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24 de Septiembre de 2019

Funcionarios públicos no podrán comprar en el comercio ambulante en Santiago

Felipe Alessandri, afirmó que “como funcionarios públicos tenemos que predicar con el ejemplo y por lo mismo hacer cumplir la ley y no fomentar al comercio ambulante ilegal comprándole sus productos”.

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Comercio ambulante
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La municipalidad de Santiago envió un oficio a todas las entidades públicas que operan en la comuna, llamando a los ministros de Estado, directores y jefes de servicios a instruir a sus funcionarios a no comprar en el comercio ambulante ilegal.

El documento va acompañado de afiches con la frase “los funcionarios públicos predicamos con el ejemplo. Comprar en el comercio ambulante ilegal es una falta”.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, afirmó que “como funcionarios públicos tenemos que predicar con el ejemplo y por lo mismo hacer cumplir la ley y no fomentar al comercio ambulante ilegal comprándole sus productos”.

En la misma línea, detalló que el oficio se envió “a 59 instituciones estatales que tienen su sede en la comuna para que instruyan a sus funcionarios a no adquirir cosas en la vía pública, porque detectamos en terreno, y a través de nuestras cámaras, que algunos son clientes habituales, especialmente en las mañanas”.

El documento explica que se han identificado a los funcionarios con sus credenciales comprando y recuerda que los clientes de los ambulantes ilegales se arriesgan a multas, de acuerdo a la Ordenanza N°59, de entre 1 y 3 UTM, es decir, de hasta $147.000.

“Con este llamado queremos respaldar a los comerciantes establecidos y a quienes tienen autorización para vender en la vía pública, quienes con la reducción de los vendedores informales subieron sus ventas en cerca de un 30%. La próxima semana también invitaremos a las grandes empresas del casco histórico a sumarse a esta iniciativa, que marca una nueva etapa del Plan Comercio Justo”, agregó la autoridad comunal.

Desde enero de 2017 al 31 de agosto de 2019, se han decomisado en la comuna 251 toneladas de alimentos sin resolución sanitaria que se vendían en la vía pública; 195.330 artículos de diversos tipos; 260.891 prendas de ropa falsificada; 69.035 prendas de vestir y 9.027 carros utilizados en la venta de alimentos sin autorización.

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