Tribunal decreta prisión preventiva para imputado por femicidio en La Serena
El juzgado concedió un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, en el cual incluso podría configurarse otro ilícito si se llegara a establecer si el sujeto tenía permiso para portar armas.
Por Cristián Meza
En el Juzgado de Garantía de La Serena, la Fiscalía local formalizó al imputado I.A.C.M., quien es investigado en su presunta responsabilidad en el femicidio de su conviviente, Yulissa Cerda Aguilera, en el sector de Las Compañías.
La Fiscalía comunicó los cargos a investigar, los cuales indican hasta ahora que el femicidio ocurrió al interior de la casa habitación en que estaba la víctima, a la cual había llegado el sujeto.
“Luego de la ocurrencia de los mismos hechos, que suceden en el domicilio de víctima e imputado quienes eran convivientes, se desplaza la víctima hacia un consultorio con ayuda del imputado y los vecinos y luego de eso, el sujeto abandona a la víctima y la deja con un vecino que es testigo, quien consigue las primeras atenciones médicas. Por la gravedad de las lesiones, es derivada hasta urgencia del hospital de La Serena, pero la gravedad de las mismas terminó fallecida”, dijo el fiscal Rodrigo Céspedes.
El sujeto quedó en prisión preventiva, luego de la petición de la Fiscalía. La justificación de la cautelar, según dijo el fiscal, “es que el tribunal dio por acreditado la existencia del delito, la causa la muerte con un arma de fuego, ya que le disparó en dos oportunidades, uno de ellos letal, y presunciones fundadas de su participación, principalmente por declaraciones de los vecinos que lo sitúan en el sitio del suceso, en forma inmediata”, agregó.
El fiscal añadió que la pena asignada al delito de femicidio incluso puede llegar al presidio perpetuo calificado y circunstancias agravantes en contexto de violencia intrafamiliar como el hecho que el sujeto cumplía una pena sustitutiva de robo en lugar habitado del año 2019, también implicaron la justificación de la medida de prisión preventiva.
El juzgado concedió un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, en el cual incluso podría configurarse otro ilícito si se llegara a establecer si el sujeto tenía o no permiso para portar armas.
