Una decisión extrema: el complejo escenario de cerrar una cárcel por COVID-19
Una serie de dudas surgieron respecto a si es beneficioso un posible cierre de un recinto penal del país, considerando el hacinamiento y el contexto de la pandemia.
Por Brenda Martínez
La organización 81 Razones, que reúne a familiares de personas privadas de libertad en distintas cárceles del país, presentó un recurso de amparo en el que pide una revisión de las condiciones sanitarias de la cárcel de Puente Alto, con el fin de propiciar un eventual cierre del recinto.
En ese contexto, el requerimiento argumenta que la pandemia del COVID-19 sólo ha empeorado las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los reclusos, donde en torres que son para 30 o 50 personas, ahora hay más de 100 reclusos.
Ante esto, el Juzgado de Garantía de Puente Alto solicitó al Ministerio de Justicia que evalúe un eventual cierre parcial de cárcel de Puente Alto y ordene el traslado de internos a otros centros penitenciarios de la Región Metropolitana.
Esta determinación judicial provocó una serie de dudas respecto a si es posible un cierre de un recinto penal del país, considerando el hacinamiento que ya presentan y el contexto de la pandemia.
Al respecto, el ex director de Gendarmería, Claudio Martínez, explicó a EL DÍNAMO que esta medida sería una “sobrereacción a la situación que estamos viviendo. Trasladar a los presos a otra cárcel no resuelve realmente el problema, más bien lo agrava en los recintos penales que eventualmente sean los receptores de esta población penal”.
Asimismo, señala que, por su diseño estructural, la cárcel de Puente Alto “tiene módulos bastante fáciles de controlar y aislar. Por lo tanto Puente Alto, así como San Miguel, Colina 1 y otras cárceles en Chile, reúnen las condiciones necesarias para poder aislar a quienes se vayan contagiando”.
En ese sentido, destaca que las medidas que ha tomado Gendarmería han sido “oportunas y necesarias”, por lo que descartó totalmente la posibilidad de trasladar a los presos.
Esta última apreciación de Martínez coincide con lo señalado por el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien argumentó el pasado miércoles que “precisamente por una serie de medidas e iniciativas que hemos estado aplicando directamente en dicha unidad penal, hoy en día hemos logrado disminuir los casos de nuevos contagiados”.
“Ha sido testeada la totalidad de la población penal en dicha cárcel, de esos 277 casos que fueron los confirmados, hoy en día hay 86 casos recuperados y hemos aplicado otra serie de medidas preventivas, lo que nos ha permitido, por ejemplo, vacunar contra la influenza a la totalidad de la población penal”, agregó.
En ese contexto, desde el ministerio señalaron que se logró disminuir de 1.200 a 800 las personas que se encuentran en dicha cárcel, por lo tanto está por debajo de su capacidad, ya que el recinto tiene espacio para 900 personas.
Además, sostuvieron que se han trasladado a varias personas que se encuentran sanas bajo estrictos controles sanitarios a otras unidades penales del país.
Consultado sobre qué escenario podría motivar el cierre de un recinto penal durante la emergencia del COVID-19, el ex director de Gendarmería señala que esto podría suceder en cárceles donde no se pueda aislar adecuadamente a los internos contagiados.
“En esos casos donde no se puede separar a la población penal habría que tomar una decisión de ese tipo. Hay algunas cárceles en Chile que reúnen condiciones de hacinamiento que son de alto riesgo”, agregó, asegurando que uno de ellos es la ex Penitenciaria.
“En ese recinto (ex Penitenciaria) resultaría muy complejo poder controlar un eventual brote del virus. Pero eso resulta impensable por la cantidad de presos. De modo que cerrar un penal es un escenario complejo. Una decisión extrema que sería cuando ya no haya ninguna posibilidad de controlar los contagios”, concluyó Martínez.
