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Gobierno se querella por Ley de Seguridad del Estado contra alcaldes por cortar rutas en Ñuble

“Estos alcaldes bloquearon acceso a un hospital a 8 adultos mayores. Esto no solo es inaceptable e inhumano, constituye un delito y una grave falta funcionaria”.

Por Redacción/EL DÍNAMO, 1 de Abril de 2020

Gonzalo Blumel, ministro del Interior, anunció la presentación de una querella por Ley de Seguridad del Estado contra los alcaldes de Quirihue, Richard Irribarra (PRSD), y Coelemu, Alejandro Pedreros (IND Nueva Mayoría), por cortar rutas en la Región del Ñuble, impidiendo que adultos mayores pudieran cumplir sus cuarentenas preventivas por coronavirus.

Blumel detalló en redes sociales que “estos alcaldes bloquearon acceso a un hospital a 8 adultos mayores. Esto no solo es inaceptable e inhumano, constituye un delito y una grave falta funcionaria”.

“Nos querellaremos en contra de ambos por Ley de Seguridad del Estado y, además, presentaremos denuncia a la Contraloría General de la República”, agregó.

Por su parte, el intendente de Ñuble, Martín Arrau, solicitó a la Fiscalía indagar lo sucedido, apuntando que “no vamos a permitir que personas cometan delitos y afecten derechos fundamentales de nuestros adultos mayores”.

El ministro Blumel profundizó sus palabras en La Moneda, señalando que “quisiera señalar que ese es un hecho extraordinariamente grave en donde se cometieron delitos bloqueando las rutas, bloqueando los accesos a personas que tenían que acceder a atención sanitaria y atención hospitalaria y no sólo son hechos graves por lo que significa el bloqueo de la ruta sino que también revelan una falta de humanidad gigantesca en un minuto donde todos tenemos que ponernos a disposición de la Autoridad Sanitaria para colaborar en las medidas que se necesitan para contener esta pandemia”.

Asimismo, el titular de Interior reiteró sus críticas, diciendo que “lo que han hecho estos dos alcaldes que no representan el sentir de la mayor parte de los alcaldes de Chile”, porque a su juicio no representan la vocación de servicio de los jefes comunales en general, mientras que calificó como un acto “inhumano” poner en riesgo a los adultos mayores que necesitaban acceder a una atención hospitalaria.