El complejo momento de la jueza Karen Atala
El nombre de la magistrada, titulada de la Universidad de Chile, sonó fuerte en nuestro país en 2003, tras una demanda que hizo su ex marido por la tuición de sus tres hijas.
Por Brenda Martínez
Una compleja situación vive la jueza Karen Atala, quien denunció ante el Ministerio Público haber sido amenazada en redes sociales, luego de que declaró legal la detención de un joven por parte de carabineros de civil en las cercanías del cerro Santa Lucía, lo que quedó registrado en un video.
Según lo expuesto por Atala, las amenazas en su contra se deben a que en la audiencia de formalización decretó legal la aprehensión, desestimó revisar el video de la detención y dejó al joven en prisión preventiva durante los 60 días que durará la investigación.
El nombre de la magistrada, titulada de la Universidad de Chile, sonó fuerte en nuestro país en 2003. Tras una demanda que hizo su ex marido por la tuición de sus tres hijas, luego de que ésta asumiera que era lesbiana.
La confesión causó el quiebre. Sin embargo, todo se complicó cuando Atala decidió vivir con su nueva pareja junto a sus hijas.
Ante esto, Jaime López, ex de la jueza, estampó una demanda en tribunales argumentando que la mujer “no se encontraba capacitada para velar y cuidar de las tres niñas, dado que su nueva opción de vida sexual sumada a una convivencia lésbica con otra mujer estaban produciendo (…) consecuencias dañinas al desarrollo de estas menores”.
Pero Atala no se quedó de brazos cruzados e inició una serie de acciones judiciales para seguir a cargo de sus hijas. Pero la Cuarta Sala de la Corte Suprema le dio un duro golpe cuando decidió acoger los argumentos de López y le otorgó la tuición definitiva al padre de las menores.
Pese a la resolución de la corte, la abogada insistió en su lucha por recuperar a las niñas. Por lo que acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que acogió su petición y entregó una serie de recomendaciones a Chile para evitar la discriminación por orientación sexual y reparar el daño generado a la jueza.
Sin embargo, una de las condiciones era que si no se cumplían las recomendaciones, se iniciaría un juicio en contra del Estado Chileno, lo que finalmente ocurrió en 2010.
“El caso también está ligado con la inobservancia del interés superior de sus hijas, cuya custodia y cuidado la Comisión consideró que fueron determinados en violación de sus derechos”, indicaba el comunicado del organismo.
“Este caso permitirá a la Corte IDH pronunciarse por primera vez sobre la incompatibilidad de este tipo de discriminación con la Convención Americana”, rezaba el documento.
Finalmente, en 2012 se entregó la resolución de la corte internacional, la cual se mostró en favor de la jueza, señalando que el Estado chileno es “responsable por la violación al derecho a la igualdad y la no discriminación”.
De acuerdo a la sentencia de la CIDH, el Estado debía brindar la “atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas que así lo soliciten”.
En ese sentido, también ordenaron que se debía efectuar la publicación de la sentencia en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, junto a un acto de reconocimiento público “de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso”.
El dictamen impuso implementar, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y, particularmente, a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama, así como “pagar determinadas cantidades por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda”.
Tras este fallo, la jueza no quiso referirse al tema. Pero Kena Lorenzini, quien asumió como su vocera en aquel momento, sostuvo que “ella (Atala) está muy emocionada con el fallo y siente que se sacó el estigma de ser mala madre”.
Por su parte, el abogado de la magistrada, Jorge Contesse, señaló en aquella oportunidad -respecto a la posibilidad de apelar para que Atala recuperara la tuición de sus hijas- que “siempre se puede apelar”, pero explicó que se su clienta nunca tuvo esa intención al momento de demandar al Estado.
Actualmente la jueza Karen Atala es parte del directorio de la Fundación Iguales.
