Comisión del Senado descarta rebaja transitoria del 50% de la dieta parlamentaria
De esta manera se busca que sea el Consejo de la Alta Dirección Pública fije la dieta hasta que el órgano autónomo defina estos salarios.
Por Cristián Meza
La Comisión de Constitución del Senado inició la discusión en particular del proyecto de ley que apunta a la rebaja de la dieta parlamentaria y remuneraciones de altos cargos públicos.
Esto, luego que el pasado martes se terminara el plazo para la presentación de indicaciones, donde el Gobierno retiró su propuesta de eximir de la reducción transitoria de sus salarios al Presidente, ministros y subsecretarios y que su sueldo sea fijado cada cuatro años por el Ministerio de Hacienda.
Por su parte en medio de la discusión, la instancia parlamentaria llegó a un consenso tras una propuesta de los PS Alfonso de Urresti y José Miguel Insulza, junto al PPD Felipe Harboe, aceptada por Chile Vamos, la cual descarta la iniciativa de la Cámara de Diputados que apuntaba a una rebaja transitoria del 50% de la dieta hasta que un órgano distinto lo fije de manera definitiva.
Insulza explicó a radio Cooperativa que “dejemos de lado y afuera la guerra de los guarismos, si vamos a bajar esto o esto otro durante la transición, no tengamos una transición demasiado larga y hagámoslo ya, y para hacerlo ya y que sea un régimen estable y sencillo, lo mejor es que sea el Consejo de la Alta Dirección Pública la que fije transitoriamente, mientras se forma la comisión, hace todos sus estudios y ya fija las remuneraciones definitivas para los próximos períodos”.
De esta manera se busca que sea el Consejo de la Alta Dirección Pública fije la dieta hasta que el órgano autónomo defina estos salarios, los cuales debería comenzar a aplicarse a partir del próximo periodo presidencial.
El senador UDI Víctor Pérez detalló que “me parece bien entregarle a la Alta Dirección Pública la primera definición para no tener que esperar que se constituya la comisión definitiva, con todo lo que es el debate que eso significa”.
A esto se suma que el proyecto solo afecte al Congreso, a ministros, subsecretarios, jefes superiores de servicios, gobernadores regionales y delegados presidenciales regionales, y no a los 12 mil funcionarios públicos solicitados por la Cámara de Diputados.
