Fallida acusación constitucional: El nuevo revés de Álvaro Elizalde al mando del PS
Elizalde comenzó su segundo período al mando del PS con polémicas en torno a su reelección, denuncias que derivaron en una fallida acusación contitucional contra Marcela Cubillos.
Por María Gabriela Salinas
Lograron presentar la acusación constitución, pero no llevarla a cabo: la gestión de Álvaro Elizalde en el Partido Socialista tuvo un nuevo revés político al fracasar en su proyecto de llevar a la ministra de Educación a la instancia legislativa, provocando además una fractura en la oposición.
La fallida acción liderada por el PS se suma a una gestión compleja, marcada por desacuerdos y polémicas al interior del partido, que han mantenido al presidente de la colectividad no sólo enfrentado con el Gobierno, sino que también con los propios militantes.
Todo comenzó el domingo 26 de mayo, cuando Álvaro Elizalde se dio por ganador de las elecciones internas del PS a pesar de que su contendora, la diputada Maya Fernández, se declaró como la primera mayoría individual.
Según el comando de Elizalde, su lista había recibido más del 70% de las preferencias. Sin embargo, los partidarios de la diputada Fernández, afirmaban que el senador solo había obtenido el 55%.
Asimismo, los adherentes de la diputada exigían respetar la primera mayoría aun cuando el ex vocero de Gobierno poseía más cupos para la conformación del comité central del partido.
Dos semanas y medio después, el PS entregó los resultados definitivos: la lista del senador logró 21 integrantes en el comité central, mientras que el sector de la nieta de Salvador Allende ingresó nueve miembros. En cuanto a la votación individual, Fernández se impuso por 4.573 votos, siendo seguida por Elizalde (4.327) e Isabel Allende (2.494).
Tras anunciar a los ganadores, las elecciones siguieron en la polémica. El viernes 21 de junio, el Tribunal Supremo del partido determinó anular los comicios realizados en San Ramón y en otras 19 localidades. En el caso de San Ramón, además, se pidió una “intervención urgente” por posibles vínculos con el narcotráfico.
Las denuncias aparecieron por primera vez en 2017 con un reportaje de Informe Especial de TVN. El entonces alcalde, Miguel Ángel Aguilera -quien además era vicepresidente del PS- fue acusado de tener a funcionarios presuntamente vinculados al narcotráfico en dicha alcaldía. De regreso a junio de 2019, un nuevo reportaje, esta vez de Canal 13, cuestionó el padrón electoral, asegurando que habían participado ex militantes que habían sido expulsados del partido por la misma denuncia.
Días después, Elizalde aseguró que las supuestas irregularidades no cambian los resultados. “La comuna de San Ramón no afecta en lo absoluto el resultado global. De hecho, si se saca del cómputo global la comuna de San Ramón, los resultados son muy similares en términos globales”, dijo. En tanto, el 9 de agosto, los dirigentes socialistas determinaron congelar el padrón de San Ramón.
Acusación constitucional
La primera vez que se habló de una eventual acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos fue a principio de junio de 2019.
Los diputados socialistas Juan Santana y Manuel Monsalve participaron de un comité para evaluar la acción. Sin embargo, recién el 8 de agosto se planteó públicamente la opción. Para hacerla efectiva, necesitaban completar 10 firmas.
Todo reflotó el 19 de agosto, cuando la bancada de senadores socialistas anunció la suspensión del diálogo con La Moneda, luego de las palabras de la vocera Cecilia Pérez en contra de la colectividad cuando se le preguntaba por una eventual acusación contra Cubillos.
Pérez expresó: “Nos hemos enterado hoy por parte del PS que esta semana estarían evaluando presentar una acusación constitucional contra nuestra ministra de Educación, Marcela Cubillos, y uno solamente puede hacer una reflexión, una reflexión a compartir con los chilenos: ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico”.
Días después, el 20 de agosto, el propio Elizalde confirmó que los parlamentarios del PS evaluaban la acusación contra Cubillos. “Si los diputados estiman que la ministra de Educación está empeñada en hacer fracasar el Sistema de Admisión Escolar saltándose la ley, su obligación es pedir que se investigue a través del mecanismo que la acusación constitucional dispone”, señaló.
El bloqueo duró 10 días. El 1 de septiembre la ministra dijo no creer que el PS tenga vínculos con el narcotráfico y el partido se abrió a levantar el veto. Si bien Elizalde consideró que la aclaratoria fue insuficiente y tardía, el veto fue levantado.
Paralelamente, las negociaciones del PS siguieron y el libelo fue firmado por un grupo transversal de parlamentarios, incluso miembros del Frente Amplio, quienes en un principio se habían desmarcado del proceso.
De esta forma, Gabriel Ascencio (DC), Boris Barrera (PC), Natalia Castillo (RD), Tomás Hirsch (PH), Rodrigo González (PPD), Claudia Mix (Poder), Emilia Nuyado (PS), Juan Santana (PS), Alexis Sapúlveda (PR), Esteban Velásquez (FRVS) y Mario Venegas (DC) presentaron el documento el 5 de septiembre ante el Congreso.
La iniciativa no prosperó: cuatro diputados opositores votaron en contra de la acusación y dos se abstuvieron, entre ellos Patricio Rosas, independiente que renunció al Partido Socialista el 14 de junio.
Fuentes al interior del partido expresaron a EL DÍNAMO que actualmente se encuentran en un período de reflexión y análisis por el fallo adverso, teniendo el mayor resguardo en cuidar el trabajo que se está haciendo en la Cámara de Diputados. Asimismo, los militantes valoran que el tema de la educación pública haya vuelto a la agenda del país.
