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10 de Septiembre de 2019

Cómo se financiarán las FF.AA sin la Ley Reservada del Cobre

Tras la derogación de la Ley Reservada del Cobre, la nueva formula para financiar a las FF.AA contempla un fondo plurianual y otro basal.

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la Ley Reservada del Cobre
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A más de un año desde que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre, principal sustento de las FF.AA desde 1959, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva legislación, que entre otras cosas, contempla un fondo plurianual y otro basal para la adquisición de material bélico y mantenimiento.

Según explicó el mismo Piñera, la medida se llevó a cabo tras “escuchar a la sociedad entera. Planteamos la necesidad de modernizar nuestras instituciones para que cumplan con las exigencias y estándares del siglo XXI”.

“Las FF.AA cumplen muchos propósitos, el primero asegurar nuestra soberanía e integridad como país, pero tienen que ser útiles no sólo cuando la paz se amenaza, sino también, en tiempos de paz cuando somos afectados por catástrofes naturales”, complementó el mandatario.

La nueva ley se basó en nueve puntos que crean un sistema de financiamiento plurianual con amplios controles civiles y democráticos, los cuales, incluyen al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República.

1/Se crea la política de defensa

Principalmente será el criterio orientador de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional que se presentará ante las comisiones técnicas de ambas Cámaras. Este punto contempla la planificación para el desarrollo de la fuerza, con una duración no menor a 8 años y derivará en un plan cuatrienal de inversiones.

2/Fondo plurianual

Permitirá estabilizar las inversiones a mediano y largo plazo que se hagan en material bélico, infraestructura asociada y gastos de sostenimiento.

3/Consejo a cargo del Banco Central

Se crea un consejo que se encargará de la programación y control de flujos financieros y su administración financiera estará a cargo del Banco Central.

4/ Proyección al cuarto año

La Ley de Presupuestos de cada año tendrá la proyección del aporte anual del cuarto año, considerando el programa de inversiones.

5/Aporte basal

Para poder mantener, sostener y actualizar las capacidades estratégicas de las FF.AA. dedicadas a la defensa de nuestra soberanía, las emergencias y catástrofes, la cooperación internacional, la contribución al Estado y la seguridad e intereses territoriales, se establece un aporte basal que se calculará sobre un promedio entregado a las FF.AA en los últimos seis años.

Las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas para emergencias y catástrofes quedarán aseguradas.

6/Fondo de Contingencia

Permitirá enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico severamente dañado como consecuencia de emergencias o catástrofes. También se pueden anticipar adquisiciones necesarias y disponibles, establecidas en la planificación del desarrollo de la fuerza.

7/Tendrá controles civiles

El ministro de Defensa presentará al Congreso y sus comisiones de Defensa el plan cuatrienal de inversiones conforme a la Política de Defensa. Luego el Congreso discutirá y votará en la Ley de Presupuesto la proyección del aporte al 4° año y el aporte anual.

También habrá control de la Contraloría General de la República sobre los decretos que aprueban los proyectos del programa cuatrienal de inversiones vía observaciones y auditorías. Si la Contraloría hace observaciones, el ministro informará al Congreso. Así mismo, la Contraloría fiscalizará el funcionamiento de estas inversiones.

8/Sistema de compras

El Presidente enviará al Congreso un proyecto de ley que regule el sistema de compras, incorporando mecanismos de control civil y democrático, resguardando el secreto o reserva cuando corresponda.

9/Derogación definitiva

A contar del 1 de enero de 2020, los fondos correspondientes a la Ley Reservada del Cobre dejarán íntegramente de ser derivados a las FF.AA. A partir de ese día, los recursos se destinarán a las arcas fiscales para financiar las necesidades más urgentes de los chilenos, según lo determine el Gobierno y el Congreso de modo gradual en un plazo de 12 años.

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