Defensa de imputado por bombazos pedirá la revocación de prisión preventiva
La medida se decretó ya que los delitos que se le imputan “pueden ser calificados como hechos terroristas".
Por Brenda Martínez
Camilo Gajardo Escalona, el supuesto integrante del grupo ecoterrotista Individualistas Tendientes a lo Salvaje (ITS), fue formalizado el pasado viernes por su presunta participación en la colocación de al menos seis artefactos explosivos en la capital.
En el 12° Juzgado de Garantía de Santiago le imputaron cargos por colocación, envío y activación de artefactos explosivos, daños, lesiones de diversa consideración y homicidios frustrados en contexto de la ley sobre conductas terroristas.
En la instancia, se decretó prisión preventiva para el hombre de 28 años por los 150 días que dure la investigación , ya que los casos que se le imputan “pueden ser calificados como hechos terroristas por cuanto causó temor injustificado en la población”.
Tras esto, la defensora penal pública del imputado, Alejandra Rubio, anunció que se enviará un documento para apelar a la medida, ya que acusan que se habría vulnerado una garantía constitucional.
“En la formalización se expusieron argumentos que creemos no sirven ni siquiera como antecedente de carácter indiciario”, explicó.
En ese sentido, detalló que “la única evidencia que vincula a nuestro representado con dos artefactos se obtuvo con una vulneración de la garantía constitucional del derecho de la defensa, pues se privó a nuestro representado de la posibilidad de contar con una defensa letrada al momento de efectuar una diligencia investigativa”.
Por otra parte, recalcó que Gajardo -hasta el momento de su detención- era una persona que “estaba trabajando en una empresa con contrato, inserta en el mundo laboral y que por lo tanto cuenta con arraigo social y familiar. La prisión preventiva no es la única medida que se puede aplicar, pues esta debe ser reservada para ocasiones en que el peso de la prueba sea superior al existente en este es caso”.
Gajardo Escalona es sindicado por su participación en los casos de explosivos que afectaron al ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche; además de la colocación de artefactos en inmediaciones de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile, en la Universidad Raúl Silva Henríquez, y al interior de un bus de la locomoción colectiva.
Asimismo, la fiscalía lo acusa como autor de la detonación en un paradero del Transantiago y el envío de una carta-bomba al presidente de Metro, Louis de Grange.
