Caso tragamonedas: Servel entrega a Fiscalía datos de políticos aparecidos en escuchas telefónicas
Entre ellos están la diputada RN Erika Olivera, el DC Raúl Soto Mardones y el ex alcalde Pablo Zalaquett, entre otros.
Por Redacción EL DÍNAMO
El Ministerio Público solicitó en agosto pasado al Servicio Electoral la entrega de información en el marco del caso tragamonedas, donde se indaga un eventual lavado de activos de la mano de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Pero el organismo también investiga presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita.
Esto, luego que la policía civil realizara escuchas telefónicas a los dirigentes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden) en 2017, los que sacarían a la luz los vínculos entre los empresarios y funcionarios de municipales para el pago de patentes para instalar sus tragamonedas, además de la eventual cercanía con políticos para financiar sus campañas electorales.
Y es que en el listado solicitado por el Ministerio Público están el alcalde de Rengo, Carlos Soto González, el diputado DC Raúl Soto Mardones, el ex intendente Andrés Jouannet, el ex alcalde Pablo Zalaquett, la diputada RN Erika Olivera y el lobbysta Carlos Tudela, entre otros.
Según informó La Tercera, se requiere “el nombre del administrador electoral designado por los candidatos en cada proceso eleccionario, la o las cuentas bancarias informadas por los candidatos para los efectos electorales, que remitan las copias de las rendiciones de cuenta de gasto electoral y copias de las resoluciones del servicio en que se aprobaron esas cuentas”.
A esto se suma el origen de los aportes reservados recibidos por cada candidato y el monto reembolsado, además de la entrega al Servel de las escuchas telefónicas para determinar si se presentará una denuncia por financiamiento ilegal de campañas.
Sin embargo, el Servicio Electoral desestimó tomar acciones legales en diciembre pasado, ya que “los antecedentes no dan pie a que haya una sospecha o indicio de irregularidad en el financiamiento de las campañas de esas personas”.
Este hecho fue cuestionado por el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, quien dejó en claro que “los antecedentes que se señalan en el informe de la PDI son de absoluta gravedad, demuestran que podríamos estar ante financiamiento ilegal de la política. Es importante que ante estos antecedentes el Servel tome las medidas del caso para ver si es necesario presentar una denuncia o querella, para que se active este mecanismo”.
