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La drástica reforma de las Fuerzas Especiales de Carabineros

Una de las medidas que aplicaron durante la crisis social fue volver a entrenar a los funcionarios de Fuerzas Especiales que ya estaban certificados para utilizar las escopetas antidisturbios.

Por , 13 de Diciembre de 2019
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Desde hace algunos años, Carabineros se ha visto envuelto en una serie de casos judiciales que han puesto a la institución uniformada en una profunda crisis. Casos como el homicidio de Camilo Catrillanca, la investigación por millonarios fraudes y las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde el 18 de octubre han puesto sobre la mesa la opción de reformar la institución.

Sin embargo, no fue hasta que se revelaron las conclusiones del informe de Human Rights Watch (HRW) que las autoridades pensaron en la opción real de cambiar desde las bases de las Fuerzas Especiales de Carabineros.

En concreto, el informe asegura que se han cometido violaciones a los derechos humanos desde el pasado 18 de octubre, el día que estalló la crisis social. Además entregó cifras de heridos y fallecidos durante estos casi dos meses, cifras que fueron rechazadas por la institución.

De acuerdo al informe de HRW, se registraron 11.564 personas heridas; sin embargo, los uniformados destacan que “conforme a la información proporcionada por el Departamento de Análisis Criminal (…) se mantiene un registro de 1.195 personas civiles lesionadas, ello al 2 de diciembre de 2019”.

Por otra parte, rechazaron las denuncias por abusos sexuales cometidos por carabineros, y aseguraron que existen 74 denuncias “sin que existan elementos de convicción que permitan sostener la efectividad de tales relato”.

Tras el mencionado informe que entregaron al Gobierno en respuesta al de HRW se inició el proceso de cambio en la institución.

Una de las primeras medidas fue crear un consejo para la reforma de Carabineros, la que está integrada por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil; el ex ministro del Interior, Jorge Burgos; el ex subsecretario de Prevención del Delito y actual alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira. A ellos se suman la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz; el director del INDH, Sergio Micco;  el ex presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y los subsecretarios Rodrigo Ubilla, Lorena Recabarren y Katherine Martorell, entre otros.

Sobre la labor del consejo, Blumel destacó que “se va a enfocar en revisar todo lo que veníamos haciendo en la modernización de Carabineros para ver si están a la altura de lo que se requiere; en segundo lugar, para abordar el tema de orden público; y, tercero, tenemos que ver cómo estas actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los derechos humanos”.

Sobre lo mismo, se informó que se impuso un plazo de 50 días para entregar sus conclusiones sobre la reforma.

Más capacitación

Otra de las medidas fue volver a entrenar a los funcionarios de Fuerzas Especiales que ya estaban certificados para utilizar las escopetas antidisturbios. Esto tras las alarmantes cifras entregadas por el INDH, las que señalan que 1.555 personas han sido heridas por perdigones y 183 han sufrido lesiones por balines.

El jefe de la Zona de Control Público e Intervención Policial, general Jorge Ávila, explicó en aquella oportunidad que son 1.012 uniformados que están certificados para hacer uso de las escopetas.

“En este minuto está en proceso de ejecución un programa de reentrenamiento en el uso de la escopeta. Un nuevo curso para el personal que ya está certificado y que, de acuerdo a las últimas instrucciones, puedan manipular estas herramientas”, contó a La Tercera.

Además, argumentó que los funcionarios que hacen uso de la escopeta antidisturbios reciben una capacitación que “dura 15 días, con 150 horas de instrucción presencial. Son clases teóricas y prácticas. Luego una resolución de la Dirección de Educación y Doctrina de Carabineros valida a estos efectivos como capacitados para usar el arma”.

El anuncio de un cambio

Sin embargo, los cambios más profundos del último tiempo fueron anunciados el pasado jueves 12 de diciembre por el general director de Carabineros, Mario Rozas.

Las medidas apuntan directamente a materias de control del orden público (COP), incluyendo el cambio de denominación de los funcionarios de Fuerzas Especiales, quienes desde ahora se llamarán “Unidades COP”.

Rozas informó que las medidas incluyen suprimir la Zona Santiago de Control de Orden Público e Intervención Policial, dando origen a dos nuevas prefecturas de Control de Orden Público en la Región Metropolitana (Este y Oeste).

En ese sentido, se decretó que cada región tendrá unidades especializadas en el Control del Orden Público, dependientes de los mandos zonales.

Según la máxima autoridad de la institución, también se acogerán las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales y nacionales, además de las de la sociedad civil, con el fin de mejorar los operativos en un marco de respeto de los Derechos Humanos.

“Lo vamos a realizar sobre la base de la sociedad civil, vamos a solicitar ayuda para que instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y toda aquella institución de la sociedad civil nos pueden ayudar a actualizar nuestra tácticas y técnicas de control del orden público”, señaló Rozas.

Asimismo, detalló que la creación de la especialidad de Control de Orden Público servirá para instalar las competencias específicas del personal de COP.

Junto con este anuncio, el general director dio a conocer a quienes conformarían el alto mando en 2020. En aquel anuncio señaló que llamó a retiro al jefe de la Zona Control Orden Público e Intervención, general Jorge Ávila Corvalán, cuya repartición era la encargada del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (Gope), Radiopatrullas y Fuerzas Especiales (FF.EE).

En ese línea también llamó a retiro otros 3 generales: Rodrigo Vicencio, jefe I zona Tarapacá; Roberto Machuca, jefe XII zona Magallanes y Antártica Chilena, y Rodrigo Ramos, secretario general y director de Planificación y Desarrollo.

Además, Rozas solicitó que ocho funcionarios vinculados con casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social dejaran la institución.