El enfrentamiento entre el Gobierno y la ONU por la Ley Antisaqueos
Mientras del organismo aseguran que la nueva legislación no cumple con los acuerdos internacionales que Chile ha firmado, desde La Moneda responden que "el derecho a reunión pacífica no se vería coartado por la tipificación de este delito".
Por Hernán Claro
Pese a que ya fue publicada en el Diario Oficial, la denominada Ley Antisaqueos (N°21.208), que aumenta las penas para los delitos de saqueos y las interrupciones al tránsito, como el denominado “el que baila pasa” y barricadas, fue criticada por la la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A través de uno de sus altos comisionados, el organismo internacional aseguró que la legislación “criminaliza las manifestaciones”.
La solicitud fue enviada por el relator especial de la ONU sobre Libertad de Asociación y Asamblea Pacífica, Clement Nyaletsossi, quien manifestó su preocupación por la nueva ley.
Según argumentó Nyaletsossi en el documento al que accedió Radio Biobío, se debe hacer una distinción entre el uso de la violencia y las protestas pacíficas porque “si bien los actos de robo, saqueo o daños son conductas ilegales y punibles, en esta instancia el legislador parece estar fallando en distinguir entre interrumpir la libre circulación mediante violencia, y la simple interrupción durante manifestaciones”.
“Que sea autorizada o no (una manifestación), instalar obstáculos o interponer vehículos en la vía pública en el contexto de las manifestaciones es un fenómeno común que no debe ser criminalizado, ni tampoco los participantes, ya que no equivale necesariamente a la violencia”, complementó.
Además, el representante de la ONU afirmó que la nueva legislación es “preocupante”, sobre todo por el nuevo contexto local que “ha caracterizado el país desde el octubre pasado y por el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes”.
La respuesta del Gobierno a la ONU
Al respecto, desde La Moneda no tardaron en responder y aseguraron que “el derecho a reunión pacífica no se vería coartado por la tipificación de este delito”.
Para solucionar el conflicto que genera la legislación, desde la ONU pidieron al Gobierno explicar cómo adecuarán el nuevo marco normativo a los compromisos y estándares internacionales adquiridos por Chile ante el organismo, como por ejemplo, “garantizar la protección del derecho a la libertad de reunión pacífica, tanto a nivel administrativo como a nivel operativo”.
Frente al requerimiento, desde La Moneda enviaron una carta a la Misión Permanente de Chile en Suiza donde aseguraron que “no existe una afectación a las libertades de reunión y asociación”.
“En efecto, tal como se señaló por senadores -como Felipe Harboe- que intervinieron en el estudio del proyecto de ley, el derecho a reunión pacífica no se vería coartado por la tipificación de este delito, ya que, de acuerdo a un ejemplo puesto: si un grupo de personas se cruza de brazos e interrumpe completamente el tránsito en una calle no queda sancionada por esta disposición”, detallaron.
Luego, el Gobierno profundizó aún más en sus argumentos y explicaron que “se permite que las personas manifiesten sus opiniones en la vía pública, perturbando e incluso interrumpiendo el tráfico, siempre que lo hagan de manera pacífica”.
Sin embargo, en caso de hacerlo usando barreras, estorbos, barricadas u obstáculos en general sí se sanciona porque “este tipo de elementos ponen en grave peligro la vida y la integridad física de quienes circulan en vehículos”.
