Crisis en la Compin: quién es la interventora que aterriza en medio de denuncias de “pitutos”
La ingeniera comercial Paula Labra Besserer llega al organismo para resolver el problema ocasionados con las licencias médicas impagas.
Por Brenda Martínez
Los incidentes ocurridos en junio en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) se transformaron en la gota que rebalsó el vaso de un sistema que acusa falencias desde hace 20 años.
Ante los constantes reclamos por parte de los usuarios, que denuncian atrasos en el pago de licencias médicas, Jaime Mañalich, ministro de Salud, anunció una intervención “profunda” en la sucursal ubicada en Moneda 1040, la que alberga el 50% de las licencias en el país, por ende, una de las más afectadas por la crisis del Departamento de Salud Pública.
El pasado 24 de junio se vieron los frutos de las medidas a corto plazo anunciadas por el ministerio, entre las que figuraba la designación de un interventor en las oficinas de calle Moneda, cuyo principal objetivo es informar a las autoridades sobre el funcionamiento de la sucursal y las medidas para mejorar la atención de usuarios.
La persona escogida por las autoridades es la ingeniera comercial Paula Labra Besserer, quien ejercía hasta la fecha como jefa del departamento de Administración y Servicios de la Subsecretaría de Salud Pública.
Labra deberá coordinar y supervisar procesos administrativos; revisar procedimientos y dirigir una investigación interna de procesos, entre otras tareas.
La interventora, oriunda de Concepción, estudió ingeniería comercial en la Universidad del Desarrollo, entre 2006 y 2010, seis años después hizo un diplomado en Administración y Dirección de Proyectos en la Universidad Católica.
De acuerdo su currículum, trabajó como asesora de la Seremi del Biobío en 2011, donde estuvo por un período de 10 meses, ya que fue nombrada jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la Seremi de Salud Región Metropolitana, puesto en el que permaneció por casi dos años.
El ministro de Salud, Jorge Mañalich, recorre la Compin junto a la interventora Paula Labra (AGENCIA ATON).
Posteriormente, Labra pasó por al menos cinco empresas antes de llegar al Departamento de Administración y Servicios de la Subsecretaría de Salud Pública.
En el comunicado emitido por el Ministerio de Salud señalaron que la ingeniera comercial “posee una vasta experiencia en administración y gestión de usuarios”. Además de asegurar que fue escogida “por su liderazgo y alta capacidad resolutiva”.
Interventora y “pitutos”
La presidenta de Asociación de Funcionarios de la Secretaria Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, Marcia Lara Acuña, en conversación con EL DÍNAMO indicó que las medidas tomadas por la las autoridades no son suficientes, ya que “hoy el tema no pasa por tener un edificio más bonito, ni tener 100 personas trabajando. Hoy lo que se debe aplicar es el artículo 25 del decreto 3, que indica que si en 30 días no se ha resuelto una licencia, se debe pagar”.
En ese sentido, señaló que las manifestaciones del último mes “han provocado grandes problemas. Los funcionarios ya no quieren venir a trabajar, muchos están con licencia médica porque hay un impacto psicológico”.
“Este problema lo hemos denunciado en todos los gobiernos, hay algunos más eficientes que toman medidas de contención para la época de invierno. Mientras que otros son mucho más lentos- como en este caso- entonces los trabajadores y los usuarios del sistema estamos sufriendo la falta de políticas públicas”, sentenció.
Por otra parte, la representante de los funcionarios aseguró que Paula Labra llegó de forma irregular al cargo, ya que “es el brazo derecho” de la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce.
“Labra llegó en marzo con la subsecretaria Paula Daza. O sea, cero intervención. Son los mismos de siempre que se tapan entre ellos”, agregó.
Marcia Lara explicó que “el personal que trabaje en la Compin debe pasar por un proceso de selección, lo que no ha sucedido. Las personas que ingresan las colocan en los módulos sin ninguna capacitación, no tienen información de la normativa”.
“En los primeros 10 meses de la administración de Rosa Oyarce han llegado cerca de 90 personas apitutadas, sin concursos ni sorteos, muchos de ellos con mejores grados que personas que han trabajado por años en el servicio público”, denunció.
Desde la asociación aseguran que esto ha provocado una serie de problemas, los que fueron notificados al Ministerio de Salud en abril de este año, sin embargo no recibieron ninguna respuesta.
EL DÍNAMO consultó por esta situación a la Seremi de Salud Metropolitana, desde donde informaron que enviarán una respuesta a la carta de los trabajadores, pero no emitirán declaraciones sobre el tema.
