Gobierno ingresará veto para proyecto que prohíbe corte de servicios básicos
Según el ministro Claudio Alvarado, con el ingreso no se verían afectados los beneficiados contenidos en la ley para los ciudadanos.
Por Hernán Claro
Tras semanas de negociaciones, el Gobierno confirmó que finalmente ingresará durante los próximos días un veto presidencial para modificar el proyecto de ley aprobado en el Congreso, que prohíbe los cortes de servicios básicos por no pago mientras dure la pandemia del COVID-19 y su respectivo estado de excepción.
La información fue ratificada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, quien en conversación con radio Universo explicó la fórmula que buscan desarrollar en La Moneda.
Según dijo, “la ley de servicios básicos se está trabajando con los sectores, con Telecomunicaciones, con Energía y con Obras Públicas, y lo que nosotros buscamos es cuidar a las personas”.
“O sea, asegurar que tengan su suministros básicos, ya sean electricidad, agua, gas, redes de conectividad e incluso si tienen dificultades para pagar. Pero queremos que esto se haga dentro de un contexto en que no genere problemas con la institucionalidad vigente“, complementó Alvarado.
Los detalles del veto presidencial
Respecto al veto presidencial, el ministro Alvarado sostuvo que sería del tipo sustitutivo para hacer ciertos ajustes, a ojos de La Moneda, necesarios.
“Son acciones que no afecten los beneficios que establece la ley para las personas, sino que hacerle acomodos y ajustes suficientes y necesarios para mejorarla, de tal manera que esos beneficios sean acorde a su situación”, precisó la autoridad.
Aseguró además que el veto presidencial que ingresarán en los próximos días “es una propuesta que se hace al Congreso, pero yo le puedo dar garantías de que no va a tener ningún impacto en los beneficios que están acordados para las personas“.
Por último, la autoridad indicó que hay plazo hasta el 11 de julio para ingresar el veto presidencial, por lo que se debería hacer durante esta semana.
La decisión no fue bien recibida por los partidos de oposición, quienes criticaron en duros términos a la administración Piñera. Por ejemplo, desde la DC, la senadora Ximena Rincón aseguró que el mandatario “está esperando que la clase media le suplique, que los más necesitados le rueguen”.
“Presidente, su deber es gobernar pero para todos, no para unos pocos que no tienen problemas. Su agenda la hemos apoyado y respaldado proyectos, pero nos falta la clase media”, afirmó Rincón.
