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3 de Junio de 2019

Ordenaron a Hospital San Juan de Dios adquirir y administrar fármaco para niña con atrofia muscular espinal

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso en contra del recinto, estableciendo una arbitrariedad por la no entrega del Spinraza, que tiene un costo de $500 millones al año.

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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protección y ordenó al Hospital San Juan de Dios y al Ministerio de Salud adquirir y administrar un medicamento para una niña de 5 años, quien permanece postrada por una atrofia muscular espinal.

En el fallo, la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Rivera, Bárbara Quintana y el abogado (i) Jorge Benítez–estableció el actuar arbitrario del servicio público de salud al denegar la cobertura del medicamento Spinraza que requiere la paciente por su enfermedad.

En su fallo, la Corte afirmó que la no entrega del medicamento “reviste caracteres de arbitrariedad, puesto que la recurrida no sopesa adecuadamente los antecedentes de la hija de la recurrente, una niña de 5 años que se encuentra postrada, que ha estado en riesgo vital y -en lo que es aún más relevante- con el uso de éste medicamento puede hacer una vida completamente diferente“.

Así, en la especie la eficacia del producto farmacéutico no se ha cuestionado, tampoco que es la única alternativa de tratamiento. Todas estas circunstancias debieron ser analizadas por la recurrida, que debió evaluar este caso extraordinario, cuestión que no realizó, limitándose a una simple aplicación exegética de su exclusión“, expresó.

El texto continuó señalando que “si bien el elemento económico constituye un aspecto a considerar en diversas decisiones de las autoridades públicas no debería serlo en aquellas que dicen relación con resguardar y asegurar la vida de una persona en los términos del Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República la vida de una persona, derecho que constituye un bien jurídico superior y de carácter absoluto“.

La atrofia muscular espinal no está cubierta por la ley denominada “Ricarte Soto” y el Spinraza tiene un costo de $500 millones al año.

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