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Pedían dinero para eliminar expedientes: ex funcionarios de Fiscalía de Puerto Varas fueron acusados de cohecho

Los sujetos habrían cobrado a detenidos por conducción en estado de ebriedad para hacer modificaciones en los oficios de las causas y frenar la investigaciones.

Pedían dinero para eliminar expedientes: ex funcionarios de Fiscalía de Puerto Varas fueron acusados de cohecho
Por 7 de Agosto de 2019

Un recepcionista y un abogado de la Fiscalía de Puerto Varas arriesgan cinco años de cárcel tras ser acusados de cohecho, obstrucción a la investigación, infidelidad en la custodia de documentos  con grave daño y alteración de bases en sistema de tratamiento de información.

Patricio Hernández y el abogado Edgardo Arriagada cobraban -según la Fiscalía- a detenidos por conducción en estado de ebriedad para hacer modificaciones en los oficios de las causas investigadas y así frenar las diligencias indagatorias.

Este procedimiento habría ocurrido en al menos 12 casos.

“Uno de ellos realizaba solicitudes de dinero a cambio de omitir antecedentes dentro del sistema informático, que impedían la investigación y persecución penal, entre otras imputaciones. Respecto de otro ex funcionario de la misma Fiscalía, lo que realizó fue modificar el sistema informático para eliminar las diversas causas del sistema, impidiendo la investigación y persecución penal”, detalló el fiscal jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti.

Por su parte, el abogado defensor de Arriagada, José Miguel Devilat, explicó que “estamos solicitando la absolución por delitos informáticos, porque se aportaron antecedentes falsos”, destacando que en la fecha que se acusa a su defendido había un desorden administrativo en la Fiscalía de Puerto Varas.

Mientras que al auxiliar del Ministerio Público, se le acusó de utilizar su clave interna para agregar o quitar datos de los oficios donde se ven los avances de las diligencias.

Al respecto, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Tejo, dijo que la situación marca un hito para que se revisen las autorizaciones de los sistemas operativos de la Fiscalía.

El Ministerio Público pide una pena de cinco años para los involucrados, argumentando que la acusación se va a centrar en la gravedad del delito, por lo que ambos acusados podrían ser condenados.

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