Presentan querella contra Sebastián Piñera por caso de joven muerto en La Victoria
De acuerdo al documento, los efectivos policiales no estarían dando cumplimiento a los protocolos establecido ante este tipo de incidentes.
Por Hernán Claro
Ante el 10º Juzgado de Garantía de Santiago acudió la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCDH) para ingresar una querella contra el Presidente Sebastián Piñera y otros personeros de Gobierno que resulten responsables por la muerte de un joven en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, durante el aniversario del estallido social el 18 de octubre.
La querella, que ya fue admitida a trámite, busca que el Ministerio Público investigue cuál fue la responsabilidad del mandatario en el hecho, así como también, la del ministro del Interior, Víctor Pérez, y del general director de Carabineros, Mario Rozas. Se quiere determinar si alguno de ellos actuó como autores del delito, cómplices o encubridores.
En el texto ingresado por la CCDH, recordaron cómo fue ese fatídico 18 de octubre donde Aníbal Villarroel (26) terminó fallecido. El incidente ocurrió en las cercanías de la calle Departamental con el pasaje Eugenio Matte.
“Alrededor de las 23 horas, y en circunstancias que la víctima y sus amigos se encontraban refugiados tras un poste de luz (…) un carro lanzagases hace ingreso por pasaje Matte, intempestivamente se abren las puertas del carro, quienes se encuentran en ese lugar, Aníbal y Bastián Salamanca, se percutaron disparos desde dicho vehículo policial, uno de los que impacta de forma directa a las víctimas”, relató la CCDH en el documento.
En esta línea, la agrupación de derechos humanos luego agregó que “Aníbal fue impactado en el extremo superior izquierdo, luego, es auxiliado por vecinos de la población, quien fue llevado al CESFAM y SAPU Amador Neghme, donde posteriormente se constataría que los disparos le habrían causado su muerte”.
CCDH cuestiona protocolos de Carabineros
Otro punto que abordó la CCDH menciona los protocolos que ha aplicado Carabineros en el control del orden público, los cuales calificaron de “insuficientes”.
Según alegó la Comisión Chilena de Derechos Humanos, “ningún funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar fue a prestar ayuda“.
“Estos hechos se enmarcan en una sistemática y permanente política de represión ejercida por el Estado de Chile y sus agentes, resultando masiva y generalizada a partir del mes de octubre del año 2019 a la fecha, desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales del sistema de protección de los derechos humanos, registrándose más de 8.500 denuncias por vulneraciones cometidas en contra de personas inocentes”, afirmaron.
