El lento camino judicial de las víctimas de trauma ocular a un año del estallido social
En los más de 160 casos aún no se ha logrado condenar a ningún funcionario policial que haya participado en los operativos que causaron las graves lesiones.
Por Brenda Martínez
Un año ha pasado desde que Gustavo Gatica, Fabiola Campillai y 161 personas sufrieron graves traumas oculares tras ser alcanzados por balines o bombas lacrimógenas utilizadas en manifestaciones en el contexto del estallido social que se registró desde octubre del año pasado.
De acuerdo al detalle publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), del total de las víctimas, 110 son por lesión causada por trauma ocular, 21 por estallido del globo ocular y 32 es pérdida de visión por trauma ocular irreversible.
Todas estas personas están incluidas en las 2.520 querellas que ha interpuesto el INDH por las denuncias de violaciones a los derechos humanos a nivel nacional.
La lucha por justicia
Los rostros de las víctimas se convirtieron en ícono y razón para que las manifestaciones no cesaran y se escucharan más fuerte las voces pidiendo justicia.
Pese a la presión que ejercieron las manifestaciones sociales y al compromiso del Gobierno y las autoridades de las policías de acelerar las investigaciones y facilitar todos los medios para hallar a los responsables, los disparos continuaron provocando graves lesiones a más de un centenar de personas.
De hecho, en casos como el de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, la investigación judicial ha descubierto que los funcionarios policiales intentaron ocultar información y posibles evidencias, como los videos captados por las cámaras GoPro que portaban al momento de los operativos.
A juicio de Marta Valdés, presidenta de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, organización que se creó a partir del estallido social, esta situación se vuelve más compleja en los casos que no han sido tan ampliamente cubiertos por la prensa, ni tomados en cuenta por las autoridades, en los que es aún más difícil avanzar con las indagatorias.
“Nosotros hemos logrado agrupar a más de 100 personas que han sido víctimas y las investigaciones están muy lentas en todos los casos. Ha existido poco aporte. En realidad, no ha existido ningún aporte por parte de Carabineros. Si lo hubiera, ya habríamos encontrado a los responsables”, comenta Marta Valdés, cuyo hijo sufrió trauma ocular por el disparo de un arma.
La mujer acusa que ha transcurrido demasiado tiempo y no logran destrabar las indagatorias por los casos de traumas oculares provocados tras el estallido social, por lo que también apuntan a que existe una responsabilidad política de quienes están al mando de las instituciones y el Gobierno.
“No solo es quien ejecutó el disparo, sino que también señalamos como responsable al Presidente Sebastián Piñera, a los ministros del Interior y al general director de Carabineros, Mario Rozas (…) sentimos que se obstruye la investigación más que ayudar”, complementó.
Valdés expuso que “si en casos emblemáticos como el de Gatica y Campillai se han demorado tanto, imagínate qué esperanza tenemos nosotros de que efectivamente las demás víctimas tengan verdad y justicia (…) es súper preocupante que a un año de estos hechos todavía no esclarezcan quienes están detrás de esto”.
Lento avance judicial
De acuerdo a lo informado por el INDH, del total de querellas que han ingresado, 2.340 fueron contra funcionarios de Carabineros, 97 contra personal del Ejército, 34 contra la Policía de Investigaciones (PDI). De todas aquellas, 31 fueron formalizadas y sólo 72 funcionarios fueron imputados.
Marta Valdés relata que la investigación por el caso de su hijo tampoco ha experimentado avances y que es frustrante que aún no exista una condena que haya dejado efectivamente tras las rejas a un funcionario policial.
A la fecha, sólo existe una condena para un ex efectivo de Fuerzas Especiales dictada a fines de julio pasado por el Juzgado de Garantía de Rancagua. El policía le lanzó una bomba lacrimógena en la cabeza a un joven que se encontraba a solo nueve metros de distancia, provocándole graves daños.
Sin embargo, el tribunal determinó que los cinco años a los que fue sentenciado se cumplan con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
Valdés recalca que, a su juicio, la justicia no “funciona igual para todos”, ya que sí existen condenas de cárcel para quienes han sido detenidos por hechos de violencia durante las manifestaciones. “Ahí uno se percata que no se opera de la misma forma, porque en algunas investigaciones se avanza muy rápido porque Carabineros muestra las evidencias, pero en los casos de los heridos, no”, reclama.
Este domingo, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular participará de distintas actividades que se realizarán en la capital por el aniversario del estallido social, junto a otras organizaciones que se reunirán principalmente en Plaza Baquedano.
