Abogado Juan Pablo Hermosilla: “La iglesia está de nuevo en una posición de negar los abusos”
A 10 años de liderar la denuncia contra Fernando Karadima y poco más de un año del caso de Renato Poblete, el abogado hoy lidera una demanda contra la Compañía de Jesus por $480 millones para víctimas de abuso.
Por María Gabriela Salinas
En abril de este año se cumplió una década desde las denuncias contra Fernando Karadima. Sin embargo, en 10 años la situación no ha cambiado: sólo hace dos meses, víctimas de abuso sexual demandaron a la Compañía de Jesús por $480 millones. Ambos casos cuentan con el mismo abogado, Juan Pablo Hermosilla, quien afirma que pese a los esfuerzos realizados, la iglesia católica ha retrocedido en el tema de los abusos sexuales contra menores.
“Es curioso… Siento que el Vaticano entiende más el tema; creo que la iglesia católica chilena está peor que antes. Me ha pasado de mandar cartas pidiendo compensaciones por daños de abusos acreditados por el Vaticano… ¡y no me contestan las cartas!”, cuenta Hermosilla en entrevista con EL DÍNAMO.
Según la percepción del abogado -hoy miembro de la Fundación para la Confianza, “hay una especie de regresión, algunos miembros de la iglesia están de nuevo en una posición de negar los abusos y negar su responsabilidad, también maltratando a las víctimas”.
Juan Pablo Hermosilla también está a cargo del caso de Marcela Aranda, profesora de teología que denunció haber sido víctima de abusos sexuales durante años por parte del sacerdote jesuita Renato Poblete. Consultado sobre estos casos mediáticos, junto a otras querellas que podrían venir contra la iglesia, el abogado reconoce que se torna difícil la denuncia en este tipo de abusos porque “es una especie de delito perfecto”.
“Hágale algo atroz a una persona joven que le de vergüenza contarlo. Así se aseguran que no haya denunicia, por eso es tan grave el sistema encubrimiento brutal e institucional de, por ejemplo, la Compañía de Jesús en los abusos de Juan Miguel Leturia. Las autoridades jesuitas derechamente taparon el tema“, dice Hermosilla en referencia a las denuncias contra el sacerdote fallecido en 2011, entre ellas la del actor Álvaro Gómez, quien dijo haber sufrido tocaciones durante su época escolar por parte del cura.
“Falta una comprensión de lo grave de lo que hicieron, el impacto que sufrieron esos jóvenes es doble: no solo es el abuso, sino que cuando ellos denuncian, en vez de ser apoyados, la iglesia los maltrata”, concluye el abogado.
Importancia de la indemnización
En marzo de 2019, la Corte de Apelaciones de Santiago falló en favor de una millonaria indemnización solicitada en 2012 por James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo en contra del Arzobispado por los abusos sexuales de Fernando Karadima. Cada uno de los demandantes recibió un cheque por $146.935.981.
Para Juan Pablo Hermosilla este tipo de demandas civiles son fundamentales, ya que no solo determinan las responsabilidades que tienen las instituciones -en este caso la iglesia católica- en abusos sexuales a menores, sino que también permite costear tratamientos para tratar de subsanar daños “que son para toda la vida”.
“Ha costado entender el daño que se causa con los abusos sexuales. Quedan secuelas muy graves, se alteran proyectos de vida. No se trata de dos personas discutiendo en la calle y que una le pega un puñeta al otro -que también es grave- sino que son personas que sufrieron profunda daño emocional que les cambió la vida”, dice el abogado en conversación con EL DÍNAMO.
Hermosilla es patrocinante de la demanda de cuatro ex alumnos del Colegio San Ignacio de El Bosque en contra Compañía de Jesús, víctimas de abuso sexual por parte del sacerdote Jaime Guzmán, pidiendo una indemnización de $480 millones. La causa fue ingresada en agosto y recién en octubre se notificó a la congregación de la acción judicial
Guzmán fue encontrado culpable de abusos en 2011 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo condenado con la suspensión del ejercicio público del ministerio sacerdotal y la prohibición de tener contacto con menores de edad por 5 años. El sacerdote fue expulsado de la congregación en julio de 2019.
Libertad de culto y nueva constitución
“No soy religioso, no soy creyente, pero creo que la libertad de culto es fundamental para la democracia. En el nuevo orden constitucional que surja, debe estar la libertad religiosa“, comienza explicando Juan Pablo Hermosilla sobre su postura de la situación de las iglesias en una futura Constitución.
La actual Carta Fundamental establece la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Esto, entre otros, faculta a las iglesias a establecer su propia organización interna y jerarquía, crítica entre algunos que consideran que esto puede perpetuar el secretismo al interior y el encubrimiento de abusos.
Hermosilla dice que la garantía de la libertad de culto no puede eximir de responsabilidades institucionales en caso de delitos, sobre todo lo referente a abusos sexuales a menores. “En el nuevo orden no solo no debiera haber secretos, sino que tiene que haber una transparencia forzada para prevenir que estas cosas sigan sucediendo”, explica.
“Se debe estudiar una forma de garantizar la libertad de culto, pero al mismo tiempo evitando que se escondan crímenes gravísimos. Ese es un gran desafío que debiera estar en la discusión de los últimos meses”, concluye el abogado.
