cada víctima en el plazo de un año.

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Una histórica resolución judicial en causa de derechos humanos dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 21 de diciembre.

El tribunal declaró la responsabilidad del Estado de Chile por violación al acceso a la justicia, al haber rechazado siete demandas civiles de indemnización por daños morales debido a diversos crímenes de lesa humanidad cometidos entre durante la dictadura cívico-militar, agrupados en el Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile.

Las acciones judiciales habían sido rechazadas por prescripción, ya que, según los tribunales chilenos, se habría trascurrido el plazo para efectuar dichas exigencias.

Según publica Radio Universidad de Chile, en el fallo consta que la Corte determinó que “en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la prescripción [penal] así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas”.

Además, los tribunales chilenos habían argumentado que el daño estaría reparado con los beneficios y medidas administrativas que ha tomado el Estado, tales como la pensión Rettig o la tarjeta de salud Prais.

“La jurisprudencia de los últimos años de la Corte Suprema de Justicia chilena ha variado sustancialmente, declarando en numerosos casos concretos la imprescriptibilidad de la acción civil indemnizatoria por daños derivados de delitos de lesa humanidad, integrando para ello argumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, se lee en el fallo de la CIDH.

El Estado fue condenado a pagar cerca de ciento ochenta mil dólares (cerca de 120 millones de pesos chilenos) a cada víctima en el plazo de un año.

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