Despidos por “pérdida de confianza”: la cláusula que perjudica a los asesores parlamentarios

Durante los primeros meses de 2019, dos ex trabajadores de la Cámara de Diputados han llegado a la Justicia por el término del vínculo laboral que mantenían con dos legisladores con quienes se desempeñaban como “personal de apoyo”. En el primer caso, se trató de una secretaria del diputado Iván Norambuena (UDI), quien denunció malos tratos de parte del equipo de la sede distrital, que terminaron con una licencia médica y su posterior salida.

En el segundo, se trató de una denuncia contra el diputado Pedro Velásquez (FRVS), de parte de una trabajadora que cuestionó su despido por “pérdida de confianza”, exigiendo una indemnización por ello. Como este caso, sin embargo, son muy pocos los que llegan a instancias judiciales, pese a ser una situación ampliamente conocida por la mayoría de los asesores parlamentarios.

Con gran parte de los trabajadores desvinculados en los últimos años se ha utilizado el polémico artículo 26 del reglamento para la contratación de personal de apoyo -de la Ley Nº 18.918-, que permite despedirlos incluso cuando el asesor parlamentario se encuentra con licencia médica o fuero maternal y sindical. También es una herramienta que en varios casos se ha utilizado como medida de presión.

Según explicaron a El Dínamo diversos trabajadores y ex trabajadores de legisladores, la gran mayoría ha sido presionado a firmar términos de contrato por mutuo acuerdo que no los benefician, argumentando que existe una alternativa peor: la pérdida de confianza. Esta cláusula termina por limitarlos, además, ya que no pueden trabajar por dos años en el sector público.

“La única intención es poder negociar indemnizaciones menores y no tengan que utilizarla de sus asignaciones”, afirma un abogado de una bancada opositora. Si los trabajadores desvinculados no aceptan firmar el finiquito por estas razones, tampoco pueden cobrar lo adeudado.

De acuerdo al reglamento para la contratación de personal de apoyo -distinto al de los funcionarios de planta de ambas corporaciones-, éste será el principal regulador de la relación laboral con el Congreso, mientras que las materias no reguladas por ese documento se basarán en el Código del Trabajo, como la tutela laboral.

Así, los despidos del personal de apoyo del Congreso pueden basarse en cualquiera de las causales que estipula el Código del Trabajo (artículos 159 y 160), a excepción del “necesidades de la empresa”; también por cesación del periodo legislativo o del comité parlamentario al que prestaba servicios, o por el polémico “pérdida de confianza”. “Para fundar la causal, no será necesario señalar los hechos en que esta se fundamenta, bastando sólo la simple manifestación de pérdida de confianza”, asegura el texto regulatorio.

Si en 2019 van dos casos en la Justicia, el año pasado cinco llegaron a tribunales. El despido de la secretaria de la diputada Marisela Santibáñez (ex Pro) fue el más conocido en los medios, quien denunció acoso laboral, en situaciones extremas donde se le habría incluso escondido el cable de la impresora para entorpecer su trabajo y retirado el permiso para almorzar en el casino, lo que terminó con un despido por “pérdida de confianza”.

A eso se suman casos contra el diputado Marcos Ilabaca (PS), y los ex parlamentarios Fuad Chahín (DC), Patricio Vallespín (DC) y Gustavo Hasbún (UDI). En estos últimos dos, en sus despidos la causal correspondió a fin del periodo parlamentario, aunque coincidió con momentos en que las respectivas trabajadoras se encontraban con fuero maternal.

Esta situación la pueden vivir hoy potencialmente cerca de 800 asesores y es diametralmente opuesta a la realidad que viven los trabajadores de planta, quienes son funcionarios públicos, por lo que cuentan con horas extra, bonos y otros beneficios, y se rigen por un estatuto especial que los protege.

“Cerrar puertas”

Eliminar esta causal ha sido una batalla emprendida por la Asociación de Funcionarios de Parlamentarios. Desde hace cuatro años, la organización de trabajadores ha solicitado a las distintas mesas directivas de la corporación y a la administración que se elimine la “pérdida de confianza” como una justificación para el despido o que, al menos, se modifique en lo sustancial.

“A un trabajador que lleva 8 meses trabajando y se le despide para irse con las manos vacías es un daño gigante porque se entiende como pérdida de confianza política o que se hizo un mal trabajo. Hay casos de personas que han trabajado por años en la Cámara con un diputado y se han ido sin indemnización”, afirma Juan Eduardo Soza, secretario de la Asociación. Según explica, las directivas han tenido intenciones en modificar esta situación, pero la principal traba ha sido el Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

El Dínamo conversó con personal de apoyo de distintas bancadas y la situación se repite en la mayoría. Sus relatos fueron hechos de manera anónima, ya que muchos de ellos temen ser despedidos o tener problemas con futuros empleadores. “Es la razón principal por qué no hacen acusaciones formales. Si tú trabajas con un diputado, tienes también otras 154 opciones de hacerlo en el futuro, pero con un pérdida de confianza te cierran todos la puerta”, agrega Soza.

