Cámara aprobó proyecto que prohíbe cortes o suspensión de servicios básicos

La iniciativa pasó al Senado pero el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, afirmó que hará reserva de constitucionalidad.

Cámara aprobó proyecto que prohíbe cortes o suspensión de servicios básicos
Cámara aprobó proyecto que prohíbe cortes o suspensión de servicios básicos

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que prohíbe el corte o suspensión del suministro de servicios básicos mientras se extienda el estado de catástrofe por la crisis del coronavirus (COVID-19).

La iniciativa establece que, decretado por el Gobierno el estado de catástrofe por la pandemia del COVID-19 y durante la totalidad de su vigencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales.

Esta prohibición tendrá efecto en todo el territorio nacional y es por razones de salud pública, indica el proyecto.

Se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios, aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.

Además, la normativa establece que las compañías de telecomunicaciones deberán poner a disposición de sus usuarios activos de servicios de telefonía móvil y de internet fija y móvil, un plan de conectividad solidario, sin costo y por 60 días, el cual se solicitará a través de las plataformas de atención al usuario a todo cliente que lo requiera, asegurando la conectividad para fines educacionales y laborales.

Asimismo, las deudas de los usuarios que califiquen conforme a los requisitos que dispone la norma se prorrotearán en las cuentas de los 12 meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses.

Pese a que la iniciativa fue despachada al Senado, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, afirmó que hará reserva de constitucionalidad, ya que la propuesta sería inadmisible al contar con gasto fiscal.

Jobet señaló que la normativa “afecta la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad”, junto con afectar “el derecho a desarrollar actividades económicas”.

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