Hacienda versus Hacienda: el proyecto del ministerio para proteger datos personales que contradice a Briones
De acuerdo a la Fundación Datos Protegidos, el cruce de información que intenta hacer el secretario de Estado es una de las malas prácticas que la legislación impulsada por el Gobierno busca evitar.
Por Hernán Claro
Sumamente caro le costó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la solicitud que envió el ministerio con su autorización a la Superintendencia de Pensiones, para que el organismo entregase datos personales de los afiliados que retiraron el 10% desde sus ahorros de las AFP, como por ejemplo, nombre, RUT y hasta el monto solicitado.
La idea, además de valerle una serie de denuncias ingresadas la Contraloría General de la República y al Consejo para la Transparencia (CPLT), es para algunos expertos y parlamentarios de oposición una contradicción, ya que en paralelo el Gobierno está tramitando en el Senado un proyecto de ley que justamente buscaría impedir la difusión arbitraria de los datos personales.
Se trata del proyecto Protección de Datos Personales que ingresó el mismo Ministerio de Hacienda, además de Economía y de la Secretaría General de la Presidencial, en marzo del 2017.
Esta iniciativa, a más de tres años desde que comenzó su tramitación, sigue en su primer trámite en el Senado, específicamente en la Comisión de Hacienda, donde llegó en marzo y no ha vuelto a ser discutida.
De acuerdo al texto ingresado en la Cámara Alta, se busca establecer que sea el Consejo para la Transparencia el encargado de velar por la protección de la información personal de los chilenos. Además la ciudadanía tendrá el derecho de requerir los detalles de lo datos que manejen las instituciones, a fin de conocer cuál fue su origen y con qué finalidad se están usando.
Incluso, en entrevista con EL DÍNAMO, la directora y fundadora de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus, dijo que la tramitación del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda es “uno de los hechos más preocupantes de la solicitud del organismo“, principalmente, porque “da cuenta de una desconexión total con la necesidad urgente de actualizar nuestra legislación de protección de datos personales”.
“Nuestro llamado es a que el Estado tome el rol de garante de nuestra privacidad a través de una Agencia de Protección de Datos que esté a la vanguardia y exija cumplimientos a la altura de estos tiempos, tanto al sector público como privado, porque el actual régimen de responsabilidad y deberes de conducta que se exigen a quienes realizan tratamiento de datos es deficiente”, solicitó.
Versión de Briones no convence
Luego del escándalo mediático que inició la solicitud de Hacienda, Ignacio Briones salió a defender la medida y alegó que sólo perseguía fines estadísticos.
La autoridad indicó a la prensa que “este oficio no tiene como objeto identificar a nadie en particular y lo subrayo, sino que simplemente hacer lo que se hace recurrentemente en el Estado, que es permitir cruces estadísticos en los sistemas informáticos del Estado”.
Sin embargo, los argumentos de Briones son insuficientes para los expertos en la materia. Según Jéssica Matus, de aprobarse la solicitud de Briones, “se estaría vulnerando el derecho a la protección de datos personales porque el Ministerio de Hacienda únicamente puede realizar su tratamiento en el marco de sus competencias y atribuciones”.
“Además tiene obligación de cumplir las reglas establecidas en la ley 19.628, en especial declarar la finalidad perseguida con dicho tratamiento ante el titular de los datos, en este caso cada persona que accedió al beneficio, lo que no ha sucedido”, agregó.
Sobre la justificación de la autoridad, quien sostuvo que la petición sólo tenía “fines estadísticos”, Matus contestó que si este era el propósito, “entonces, no era necesario relacionar la identidad con el monto que le correspondería a cada una de las personas que recibieron el beneficio, ni a las que ahora les volvería a corresponder en caso de aprobarse el segundo retiro”.
Adicionalmente, cuando el ministro Ignacio Briones dijo que “resultó necesario solicitar las nóminas de afiliados que permiten cruzar información con otras fuentes de datos disponibles”, para la especialista, se incurrió en una de las malas prácticas que “la legislación de protección de datos busca evitar”, puesto que a través de cruces “se puede inferir información sobre la cual las personas no tienen conocimiento, transgrediendo así no solamente la letra de la ley vigente, esto también incumple el estándar constitucional chileno en relación a las expectativas de privacidad”.
El senador del Partido Socialista (PS) y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Montes, indicó a EL DÍNAMO que la actitud de la cartera y el Gobierno es “inconsistente”, principalmente porque durante la tramitación del proyecto no se la ha puesto ningún tipo de urgencia.
El legislador destacó que “no es primera vez” que incurren en este tipo de contradicciones, ya que, cuando revelaron que más de 437 mil personas postularon al Bono Clase Media, dentro de ellos 37 mil empleados públicos, se negaron a entregar mayores antecedentes.
“Hicieron una gran circulación de la información, pero cuando les pedimos -en la oposición- que analizaran el conjunto de los funcionarios públicos, que explicaran de qué área o actividades del Estado venían y de qué regiones, no estuvieron dispuestos a hacerlo. No se ve mucha consistencia”, agregó.
En tanto, respecto al proyecto de protección de datos personales que duerme en el Senado, dijo que “he revisado en términos globales la iniciativa y estoy de acuerdo en que continúe su tramitación”.