Las situaciones son conocidas en los pasillos del Congreso por la mayoría. El año pasado un trabajador intentó denunciar a un legislador UDI por malos tratos y por amenazas de ser despedido bajo la causal de pérdida de confianza si no se realizaban ciertas tareas alejadas de su función, pero por presiones internas terminó en nada y continuaron trabajando juntos.

Un profesional que trabajó con el diputado Luis Rocafull (PS) días antes de cumplir un año fue despedido bajo la polémica causal. Se le ofreció firmar un mutuo acuerdo que no lo beneficiaba -que no incluía indemnización- para retirar esa causal del despido y así no “mancharlo” laboralmente. “Es una figura muy fea porque da para pensar de todo, incluso que incurriste en algo grave, como faltas a la probidad, cuando en realidad fue un arranque del parlamentario no más”, afirman en la Asociación.

Consultado por este tema, Rocafull niega que alguna vez haya utilizado la causal. Sin embargo, este medio accedió a las cartas que se enviaron a un asesor: primero con la pérdida de confianza y luego con un mutuo acuerdo de las partes, con una semana de diferencia. “Es totalmente falso, nunca lo he ocupado. Yo respeto el derecho de los trabajadores y estoy convencido de que esa cláusula debiera ser eliminada”, afirma el diputado socialista.

En el equipo de Pedro Velásquez (Federación Regionalista Verde Social) también hay al menos tres trabajadores que fueron desvinculados bajo esta causal y otros que afirman que fueron presionados a firmar mutuos acuerdos. La rotación de sus equipos es alta, según queda establecido en Transparencia de la Cámara: solo cuatro de los trabajadores que tenía hace un año se mantienen con él.

De acuerdo a Velásquez, “uno está obligado a tomar decisiones injustas. Aunque usted no lo crea, yo he preguntado a la Cámara por qué no hace funcionar el Código del Trabajo y se ocupa esta fórmula. Pero uno se ve obligado a colocarle a una persona el pérdida de confianza, pero no porque yo quiero, sino porque no tengo más posibilidades que ésa”.

“Muchas personas no quieren renunciar voluntariamente o empiezan a tirar licencias, entonces es la única forma de generarme el cupo para poder contratar a otra persona. Uno trata de llegar a un acuerdo, les explica que el pérdida de confianza los va a afectar, pero hay funcionarios que no entienden”, asegura.

Tareas no legislativas

Trabajadores actuales, despedidos y renunciados contaron a El Dínamo que dentro de las tareas habituales que exigen algunos parlamentarios se incluye ir a la feria, comprarle ropa al diputado o hacer trámites para sus hijos.

Esto último se ha transformado en una práctica generalizada dentro de varios equipos legislativos. De acuerdo a estas fuentes, cuando los asesores empiezan a negarse en realizar esas tareas “comienza a configurarse lentamente el pérdida de confianza, que obviamente no lo es”.

Una ex secretaria que trabajaba con el diputado Karim Bianchi (Ind. PR) denunció que incluso debía conducir un vehículo, ir a buscar cosas a su departamento y hasta hacer entrevistas.

“Tuve que hacerle mantenciones al auto, ir a la vulcanización, comprarle un control remoto de su tele, cambiarle camisas en tiendas. Nunca viví una situación de maltrato, pero sí había situaciones abusivas”, explica. En febrero, durante sus vacaciones incluso debió realizar gestiones por una maleta perdida del diputado en vuelo desde Miami y resolver dudas el diputado sobre qué cosas podía rendir a la Cámara.

A los pocos días, antes de cumplir un año prestando servicios para la Cámara, Bianchi decidió despedirla vía WhatsApp, con el argumento de sus funciones serían realizadas por practicantes. El argumento de la pérdida de confianza también estuvo presente, como una forma de presionar un mutuo acuerdo por menos dinero.

Consultado por este tema, Bianchi descartó responder. Después de una lucha de varios meses, con abogados de por medio, el diputado cedió y se le pagó una indemnización a la ex trabajadora.

También son conocidas las acusaciones en contra de la diputada RN Camila Flores, quien ha tenido hasta cuatro conductores distintos en el período que lleva como legisladora y con alta rotación en el resto del equipo. La mayoría, en este caso, acusa malos tratos y realización de tareas que no son correspondientes a su contratación. Gran parte de su equipo salió por la polémica causal.

Dentro del socialismo hay otro conocido hecho, ocurrido a fines de 2017, cuando una periodista de la bancada fue despedida por pérdida de confianza estando con licencia médica por estrés laboral. Esto le significó no poder cobrar el seguro de cesantía, ya que la causal no es reconocida por la Administradora de Fondos de Cesantía. “Es donde se generan las leyes para los trabajadores y es donde más son vulnerados”, concluye.