Arraigo nacional para los constructores del edificio Alto Río

Los imputados por el desplome del colapsado edificio Alto Río, donde el 27 de febrero del año pasado murieron 8 personas, quedaron con arraigo nacional. A las 10:30 empezó la audiencia de formalización a las 8 personas encargadas de la construcción: Juan Ignacio Ortigosa, Ricardo Baeza y Felipe Parra, socios de la inmobiliaria Río Huequén y de la constructora Socovil.

Por:  Francisco Valenzuela Huerta

Los imputados por el desplome del colapsado edificio Alto Río, donde el 27 de febrero del año pasado murieron 8 personas, quedaron con arraigo nacional. A las 10:30 empezó la audiencia de formalización a las 8 personas encargadas de la construcción: Juan Ignacio Ortigosa, Ricardo Baeza y Felipe Parra, socios de la inmobiliaria Río Huequén y de la constructora Socovil. Además de René Petinelli, ingeniero estructural de la obra, Pedro Ortigosa de Pablo, que hizo el estudio de suelo, y  José Luis Paredes y Héctor Torres, estos últimos jefes de obra. Mario Valeria se ausentó de esta formalización por encontrarse con licencia médica.

Tras las casi 4 horas que se extendió la sesión, el abogado Renato Fuentealba, representante de algunos de los vecinos del edificio,, adelantó a El Dínamo que a pesar de lo que dictó el tribunal, esto no evita que en el futuro puedan requerir la prisión preventiva de los acusados.”Desistimos por el momento, sin perjuicio de que podamos solicitarlo después, ya que dependerá de los avances en la investigación o si es que hay algún incumplimiento de las medidas preventivas dictadas por el tribunal”, afirmó Fuentealba. El tribunal dictó que la investigación de este caso durará 4 meses.

En la audiencia se estableció la prohibición de decretar actos y contratos para que los imputados no puedan vender bienes inmuebles y vehículos. Además, los querellantes solicitaron a lo menos 300 millones de pesos por cada uno de los fallecidos y 200 millones por cada uno de quienes sufrieron lesiones graves. “Nosotros solicitamos la medida cautelar hasta por un monto de 2 mil 900 millones de pesos“, especifica Fuentealba.

El informe pericial del edificio, elaborado por el IDIEM de la Universidad de Chile, declara que el edificio no se cayó por el terremoto. La parte querellante establece que las razones de la caída del edificio fueron errores en la construcción y malas políticas interpuestas por la constructora. También el fiscal Julio Contardo acusó a los imputados de actuar de forma negligente, ya que no habrían consultado un tercer estudio para determinar el tipo de suelo.

Fuentealba, además, agregó que “Juan Ignacio Ortigosa sigue construyendo. Por el momento no hay ninguna imposibilidad de que continúe”, ya que según lo que expusieron en marzo del 2010 se habrían creado dos sociedades para, según se sospecha, evitar la responsabilidad civil. Esto último fue negado por Ortigoza y Baeza a través de un comunicado. Las sociedades Liucura Ltda., creada el 6 de marzo del año pasado, reemplazaría a la Inmobiliaria Socovil, y Monteverde Ltda., creada el mismo día, correspondería a Río Huequén.

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