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11 de Junio de 2019

Contraloría detecta irregularidades en concesión de estacionamientos en Valparaíso

El organismo señala que la municipalidad deberá iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios.

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La Contraloría Regional de Valparaíso detectó una serie de irregularidades en los contratos de concesión de estacionamientos en la Municipalidad de Valparaíso. Entre sus principales observaciones figura la falta de control de los ingresos que debió percibir el municipio.

El informe de Investigación Especial N° 16 de 2019, sobre la concesión del sistema de control de tiempo de estacionamientos de vehículos en las vías públicas, los derechos de concesión de diciembre de 2013 y octubre, noviembre y diciembre de 2014 se pagaron con 46 meses de retraso.

También se detectó que la empresa Consorcio Valparaíso S.A. sobreexplotó los cupos de estacionamientos que administraba bajo dos contratos. En ambos casos se comprobó que el municipio no gestionó el pago de los derechos municipales adeudados por la sobreexplotación.

Otra de las irregularidades detectadas tiene relación con el proyecto de estacionamientos subterráneos en Plaza O’Higgins, a un costado del Congreso Nacional, donde se constató que el proyecto de aparcaderos fue “sustancialmente adulterado respecto del que fue adjudicado”.

El informe agrega que se disminuyeron las obras de remodelación del pasaje Juana Ross y del costado del Congreso sin que se haya formalizado dicha disminución ni se haya compensado con otras obras.

Por estas razones, el organismo señala que la municipalidad deberá iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios.

A ello se suman otros antecedentes. Por ejemplo, la Contraloría no pudo acreditar que el municipio de Valparaíso haya cursado o cobrado multas a Consorcio Valparaíso S.A. por los incumplimientos de contrato.

Además, se verificó que esta empresa pagó los derechos de concesión con hasta 865 días de atraso, sin que conste el cobro de intereses corrientes por parte del municipio.

Junto a las anomalías en los contratos de concesión, la Contraloría también determinó problemas en la fiscalización que debió realizar la municipalidad porteña. El informe plantea que la entidad edilicia “no desempeñó de forma eficiente su función fiscalizadora”, ni designó dos funcionarios para tales labores, como originalmente se había previsto.

También se encontraron debilidades en los controles sobre los ingresos percibidos por el municipio en la concesión de los estacionamientos de Plaza O’Higgins, ya que se detectaron diferencias en el valor de la UF utilizada para su cómputo.

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